Tras conocerse el Proyecto de Ley que regulará, entre otras cosas, la práctica sanitaria de aborto provocado, ACAI valora que no se han desarrollado las bases para que la Sanidad Pública asuma directamente la prestación sanitaria de IVE

La mayoría de los supuestos avances contemplados en el proyecto de ley en materia de IVE ya están presentes en la actual legislación. Bastaría por tanto con cumplir la legislación vigente para solucionar la mayoría de las dificultades señaladas.

La Ley no garantiza que el aborto se realice en centros en los que se pueda asegurar la libertad de elección de la mujer. Algo que solo se puede conseguir si todas las técnicas de IVE se ofrecen en el mismo espacio por profesionales formados/as en todos los métodos.

Madrid, 12 de mayo de 2022. Los/as profesionales de los centros acreditados realizan las siguientes consideraciones en relación al Proyecto de Ley.

• La Ley actual ya contempla en su articulado que se primen los centros públicos frente a los centros concertados (Disposición adicional quinta), sin embargo, dicha disposición no se ha cumplido, entre otras razones porque la Sanidad Pública no ha hecho un trabajo previo que asegure el relevo: no se han creado unidades multidisciplinares integradas por profesionales comprometidos/as con la situación de la mujer, ni formados/as en todos los métodos, capaces de garantizar la seguridad sanitaria, la libertad de elección, la intimidad y el acompañamiento.

Cosa bien distinta es que con esta nueva Ley se esté impulsando, en realidad, una salida en falso que pasa por generalizar el método farmacológico en detrimento del instrumental en los centros públicos, con lo que se garantizaría la accesibilidad, pero evidentemente se perdería calidad y seguridad sanitaria, no pudiendo elegir la mujer el método más acorde con sus circunstancias médicas y personales. Si eso ocurre, sin duda estaríamos hablando de un retroceso, ya que las técnicas de IVE deben convivir en beneficio de la salud de la mujer, tal y como establece la OMS.

• ACAI ve reforzada la idea expuesta en el punto anterior, cuando el proyecto de Ley explícitamente manifiesta que: “los centros sanitarios en los que se lleva a cabo esta prestación proporcionarán el método quirúrgico y/o farmacológico, de acuerdo a los requisitos sanitarios de cada uno de los métodos”.

Con este texto se está abriendo la puerta a que los centros solo ofrezcan el aborto farmacológico que es el que menos formación profesional requiere al ser la mujer la que prácticamente por sí misma realiza la intervención y el que en mayor medida responde a los intereses profesionales y personales del personal médico y sanitario, ya que al distanciarse del proceso no se sienten afectados/as. Por el contrario, y como consecuencia directa, las mujeres irán progresivamente perdiendo libertades, entre ellas, la posibilidad de elegir el método instrumental, una técnica preferida por más del 70% de las usuarias.

• Una vez más observamos con perplejidad que se apueste por la regulación de la objeción de conciencia como el instrumento fundamental para “llevar a la Pública” la prestación de IVE sin tener en cuenta que esa objeción de conciencia no es de naturaleza eminentemente moral o ética sino profesional: hacer abortos no suma en mi trayectoria profesional porque no es una práctica normalizada ni desde las carreras de la salud ni desde la especialización. No considerar esa condición es cerrar los ojos a una realidad generalizada y desenfocar la solución.

• En cuanto a la decisión de elaborar una nueva ley que derogue la de 2010, para blindar el derecho al aborto y los plazos antes de lo que pueda resolver finalmente el Constitucional sobre el recurso del PP; ACAI considera que muy probablemente esta decisión no será efectiva, ya que nada nos hace pensar que el Partido Popular y la ultraderecha no vayan a impugnar la nueva norma. Por lo que, en todo caso, lo único que se conseguirá es un aplazamiento, una prórroga que alargará la incertidumbre y la inseguridad jurídica para mujeres y profesionales.

• ACAI valora positivamente que se devuelva a las mujeres de 16 y 17 años la libertad para decidir sobre su gestación, un cambio que viene a corregir una anomalía que abocaba, especialmente a las mujeres de esta edad en situación de desprotección, a situaciones de riesgo e inseguridad.

• Esta Asociación también considera oportuna la supresión de los tres días de reflexión y la obligatoriedad de la información previa que solo servían para alargar un proceso que debe ser corto en los tiempos, toda vez que las decisiones de las mujeres son maduras y meditadas.

• Si bien la Sanidad Universal no está asegurada en nuestro país, apoyamos que los derechos reconocidos en la Ley sean de aplicación a todas las personas que se encuentren en España con independencia de su nacionalidad y su condición legal de residencia.

• Consideramos positivo que se contemple un permiso retribuido tras la intervención. Si bien nuestra experiencia nos ha evidenciado que la mayoría de las mujeres por razones laborales, personales o motivadas por el deseo de mantener su privacidad quieren incorporarse de manera inmediata a su vida cotidiana.

• Por último, ACAI lamenta que pese a que este proyecto de ley no reconoce la labor de los/as profesionales que hasta el momento presente han garantizado la prestación de IVE a la mujeres en nuestro país con calidad, gratuidad e intimidad, pese a que este proyecto normativo explícitamente se pronuncie en contra de la estigmatización del personal médico y sanitario que realiza la IVE en nuestro país; se haya rechazado la experiencia de más de treinta y cinco años de los/as profesionales que garantizaron y siguen garantizando la prestación desde el año 1985, formados/as en todas las técnicas de IVE, que abogan por la convivencia de los métodos, que creen firmemente que la mujer tiene derecho no solo a interrumpir su gestación, sino a elegir la técnica, que acompañan a las mujeres y preservan su intimidad, frente a otras personas que muy probablemente no realizan abortos en el marco de su actividad profesional, cuyo conocimiento es teórico u orientado por intereses ajenos a las realidad de las mujeres.