( 5-03-15)

AMNÍSTIA INTERNACIONAL.

8 de marzo, Día Internacional de la Mujer

España: Mayores para consentir una operación de vida o muerte, menores para decidir abortar

El pasado 18 de febrero, el Grupo Popular presentó una iniciativa legislativa cuyo objeto es exigir el consentimiento parental para las mujeres de 16 y 17 años que deseen acceder a un aborto legal, y el consentimiento expreso de sus representantes legales en el caso de mujeres con discapacidad. Para ello pretende reformar la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

La mayoría de edad sanitaria en España es de 16 años. A partir de esa edad cualquier persona puede decidir sobre una operación de vida o muerte, pero de aprobarse esta reforma, paradójicamente, las adolescentes no podrán acceder por sí mismas a un aborto legal y seguro. Según Amnistía Internacional, el establecer esta diferenciación, que no está basada en criterios médicos, puede constituir un elemento de discriminación para las menores de 16 y 17 años que quieran acceder a él.

De espalda a las recomendaciones internacionales
Esta proposición de ley es contraria a las recomendaciones a España del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas del año 2012, en las que se le insta a garantizar la plena aplicación de la Ley del Aborto de 2010, prestando especial atención a la situación de las adolescentes y mujeres migrantes.

Otros organismos de Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud, han recordado que exigir el consentimiento de los progenitores para las mujeres adolescentes merma la autonomía de la mujer y puede desalentar a la mujer de buscar servicios legales y sin riesgos. Este organismo recomienda que las políticas alienten, pero no exijan, el consentimiento de los padres, con el objetivo de proteger a las menores.

Otros organismos, como el Comité de Derechos del Niño, alienta que los Estados respeten estrictamente el derecho a la intimidad y la confidencialidad de las personas adolescentes, incluso en lo relativo al asesoramiento y las consultas sobre cuestiones de salud.

Por su parte, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Personas con Discapacidad, ha destacado que los Estados tienen la obligación de velar porque se efectúe la consulta apropiada directamente con la persona con discapacidad, y de no permitir que el consentimiento sea otorgado por personas que, en su nombre, sustituyan a las personas con discapacidad en la adopción de decisiones.

Este proyecto de ley aleja a España de la mayoría de países de la Unión Europea, y nos equipara a legislaciones como las de Bulgaria, Chipre, República Checa, Turquía, Georgia, Grecia, Macedonia o Hungría.

Medida injustificada e innecesaria
“La reforma de la ley es injustificada, y su resultado más probable es un aumento del número de adolescentes que recurren a procedimientos inseguros, clandestinos e ilegales para abortar, poniendo en riesgo su salud, bienestar y hasta su vida”, ha señalado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Se trata, además, de una medida innecesaria, ya que según datos de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), más del 87% de las menores que abortaron entre enero y septiembre de 2014, lo hicieron acompañadas de sus padres.

Menores víctimas de violencia, especialmente vulnerables
Los datos sobre menores en situaciones de especial vulnerabilidad por haber sido víctimas de violencia de género deberían suscitar la reflexión del Gobierno:

• En 2013, un total de 499 mujeres menores de 18 años fueron víctimas de violencia de género y contaron con orden de protección o medidas cautelares. (INE 2013)

• A lo largo de 2014, se ha producido un incremento de solicitudes de órdenes de protección para menores de edad. Los Juzgados de Violencia sobre las mujeres han registrado un total de 772, pasando del 2 al 4% del total de las órdenes de protección a lo largo del año. Por su parte, los juzgados de guardia han registrado un total de 63 órdenes de protección a menores, con una evolución del 1 al 2% anual del total de las órdenes. (Consejo General del Poder Judicial, 2015).

• En los últimos años ha aumentado la violencia contra los hijos e hijas, según la Memoria de la Fiscalía de 2014.

• En el tramo de 12 a 17 años, el tipo de maltrato intrafamiliar que más se reitera es también el abuso sexual. (Observatorio de la Infancia 2011).

• El 4,25% de los menores de 8 a 17 años fueron maltratados en el ámbito familiar durante 2006 (última investigación disponible). El 4,54% de las niñas y el 3,94% de los niños. (Observatorio de la Infancia 2011).

“Exigir el consentimiento de los progenitores en estos casos coloca a las adolescentes que pudieran estar siendo víctimas de violencia en una situación de mayor vulnerabilidad, y las aboca a abortos clandestinos que pongan en riesgo incluso su vida” ha manifestado Esteban Beltrán.

Amnistía Internacional lamenta que se haya puesto en marcha esta iniciativa sin evaluar el impacto que esta medida puede tener en los derechos humanos de las menores, especialmente en las que están en una situación de extrema vulnerabilidad. La organización también ve con preocupación la escasez de datos existentes sobre violencia sexual fuera del ámbito familiar.

La organización ha lanzado a través de su plataforma www.actuaconamnistia.org una petición al Gobierno y al Grupo Parlamentario Popular para que no lleven adelante dicha reforma legislativa. También pide al resto de grupos parlamentarios que la rechacen, y a todos ellos que atiendan y respeten las recomendaciones de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos de las mujeres y las niñas, y presten especial atención a las adolescentes en situaciones de especial vulnerabilidad.

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Categorías: Derechos sexuales y reproductivos, España, Menores, Mujeres, Unión Europea

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