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El Consejo Fiscal avala el objetivo del Gobierno: que desaparezca el aborto libre a petición de las mujeres

ACAI denuncia que los fiscales “faltan a la verdad” al afirmar que en Europa predominan las leyes de supuestos y “ahondan en el estigma” contra los y las profesionales que realizan las interrupciones del embarazo en nuestro país

Madrid, 02 jun. 14. AmecoPress. El Consejo Fiscal, órgano consultivo del Fiscal General del Estado en el que figura la cúpula del Ministerio Público, avala en términos generales la reforma de la Ley del Aborto de Gallardón, según el borrador al que han accedido la Cadena Ser y El País.
El texto, firmado por el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, afirma que esta reforma es «notablemente más restrictiva» que la primera ley de 1985 y apoya entre otros puntos la supresión del sistema de plazos al negar que el aborto sea un derecho de las mujeres.

El único punto donde al parecer cuestiona la postura del Gobierno es el que habla de la intervención de un juez cuando una chica de 16 o 17 años quiera abortar en contra de la opinión de sus padres. En este sentido, el Consejo Fiscal cree que se debe respetar la decisión que haya tomado la menor.
La opinión del Consejo Fiscal es un nuevo varapalo para las mujeres y para todas las personas y organizaciones que defienden la libertad de opción.
Para la Asociación de Clínicas Acreditadas para la IVE, ACAI, el Consejo Fiscal ha “sabido cumplir” con las expectativas del Gobierno al avalar un informe que niega el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo por voluntad propia. El Gobierno ha conseguido de esta forma el respaldo de un órgano cuyos integrantes han de seguir las premisas de su Presidente, el Fiscal General del Estado, nombrado por el Ejecutivo.
En este sentido, y para revestir de legitimidad la “ideología conservadora” de su argumentario, los fiscales no dudan en “faltar a la verdad” argumentando que las leyes de supuestos son mayoritarias en el contexto europeo, cuando la realidad es bien distinta: la mayor parte de los países de nuestro entorno tienen leyes de plazos similares a la española, como es el caso de Alemania, Francia, Holanda e Italia.
Ataque a las y los profesionales
ACAI expone que, en la línea marcada por el Ejecutivo, el informe del Consejo Fiscal “ahonda en el estigma” contra los y las profesionales que realizan las interrupciones del embarazo en nuestro país. El Consejo Fiscal solicita que los informes preceptivos sean realizados exclusivamente en instancias sanitarias públicas, sosteniendo una “velada acusación de parcialidad y falta de rigor profesional contra un colectivo que ha facilitado el acceso a esta prestación sanitaria a miles de mujeres en nuestro país durante más de 30 años”.
Para las personas profesionales de ACAI el objetivo del Gobierno “emula la tendencia norteamericana”, país en el que sistemáticamente “se desacredita y estigmatiza al colectivo médico que realiza abortos”. De este modo, las dificultades que sufren estos y estas profesionales para realizar su trabajo, unido al estigma que se deja caer sobre ellos y ellas, hará que cada vez sean menos los médicos y médicas y personal sanitario dispuestas a realizar esta práctica sanitaria.
Por todo ello, ACAI pide a la sociedad civil y a las miles de mujeres que confían en estos y estas profesionales, el apoyo y respaldo a su labor. “Impedir el ejercicio de su profesión a este colectivo es impedir el acceso al aborto provocado a más de cien mil mujeres en España”, asegura.
No debemos olvidar que la estrategia de los populares no solo pasa por aprobar una de las leyes más restrictivas del contexto europeo, una ley que poco o nada tiene que ver con la ley de 1985, sino que además se busca establecer un periplo médico, vital y administrativo que disuada a la mujer, un camino orientado a dilatar el proceso, a impedirlo. “Atacar a los y las profesionales que realizan los abortos, impedirles ejercer su profesión, redunda en esta idea”, afirman desde ACAI.
Pese a que el Ejecutivo busca el amparo de los órganos afines, el Consejo Fiscal se ha visto obligado ante la fuerte controversia social y política suscitada, a pedir al Gobierno que reflexione sobre el aborto por patología fetal, y a solicitar que el anteproyecto no obligue a las menores a someter su decisión a un proceso judicial. Todo ello, según ACAI, “nos permite entrever que el aval de los fiscales es un respaldo forzado y dictado por el Ministerio de Justicia en contra de la legislación europea mayoritaria y en contra del aval internacional generalizado a las leyes de plazos”.
Por último, ACAI quiere recordar a los fiscales la obligación de respaldar con sus reflexiones la realidad de la ciudadanía española. Por lo que piden al Consejo Fiscal que “no sea cómplice de una legislación que impedirá a más de 100.000 mujeres abortar en nuestro país, abocándolas al éxodo abortivo o a la clandestinidad”.
Foto: Archivo AmecoPress