30 mar 2009

Artículo de Santiago Barambio: ‘Por qué otra ley’

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La despenalización evita miles de muertes de mujeres
Fuente: http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20090330/articulo-santiago-barambio-por-que-otra-ley/print-228560.shtml

El aborto provocado ha sido un método muy utilizado por las mujeres en caso de un embarazo no deseado. Según Galeotti en Historia del aborto (Nueva Visión, 2004), durante mucho tiempo el feto era como una parte de la mujer, una extensión de ella, sin valor especial. Es la doctrina cristiana la que empieza a comparar el aborto provocado con un homicidio. En los siglos XVII y XVIII el feto adquiere entidad gracias a los descubrimientos científicos y después de 1789 es de interés público. Tras la Revolución Francesa, el Estado decide darle privilegios, en tanto que futuro ciudadano, con respecto a la madre, que será castigada si aborta.

Con la prohibición legal del aborto provocado se recurría y se recurre a él en condiciones sanitarias nulas, suponiendo la muerte de muchas mujeres, principalmente por hemorragia e infección, y la presencia de secuelas, como la pérdida de capacidad reproductiva. En el Caribe y Cono Sur, pese a una buena sanidad, mueren más de 10.000 mujeres cada año. En toda Latinoamérica son hospitalizadas 800.000 y hay 4.000.000 de abortos al año (Alan Guttmacher Institute). Argentina es la principal causa de muerte materna (Organización Mundial de la Salud). En cambio donde es legal, la mortalidad es irrelevante, uno de cada 100.000 casos. Vista la situación de necesidad y riesgo para la vida y salud de las mujeres, países como España, Uruguay y Rusia, en los años 30 del siglo XX, ya legalizaron el aborto provocado. Y luego, salvo en Rusia, volvió a prohibirse por influencia religiosa.

En los años 70, las organizaciones feministas iniciaron la presión social y jurídica, amparándose en los nuevos derechos promovidos por diferentes conferencias internacionales sobre los derechos de las personas (ONU). Las mujeres, incorporadas a la vida laboral, quieren acceder a la formación personal y la independencia económica, y desean planificar sus embarazos, que dejan de ser el centro de su papel en la sociedad. A su vez, la medicina empieza a registrar las muertes y secuelas del aborto clandestino, lo que estimula a estas nuevas generaciones a exigir que el aborto no les comporte riesgos para su vida o salud, ni judiciales. Esta demandas influyeron en las políticas y la jurisprudencia, lo que desemboca en la despenalización y normalización paulatina del aborto, es decir, el privilegio de la mujer sobre el feto.

Los países, según sus características sociales y jurídicas y conceptos éticos, religiosos y morales, elaboran textos jurídicos para acceder al aborto provocado con leyes de dos tipos: las de indicaciones y las de plazos e indicaciones. En las de indicaciones, la mujer debe tener una razón para abortar, validada y documentada por terceros, quedando así despenalizado el aborto provocado. Las de plazos e indicaciones establecen que la sola voluntad de la mujer por escrito es suficiente para que un aborto provocado no se pueda considerar delito si es dentro de un plazo de semanas de gestación determinado, que no es igual en todos los países –por razones no siempre aclaradas–, y situado entre 10 y 24 semanas del embarazo; después, se puede abortar por indicaciones, con plazos o sin ellos y con diferentes condiciones.

España va a cambiar su ley actual de indicaciones, permisiva gracias a que el supuesto de “riesgo para la salud materna” no tiene límite de semanas –lo que le da gran accesibilidad, pero también baja seguridad jurídica para mujeres y profesionales, por su ambigüedad–, por una ley de plazos e indicaciones que aumente la seguridad jurídica. La discusión está en que la ley de plazos de 14 semanas de libre decisión y 22 semanas por riesgo para la salud materna y fetal que parece barajar el Gobierno para presentar al Congreso, es de corte medio, lo que resta accesibilidad, y nos sitúa al nivel de Francia o Alemania, donde miles de mujeres deben salir a abortar a otros países. Otras fuerzas políticas y colectivos como la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) proponen una ley de 24 semanas de libre decisión y sin límite para malformaciones fetales (como en Holanda), que evitaría que muchos miles de mujeres tuvieran que salir de España para abortar o hacerlo clandestinamente.

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