ACAI evidencia en sede judicial que Jorge Serrano, matrón del Servicio Murciano de Salud, difundió información no contrastada sobre clínicas IVE

Tras las acciones jurídicas emprendidas por las Clínicas Ginemur e Instituto Ginecológico de Murcia, ambas integradas en ACAI, Jorge Serrano Carrasco, matrón del Servicio Murciano de Salud, se ha visto obligado a reconocer en sede judicial que difundió en distintos medios de comunicación informaciones no contrastadas, no sostenidas por pruebas verosímiles ni amparadas por denuncia jurídica alguna, faltando con ello a la verdad. Esta circunstancia dará pie a una rectificación.

“Que en el artículo publicado en el nº60 de rectificación del publicado en el nº58 de la revista INFOMATRONAS hizo una serie de consideraciones relacionadas…en la que se ofrecía una información…sin contar con datos totalmente objetivos y susceptibles de valoración subjetiva. Dicho artículo ha dado pie al acto de conciliación en el Juzgado nº12 de Murcia y por el que procedo a retractarme del mismo”

 

EN EL ACTO DE CONCILIACIÓN, ANTESALA DE UNA QUERELLA SI NO SE PRODUCE LA RECTIFICACIÓN OPORTUNA, SE RECOGE SU COMPROMISO DE DESDECIRSE PÚBLICAMENTE EN EL PRIMER MEDIO DE COMUNICACIÓN, INFOMATRONAS, EN EL QUE SE PRONUNCIÓ CONTRA LAS CLÍNICAS DE IVE MURCIANAS.

Murcia, 20 de enero de 2022. A partir de la difusión en el citado medio de comunicación, en mayo de 2021, de unas opiniones supuestamente amparadas por testimonios de mujeres que según su percepción habrían recibido un trato deficiente en clínicas IVE de la región de Murcia y de Madrid; distintos medios de comunicación autonómicos y nacionales, así como, representantes políticos se hicieron eco de estos testimonios y de las valoraciones subjetivas de Serrano amplificando con ello su difusión.

Pese a los intentos de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, ACAI, y los representantes de los centros afectados por aclarar unos hechos que en ningún momento vinieron amparados por denuncias judiciales relativas a una mala praxis de sus profesionales; pese a abrir las puertas de sus centros a aquellos representantes públicos y medios de comunicación que quisieran visitar las instalaciones de las clínicas, pese a los cientos de testimonios positivos de mujeres atendidas en nuestros centros; estas valoraciones subjetivas han seguido siendo difundidas en distintos espacios públicos y medios de comunicación generando alarma social entre las mujeres que atendemos diariamente y descrédito profesional hacia los/as profesionales que durante más de 35 años han asegurado la prestación sanitaria de aborto provocado en nuestro país registrando una tasa de morbimortalidad cercana a cero.

Estas declaraciones que han dado lugar a una rectificación pronunciada en sede judicial y de la que esperamos se dé un traslado público justo, se sustentaban “presuntamente” en la opinión de algunas de las doce mujeres que, en palabras de Jorge Serrano, forman parte de una Plataforma promovida por el propio matrón (en Murcia abortan cada año más de tres mil mujeres).

Para las y los profesionales afectados por estos juicios de valor, esta rectificación supone un reconocimiento a la actividad profesional en el marco de la práctica sanitaria de aborto provocado y un resarcimiento hacia la injustificada persecución de la que estamos siendo objeto.

Llegados a este punto, y por el interés y la seguridad de las mujeres a las que atendemos diariamente, quisiéramos invitar a la reflexión sobre los siguientes aspectos:

  • Pedimos encarecidamente a los medios de comunicación que, en el ejercicio de su actividad como profesionales, contrasten con diversas fuentes las opiniones personales y valoraciones testimoniales que les son referidas en un esfuerzo por esclarecer la verdad de los supuestos hechos de los que les hacen partícipes.

 

  • Pedimos a los/as portavoces políticos que consideren la opinión de las/os profesionales de los centros acreditados antes de realizar pronunciamientos públicos no contrastados.

