Por fin el Gobierno confirma la retirada del anteproyecto contra la actual ley de aborto.

POR FIN EL GOBIERNO CONFIRMA LA RETIRADA DEL ANTEPROYECTO CONTRA LA ACTUAL LEY DEL ABORTO

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Desde que el Consejo de Ministros aprobara, el pasado 20 de diciembre de 2013, el anteproyecto de la nueva Ley del aborto: “Ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada”, se han sucedido una cascada de protestas y manifestaciones ciudadanas para frenar una iniciativa que supone un atentado contra los derechos, la autonomía y la libertad de las mujeres. Desde que el PP anunciara su intención de reformar la Ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva en su programa electoral hasta la aprobación del Anteproyecto que nos ocupa, la reacción ciudadana y el debate público en contra de tales medidas, ha desbordado todos los pronósticos. En este sentido, uno de los movimientos más relevantes fue el llamado “tren de la libertad”, a la que se sumaron numerosas organizaciones, partidos políticos y sindicatos y que dio lugar a la denominada “Marea Violeta” que extendió por todo el país la necesidad de dinamizar y movilizar a la ciudadanía en defensa de derechos que creíamos ya adquiridos –cuánta ingenuidad—y tratar de frenar todas aquellas medidas actuales o futuras que supongan un retroceso en las condiciones sociales, económicas y personales de las mujeres.
Muchas han sido las iniciativas y movilizaciones a lo largo de todo el territorio nacional: manifiesto contra la reforma de la Ley del aborto de gran número de profesionales sanitarios, plataformas como “Nosotras decidimos”, alegatos y manifiestos de sindicatos, organizaciones, partidos políticos, y asociaciones feministas. De la mano de todos estos colectivos se han convocado manifestaciones y concentraciones ciudadanas, se han difundido multitud de artículos de prensa, comunicados de radio y televisión, escritos de protesta al Gobierno, etc.
Sin embargo, el curso de los acontecimientos cambia radicalmente cuando ayer el presidente del gobierno, después de muchos días de informaciones contradictorias, anuncia la retirada definitiva del proyecto de ley y a las pocas horas el ministro de Justicia anuncia su dimisión.
Esta es una victoria del movimiento feminista, de la sociedad civil española, de los profesionales sanitarios, de los sindicatos y de todas aquellas personas que hemos estado casi un año, manifestando nuestra repulsa a esta ley que hubiera sido dar un paso atrás de gigante en los derechos de las mujeres de este país.
Por esto el equipo al completo de Ginesur ( Málaga, Sevilla y Algeciras) lo estamos celebrando hoy.
La retirada de esta retrógrada ley (hasta en su título), pone a salvo el aborto seguro en España, garantizando la seguridad sanitaria de más de 100.000 mujeres, preservando su intimidad y confidencialidad. Al tiempo, que viene a sostener la seguridad jurídica de los/as profesionales.
Es más, creemos que si el gobierno quisiera hacer ahora un gesto de coherencia debería retirar el recurso interpuesto por el PP ante el Tribunal Constitucional, ya que la retirada del anteproyecto parece poner en evidencia que el gobierno cree en la constitucionalidad de la Ley del 2010.

Pero a los profesionales que llevamos atendiendo y acompañando a las mujeres cuando deciden interrumpir su embarazo, desde hace más de 25 años, como hacemos en GINESUR, nos preocupa que este gobierno haya anunciado también que pretende limitar el acceso de las mujeres de 16 y 17 años al aborto sin el consentimiento de sus padres, considerando que debe ser obligatorio el mismo. Sé que para muchas personas este tema es muy sensible, porque creen lo que las chicas a esa edad deben estar acompañadas por sus padres en un momento crucial en su vida como es decidir y realizarse un aborto, y nosotros también. Pero la ley actual no deja “solas” a estas mujeres, prevé que los tutores las deben acompañar y firmar un documento en persona en el centro donde se practica, en el que constan que están informados de la decisión de sus hijas. De hecho voluntariamente más del 80 % de estas viene acompañadas por sus tutores y a en muchas ocasiones hasta por los de su pareja. Pero con la ley actual, el consentimiento para la intervención lo tiene que dar exclusivamente la mujer que se lo practica, a partir de los 16 años. Esto es así en todos los actos médicos a los que se somete una mujer de esa edad. Es decir para operarse de cualquier otra cosa (por ejemplo de corazón) solo debe dar el consentimiento la interesada y nadie “se rasga las vestiduras” por eso. Esto además “defiende” a las mujeres de 16 y 17 años de que un padre o una madre, pueda imponerle tener un hijo sin desearlo. Es decir si una mujer de esa edad quiere interrumpir su embarazo y esto es contrario a la ideología de los padres, predominará la decisión de ella, aunque los padres deberán saberlo, no podrán impedirlo.
La ley actual solo permite no comunicárselo a sus padres o tutores, si existe una razón de peso. Y es un porcentaje muy pequeño de mujeres jóvenes que alega razones para no hacerlo y la gran mayoría de los casos, se trata de mujeres que enfrentan conflictos graves, violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o situaciones de desarraigo o desamparo. No todo el mundo vive en una familia en la que te escuchan, apoyan tus decisiones y te acompañan. Nos encontramos con casos de inmigrantes que bien aquí solas y sus padres están en su país de origen, de mujeres jóvenes que sus padres están en prisión, de mujeres que viven con otro familiar que no son sus tutores porque ellos las abandonaron o se despreocuparon de su educación, de mujeres en las que su vida está rodeada de violencia, de mujeres en las que sus padres por ideas fundamentalistas religiosas nunca permitirían un aborto….. Y es a estas chicas las que la ley de 2010, ha permitido durante estos años, ejercer su derecho, consciente y maduramente a enmendar un error, un embarazo no deseado.
Suprimir esta opción de la ley sería devolverlas a la desesperación y aumentar aún más el círculo de violencia, desarraigo o desamparo en el que están.
El único camino para reducir los embarazos no deseados es fomentar la educación sexual y las políticas en materia de salud sexual y reproductiva tan necesarias en nuestro país y que contempla claramente la actual ley de Salud Sexual y Reproductiva, que el gobierno del PP no sólo no ha desarrollado e implantado, sino que ha reducido algunas que ya existían.
Eva Rodríguez Armario

Vicepresidenta de ACAI. Directora Médica Clínica El Sur Sevilla

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