La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai) tachó este martes de “grave retroceso” la reforma de la ley del aborto que el ministro Gallardón pretende aprobar como anteproyecto a finales de octubre, y advirtió de que “retrotraerá a mujeres y profesionales a una situación de gran inseguridad jurídica”.
En declaraciones a Servimedia, su vicepresidenta, Francisca García, destacó que “si se vuelve a una ley de supuestos, esto significa que el aborto será de nuevo considerado un delito, por lo que habrá que demostrar” en cada caso que su práctica responde a las excepciones contempladas.
“Esto deja la carga de la prueba en manos de los profesionales y de las mujeres que lo realizan, que en cualquier momento podrán ser denunciados por terceras personas”, subrayó.
Además, García lamentó que “la interrupción del embarazo dejará de considerarse derecho”, lo que “en la práctica vendrá a significar que terceras personas decidirán sobre la maternidad de una mujer”.
Ello implica “un grave retroceso en sus derechos de salud sexual y reproductiva”, afirmó, y se corresponde con un contexto social, el de 1985, “que está ampliamente superado”.
En la actualidad, más del 50% de la población cree que son las mujeres quienes tienen que decidir, y además, España tiene una de las tasas de aborto más bajas de la UE (12,4 por cada mil mujeres entre 15 y 45 años), solo por detrás de países con leyes muy permisivas como Suiza y Holanda.
Esto significa que “no responde a una necesidad social, sino a intereses electorales ajenos al interés de la población».
Finalmente, García aseguró que “será muy difícil categorizar las patologías del feto (que permitirán o no el aborto), y recalcó que son las mujeres, y no otras entidades, “quienes saben si en función de su situación económica y personal pueden hacer frente a la enfermedad de su hijo”.

(SERVIMEDIA)