 

  • Los/as profesionales de los centros IVE jamás van a hacer públicas las historias clínicas de ninguna mujer atendida en sus centros sin su consentimiento, no solo por obligación legal que condiciona nuestra actividad, sino por nuestro compromiso ético y moral con las mujeres, a sabiendas de la desprotección que dicha posición nos genera frente a la difusión de testimonios personales subjetivos.

 

  • Tras las denuncias públicas, no judiciales, contra nuestros centros, la Consejería de Sanidad de Murcia ha llevado a cabo inspecciones exhaustivas de nuestras instalaciones, ha revisado nuestros protocolos de actuación, historias clínicas y ha entrevistado a nuestros/as profesionales médicos y personal sanitario al objeto de corroborar su capacidad profesional, habiendo considerado oportuno renovar las acreditaciones de nuestros centros de IVE. Centros que en contra de lo testimoniado son sometidos a inspecciones periódicas y han de pasar por un proceso de acreditación obligatorio.

 

  • La práctica totalidad de las denuncias públicas refieren a casos de mujeres que afectadas por una patología fetal deseaban realizar un parto inducido con resultado de muerte perinatal y no un aborto. Un deseo que nuestros centros no pueden garantizar, ya que nuestros/as profesionales realizan interrupciones de la gestación y no partos. Asimismo, nuestros centros son en su mayoría centros de cirugía menor y mayor ambulatoria y no centros hospitalarios y, por tanto, no están acreditados para atender sus peticiones. No obstante, la mayoría de las mujeres que atendemos desean interrumpir su gestación en base a técnicas de aborto, incluso las afectadas por patologías fetales. Sería importante considerarlo para no imponerles técnicas similares al parto que alargan el proceso y les generan un mayor impacto emocional.

 

  • Pese a ello, desde ACAI y desde la dirección médica de los centros afectados se han mantenido conversaciones, reuniones y contactos telefónicos con las representantes de las diversas asociaciones de duelo perinatal y directamente, en no pocas ocasiones, con las mujeres afectadas; al objeto de adaptar nuestras instalaciones y protocolos a sus necesidades, en el marco de un proceso de colaboración que rompieron unilateralmente las representantes de las mujeres afectadas.

 

  • Desde el más absoluto respeto hacia las mujeres afectadas que quieren afrontar su pérdida del modo descrito, tenemos que decir que esta campaña de desprestigio ha incidido en el estigma hacia las mujeres que abortan por voluntad propia, más del 90% de las mujeres de nuestro país. En este sentido, queremos solidarizarnos con ellas, ya que este proceso público ha vuelto a legitimar en el imaginario colectivo solo las interrupciones por causas médicas. Para nosotras/as todas las interrupciones son legítimas y voluntarias por más que algunas de ellas vengan motivadas por una patología fetal.

 

  • Las y los profesionales de los centros acreditados no son responsables de los desplazamientos que algunas mujeres tienen que realizar para poder acceder a la interrupción de su gestación, tampoco lo somos de la falta de formación profesional, incluida en la Ley actual gracias a la acción de ACAI, ni somos responsables de la objeción de conciencia profesional que ejercen los distintos profesionales del ámbito público.

 

  • Consideramos legítima la aspiración de llevar a los centros públicos de manera directa la prestación sanitaria de aborto provocado; sin embargo, dicha aspiración no debería sostenerse en el desprestigio intencionado de los centros acreditados para la IVE ni de sus profesionales como parte de la estrategia sostenida desde algunas instancias políticas.

 

  • Por último, queremos dar las gracias a todas aquellas mujeres anónimas, cuyos testimonios hemos ido difundiendo en nuestras redes sociales, por el apoyo y la solidaridad que nos han hecho llegar durante todo este tiempo. Para nosotras/os, ellas son el auténtico motor de nuestro trabajo.

 

Nota: Para precisar o ampliar estas valoraciones, pueden contactar con José Antonio Bosch, Asesor Jurídico de ACAI. Tfno.: 630 91 01 47.

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