El Gobierno impone restricciones al aborto

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El Gobierno impone restricciones al aborto

El cambio, dirigido a las mujeres de entre 16 y 18 años, deja desprotegidas a unas 400 menores a las que aboca a la clandestinidad

  Madrid, Jueves 19 de febrero de 2015, por Gloria López

 

Madrid, 18 febrero. 15. AmecoPress. El PP ha presentado hoy, 18 de febrero, una proposición de ley de dos artículos y tres disposiciones que “solo” afectará a las mujeres de entre 16 y 18 años, quienes serán obligadas a presentar permiso paterno o materno para ejercer su derecho a interrumpir su embarazo voluntariamente. La propuesta elude los informes, obvia el sentir de la mayor parte de la ciudadanía, pero tampoco consigue contentar al sector más conservador del partido.

El Gobierno ha pretendido cambiar la actual legislación del aborto a lo largo de la legislatura y se ha encontrado con un profundo y extenso rechazo: asociaciones de mujeres, profesionales y la sociedad en general se movilizaron y forzaron la retirada de un proyecto de ley retrógrado, lo que provocó la dimisión de su mentor, Alberto Ruiz-Gallardon, como ministro de Justicia.

En ese momento, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció que modificaría el aspecto de las menores. Planteó el cambio de varios modos y recibió el jalón de orejas del Consejo de Estado por querer modificar una ley orgánica con una ordinaria. Ahora, usa la fórmula de la proposición de ley del PP, elude el trámite de informes técnicos y logra imponer la restricción a las menores.

La norma elimina el apartado 4 del artículo 13 de la ley del aborto y cambia la ley de autonomía del paciente para que sea obligatorio el permiso de los padres y madres. En caso de conflicto, según el portavoz del PP, Rafael Hernando, se aplicaría el Código Civil.

Para la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) el objetivo principal que dice perseguir el Partido Popular con la presentación de esta Ley, “proteger a las menores”, según se señala en la norma presentada esta mañana, es la primera circunstancia que se perderá con el cambio, ya que son las menores en desamparo, en riesgo social, procedentes de familias desestructuradas…las que gracias al amparo de la actual Ley consiguen interrumpir su gestación de manera legal y con seguridad médica. “No permitírselo las abocará a un aborto clandestino, poniendo en riesgo su integridad”.

Nueve de cada diez menores que abortan van acompañadas por sus padres, madres o personas tutoras

La ley hace de una excepción la norma. Estudios de ACAI confirman que el porcentaje de mujeres de 16 y 17 años que accedieron a una IVE es del 3,60 %; de ellas, tan solo un 12,38%, no pudieron informar a sus padres, madres o personas tutoras. Con respecto al total de mujeres que acceden a un aborto, este grupo tan solo representa un 0,44%. Casi el 90% de las menores informaron y fueron acompañadas por sus tutores o tutoras a interrumpir su gestación.

ACAI sostiene que haciendo una “generalización simplista” de la situación de las mujeres jóvenes españolas, el PP presupone, tal y como dice su norma, que entre las facultades del ejercicio de la patria potestad con respecto a las menores está el de “velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral”. “Sin advertir que algunas menores no disfrutan de esas circunstancias, es decir menores en dificultad, sin ese amparo familiar, mujeres que también existen y a las que también hay que darles una opción acorde a sus circunstancias vitales”, explican las profesionales.

El Gobierno además “falta a la verdad” cuando afirma que “la Ley de 2010 impide a los progenitores y tutores cumplir con la obligación recogida en el Código Civil, privando a las menores de la protección…de poder contar…con la asistencia de quienes ejercen su patria potestad”, ya que hace de la excepción -casi el 90% de las menores vienen acompañadas de sus progenitores- una generalidad.

La Ley del 2010 no solo no impide a las menores comunicar a sus padres, madres o tutoras la situación, sino que exige que estas personas sean informadas, salvo en casos muy concretos y particulares en los que: “la menor alegue fundadamente…conflicto grave, manifestando en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo”. Como certifica la experiencia de ACAI, “son los casos que habitualmente vemos y tratamos en los centros”.

Por tanto “el PP viene a proteger a unas menores, las que pueden y comunican a sus padres la situación, que ya están protegidas y viene a poner en riesgo y a ahondar en su desprotección, a las menores que la Ley actual ampara”.

El hecho de que esta proposición de Ley reconozca veladamente la posibilidad de “cualquier tipo de conflicto” y que para su resolución apunte a lo previsto para tales casos en el Código Civil, deja clara la intención de “condenar” a las menores en situación de riesgo a una suerte de periplo jurídico, legal y médico que por nuestra experiencia las menores en dificultades no abordarán, recurriendo por el contrario a soluciones clandestinas.

Y aún quieren más

Recordemos que la ley de plazos de 2010 está pendiente de que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso presentado por el PP cuando estaba en la oposición. En declaraciones a la COPE, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha asegurado que “Esta ley genera un debate muy intenso desde el punto de vista social, porque con la ley Zapatero se planteó que había roto un consenso constitucional y se planteó volver a la doctrina del Constitucional y eso encalló porque las posibilidades de encuentro eran muy difíciles. El debate sigue abierto, hay una sentencia pendiente y hasta que no se corrija ese papel del Constitucional este debate no estará resuelto”. Y ha reconocido que la reforma “será insuficiente”.

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