Francisca García :“El PP va a condenar a las menores a abortar en la clandestinidad”

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Martes, 14 de abril de 2015

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Presidenta de ACAI

Francisca García :“El PP va a condenar a las menores a abortar en la clandestinidad”

ACAI cree que la realidad no justifica la reforma de la ley del aborto que propone el PP porque han descendido entre las menores y porque el 90% informa a sus progenitores

Una entrevista de I. Alonso – Martes, 14 de Abril de 2015 – Actualizado a las 06:02h
Bilbao – La presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), Francisca García, considera que la reforma de la ley del aborto propuesta por el PP responde al “temor a perder votos” en las próximas elecciones. García considera “ambigua” la maniobra de última hora, rectificada 24 horas después, del Grupo Popular en el Congreso de enmendar la reforma de la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo para dejar claro que “el aborto no es un derecho”. Explica que la ley actual, del año 2010, no define el aborto como un derecho, sino que reconoce el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad y optar por interrumpir su embarazo o continuar con la gestación, mientras que el Gobierno y la sanidad pública deben garantizar que puede llevar a cabo ambas opciones en las mejores condiciones sanitarias. “No hay datos de la realidad que obliguen a ningún cambio legislativo” en la ley del aborto, según García, quien señala que lo único que le preocupa al PP es el temor a perder votos y las encuestas electorales que revelan que los sectores más conservadores se están planteando votar a otras opciones, como Ciudadanos. La presidenta de ACAI subraya que la realidad demuestra que las mujeres cada vez abortan menos, también las menores de 16 y 17 años, que en su mayoría interrumpen sus embarazos con el consentimiento de sus padres.
El Congreso debate hoy la reforma de la ley del aborto que obliga a las menores de edad a tener el consentimiento paterno. ¿Qué opina de la medida impulsada por el PP?

-La reforma no se corresponde con ninguna necesidad ya que, hoy en día, las mujeres de 16 y 17 años están obligadas por ley a informar a sus progenitores o tutores. Así lo hacen nueve de cada diez menores y la que no informa no es porque no quiere, sino porque no puede. El Partido Popular justifica la reforma para proteger a las mujeres, pero lo que va a hacer es todo lo contrario.

¿Es necesario el cambio?

-No. Y es que la ley vigente permite que las menores no informen únicamente en caso de conflicto grave, en el caso de menores que por su situación personal de desamparo familiar, violencia o abandono no pueden o no se atreven a informar. Según los datos de ACAI, se trata de jóvenes inmigrantes solas en este país que ya están emancipadas, de hecho, porque han sido abandonadas por sus padres o chicas que piensan que si se lo dicen a sus padres van a ser víctimas de violencia. La revisión que propone el PP es obligar a una menor a tener el consentimiento de unos padres con los que no puede contar y difícilmente va a acudir a un juzgado para que el juez le dé permiso, por lo que van a recurrir a la clandestinidad.

Si la clandestinidad es la única salida, en vez de proteger, el PP va a exponer a mayores riesgos al colectivo más vulnerable.

-La experiencia de abortar en la clandestinidad pone en riesgo la salud de las menores. En aquellos países en los que el aborto es ilegal y se recurre a la clandestinidad, la mujer sufre más complicaciones a nivel sanitario y legal. Las intervenciones clandestinas cuadruplican el riesgo de sufrir una complicación sanitaria, incluso provocan que las mujeres se jueguen la vida.

¿Entonces, qué persigue el PP?

-Creemos que es una medida electoralista para satisfacer a los sectores más conservadores que forman parte de su electorado, porque no hay problemas entre menores que abortan. En febrero retiraron la reforma global de la ley de plazos, pero de alguna manera quieren contentar a esa parte del electorado que está insatisfecha con la retirada de la ley de supuestos que impulsaba el exministro Ruiz Gallardón. Y aun así, no lo van a aceptar.

En este país las relaciones sexuales consentidas a los 13 años son legales. Es decir, se considera que a esa edad una menor es lo suficientemente adulta para disponer libremente de su cuerpo. ¿La restricción del PP no encierra cierta hipocresía?

-Absolutamente. Pero no solo porque las relaciones sexuales se puedan tener a los 13 años, con el consiguiente riesgo de quedarse embarazada. El PP cree que una niña a los 13 años puede decidir ser madre sin el consentimiento de nadie, pero no puede decidir no serlo sin la tutela paterna. Esta manera de pensar es contradictoria porque según Ley de Autonomía del Paciente, una menor puede decidir sobre su salud, como sobre una operación a corazón abierto o sobre usar quimioterapia, excepto sobre ensayos clínicos y reproducción asistida. Quieren rascar algunos votos con la salud de las mujeres.

El PP decía que con la ‘ley Aído’ se iban a disparar los abortos y que pretendían ponerle coto.

-Lo que el Partido Popular está haciendo no tiene sentido si no es desde el punto de vista electoralista y por imponer una moral particular a toda la ciudadanía, cuando somos una sociedad plural y democrática. La realidad no justifica que se cambie la ley porque ha disminuido el número de abortos entre menores, porque nueve de cada diez llegan a las clínicas acompañadas por sus padres y la que no lo hace es porque no puede. Se ha demostrado que la única manera de disminuir los embarazos no deseados y, por tanto, los abortos, son las medidas preventivas, como la educación sexual o las medidas anticonceptivas. Con medidas represivas no se va a impedir nunca que una mujer aborte si lo desea. Lo que va a suceder es que lo hará en malas condiciones sanitarias.

¿Hoy en día la educación sexual en las escuelas es suficiente?

-Con la LOE, la educación sexual debía de ser una materia trasversal, pero la ley Wert no la contempla como tal. Todo lo contrario. Lo poco que había de educación sexual en Educación para la Ciudadanía se ha retirado para imponer la asignatura de Religión como obligatoria evaluable que contará para la nota media, con lo cual, la reforma educativa del Gobierno de Mariano Rajoy no ha ido en el sentido de favorecer la educación sexual en los colegios.

Y el PP también ha recortado en anticoncepción.

-La ley de 2010, además de regular el aborto, recoge una serie de medidas preventivas para evitar lo que verdaderamente es importante, el embarazo no deseado. Sin embargo, muchas de esas medidas no se han llevado a la práctica. La ley dice que se debe de garantizar el acceso universal a la anticoncepción. Y cuando el PP ha llegado al Gobierno ha retirado a casi un millón de personas de la Seguridad Social y ha reducido el número de anticonceptivos orales disponibles en el sistema público.

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