Cuando el aborto es problema menor

SOCIEDAD Informe de las clínicas de interrupción del embarazo

Cuando el aborto es problema menor

  • 9 de cada 10 adolescentes que interrumpen su embarazo lo hacen con permiso paterno

  • El resto aborta sin ese consentimiento por padres violentos o familias ausentes

RAFAEL J. ÁLVAREZMadrid

Una chica peruana que llegó sola a España a buscarse las lentejas que faltaban en su chamizo y se quedó embarazada en una noche de alcohol, una andaluza que tiene a sus padres en prisión y sobrevive como puede, una marroquí que llegó a la clínica con informes de la policía y del juzgado acreditando las palizas que le daban en casa, una adolescente española que malvive atemorizada por un padre maltratador de la madre y de la familia…

Ésta es la geografía de las menores de entre 16 y 18 años que pueden interrumpir legalmente su embarazo en España porque si dependieran del permiso de sus progenitores o tutores correrían peligro y probablemente no podrían hacerlo. Éste es el mapa mínimo de la excepción incluida en la ‘Ley Aído’ [sólo podrán abortar sin consentimiento paterno/maternal aquellas menores que tengan un conflicto familiar grave y lo puedan acreditar] que el Gobierno del PP quiere cambiar, un 0,44% de las mujeres y un 12,38% de las menores de 18 años que abortan. O escrito de otro modo: el 87,62% de las chicas entre 16 y 18 años aborta acompañada de sus padres o progenitores. O sea, nueve de cada 10.

Los datos son el fruto de un estudio de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai), los centros privados que practican más del 90% de los abortos en España, sobre 25.394 mujeres que interrumpieron su gestación en 22 centros, entre enero y septiembre de este año.

Las cifras de estas clínicas revelan que de esas más de 25.000 mujeres, 913 tenían entre 16 y 18 años, es decir, un 3,6%, lo que demuestra que en el universo del aborto las menores son una minoría absoluta. Y de esas más de 25.000, abortaron sin permiso de sus padres o tutores 113, menos del 1% del total y algo más del 12% de todas las menores que interrumpieron su embarazo, lo que demuestra que las chicas que cortan su gestación sin los padres de por medio son más minoría aún.

Hablamos, en función de los motivos que recoge el informe de Acai, de situaciones de “desamparo familiar”, familias desestructuradas, progenitores en prisión, “riesgo de sufrir malos tratos”, extranjeras que viven en España sin sus padres, chicas cuyo padre o madre (o los dos) tienen una “enfermedad invalidante o con patología psiquiátrica incapacitante”, jóvenes que fueron abandonadas en la niñez y no cuentan con tutor o padres “abiertamente contrarios al aborto provocado” que genera en la menor “miedo patológico a la respuesta paterno/materna”.

El Gobierno ha anunciado que en su próxima Ley de Infancia anulará esta posibilidad para que todas las menores no sólo tengan que informar a sus padres o tutores legales, como indica la ley actual, sino que sean ellos los que decidan por las chicas y den su autorización al aborto o la nieguen.

“Cuando una menor se plantee la posibilidad de tener una experiencia tan traumática como un aborto debe contar con el consentimiento de sus padres”, dijo hace un par de semanas Rafael Catalá, el ministro de Justicia que sustituyó a Alberto Ruiz-Gallardón, dimitido precisamente porque su Gobierno cercenó su proyecto de ley del aborto. Aquel texto de Gallardón no sólo obligaba a las menores a someter su decisión a sus padres, sino que acababa con la regulación por plazos, legalizaba la cuestión sólo en dos supuestos y exigía a la mujer la presentación de un informe psiquiátrico que acreditara el daño que el embarazo causaría en su salud mental.

Probablemente antes de que acabe 2014, el Gobierno modificará la Ley Aído con una muesca en el Plan de Infancia para que todas las menores que quieran abortar, sean cuales sean sus circunstancias, deban contar con el consentimiento de sus padres o tutores.

“Los datos demuestran que la propuesta del Gobierno es inconveniente, inútil e innecesaria. Condenará a las chicas a la clandestinidad, poniendo en riesgo su salud y las obligará a una maternidad forzosa en condiciones de marginación social”. Las comillas son de Francisca García, presidenta de Acai, que sostiene que el Gobierno “ideologiza la realidad haciendo mayoría una excepción”.

Tanta parece la rareza estadística que, al menos en el territorio Acai, hay comunidades autónomas donde no se ha producido ni un caso, como por ejemplo Asturias.

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