Estigmatizar a la mujer y a los médicos

Colectivos pro derecho a decidir temen que el Constitucional tumbe la actual ley socialista del aborto

  • Alertan sobre la afinidad con el PP del presidente y el ponente del recurso ‘popular’

  • Denuncian la estigmatización y la incertidumbre que ha creado el proyecto de Gallardón

RAFAEL J. ÁLVAREZMadrid

Oficiosamente finiquitado el proyecto de ley del aborto que el Gobierno ha estado un año retrasando, los colectivos que defienden el derecho de la mujer a decidir sobre su embarazo temen ahora que sea el Tribunal Constitucional el que termine cercenando la vigente legislación socialista al avalar el recurso presentado por el PP.

“No esperamos del Constitucional ninguna declaración en contra, pero no olvidamos que su presidente y algunos de sus miembros no han sido elegidos por su trayectoria profesional, sino por su adscripción ideológica y partidaria. Las palabras del ministro Wert refiriéndose al recurso son toda una amenaza”. Habla María Ángeles Jaime de Pablo, vicepresidenta de la asociación de Mujeres Juristas Themis, que, junto a un puñado de asociaciones, clínicas y sindicatos ha levantado hoy la voz contra la “incertidumbre” y el “estigma” que el proyecto de Gallardón está provocando en las mujeres y los profesionales que abordan una interrupción voluntaria del embarazo.

Reunidas en torno al movimiento Decidir nos hace Libres, más de 300 organizaciones han informado hoy de las movilizaciones nacionales e internacionales del 28 de septiembre, Día de Acción Global, por un aborto legal y seguro, y han colocado el foco sobre la oscuridad oficial del Ejecutivo de Rajoy. “Pedimos que el Gobierno anuncie que retira el proyecto. Primero quiso dar gusto a su electorado más conservador y ahora tiene un interés electoral para retirarlo porque ve que no le es rentable. No se puede jugar con los derechos”, mantiene tajantemente Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres. ¿Y qué precio político debera tener eso? “Gallardón es el responsable del fracaso y de la estigmatización. El PP recogerá los frutos de esta falta de respeto a los derechos de las mujeres”.

Doctrina del Constitucional

Tanto Soleto como De Pablo sostienen que la doctrina constitucional “no aboca a derogar la ley de plazos de 2010”, pero las dos activan algunas señales de alarma: “El ponente para analizar el recurso será Ollero, un juez de clarísima posición ideológica. Hay un claro riesgo”.

Mientras, las mujeres que reciben la noticia de su embarazo y deciden interrumpirlo han cambiado de preguntas. La ginecóloga y experta en diagnóstico prenatal Pilar Martínez Ten y la vicepresidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, Eva Rodríguez, coinciden en contar que “desde el 23 de diciembre del año pasado (día en que el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Justicia), vemos en la consulta que las mujeres retrasan su decisión, viajan al extranjero a abortar y nos preguntan si lo que van a hacer es legal, creen que en España ha cambiado la legislación y no saben si la interrupción vuelve a ser un delito. Llevan un año confundiendo a las mujeres”.

Estigmatizar a la mujer y a los médicos

Rodríguez cree que la estrategia antiabortista consiste no sólo en estigmatizar a la mujer que lo decide, sino a los profesionales que lo practican. “Así, si no hay médicos, no habrá aborto seguro en España”. “Nos estamos enfrentando a una presunción de culpabilidad, tenemos que demostrar nuestra inocencia. Se presenta a la mujer como un ser infantilizado y a nosotros como a quienes decidimos por ella. Y hay que decir que los médicos no inducimos a las mujeres, son ellas las que toman la decisión”.

Eva Rodríguez, que trabaja en la clínica Sur de Sevilla, habla de la profesión médica y del aborto: “Hacer abortos no suma en la carrera profesional, sino que resta. Por eso somos tan pocos, apenas un centenar en España. Tenemos más de 50 años y no hay relevo generacional. Somos una especie en extinción y el Gobierno lo sabe”.

Los colectivos también denuncian el incremento del “acoso, la intimidación y las amenazas” de los “mal llamados grupos pro vida“, que se apostan a las puertas de las clínicas e impiden el acceso a las mismas de las mujeres que acuden.

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