22 abr 2013

Los grupos antiaborto llegaron a poner dos bombas incendiarias en mi propio centro

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SANTIAGO BARAMBIO, PRESIDENTE DE ACAI

“Los grupos antiaborto llegaron a poner dos bombas incendiarias en mi propio centro”

LUNES, 22 DE ABRIL DE 2013
ALBERTO SOTILLOS
Santiago Barambio, Presidente de la Asociación de las Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), responde las preguntas de Diario Progresista en un momento en que el sector se encuentra alertado por las intenciones del Gobierno de restringir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Barambio repasa los principales puntos de discrepancia y las acciones que las plataformas contra el derecho al aborto llevan a cabo en las puertas de las clínicas.

Diario Progresista.- Una vez más vuelve a ser debatida la forma y concepción legal de la Interrupción Voluntaria del Embarazo ¿Qué supone este debate para las mujeres que están en dicha situación?

Santiago Barambio.- La ley de SSR e IVE vino a reconocer por primera vez el derecho de cada mujer a decidir sobre su embarazo sin la intervención de una tercera persona (el profesional médico). La norma posibilitó que las menores de 16 y 17 años que no pudieran comunicar a sus padres la situación, pudieran interrumpir su embarazo sin el conocimiento de estos. Al tiempo, esta ley mantuvo la interrupción por salud materna y patología fetal hasta la semana 22, abriendo además la posibilidad de abortar a aquellas mujeres afectadas por una patología fetal muy grave o incompatible con la vida, más allá de ese plazo.

A tenor de lo que el Titular de Justicia va dando a conocer, es intención del Gobierno desmontar estos tres logros fundamentales de la norma. De una parte, impedir que las mujeres aborten por voluntad propia, retrocediendo así en este derecho básico que la Ley reconoció por primera vez y que nos deja fuera del contexto europeo. De otra parte, se intenta devolver la “decisión” de abortar a los tutores de unas menores que en la mayor parte de los casos no pueden obtener el consentimiento paterno/materno, bien por que provienen de familias desestructuradas, bien porque están solas en el país como inmigrantes, bien porque sus padres se oponen frontalmente al aborto…es decir, mujeres a las que, dada su situación, se les empujará muy probablemente a un aborto inseguro.

Por último, parece ser intención de Gallardón impedir que las más de 3000 mujeres que abortan en nuestro país por patología fetal puedan hacerlo, abocándolas a una suerte de turismo abortivo. Una situación especialmente dramática para estas mujeres, ya que normalmente se trata de mujeres que deseaban su embarazo inicialmente y que al dolor de sufrir una patología fetal que ha truncado su deseo, tienen ahora que sumar la culpabilidad e ilegalidad que el Ministro quiere imponer a su decisión.

dP.- Parece claro el interés del Gobierno por restringir el acceso a la interrupción del embarazo, ¿es fácil entonces abortar en estos momentos?

SB.- Tanto con la ley de 1985 como con la ley actual, la prestación sanitaria de aborto provocado ha sido facilitada por los/as profesionales de los centros acreditados privados que en el primer caso hicieron una interpretación generosa de una ley ambigua; y en el segundo están facilitando el recurso aún a costa de soportar económicamente la deuda que las distintas administraciones tienen contraídas con los centros, que de facto han pasado a ser centros públicos.

Para ACAI, tanto en una etapa como en otra lo fundamental ha sido siempre que la mujer pudiera decidir por sí misma. Ayudarla en su decisión conforme a la ley y facilitarle el recurso con garantías y seguridad; y honestamente y pese a la inseguridad jurídica que profesionales y mujeres hemos tenido que soportar en determinados momentos; creemos que se ha conseguido.

dP.- Hace pocos días vimos a Elena Valenciano denunciarlos acosos que los grupos contra el aborto hacen en las puertas de las clínicas abortistas, ¿cómo se convive con una presión así? ¿Qué supone para las mujeres que acuden a cualquier clínica?

SB.- Cualquier acción que coaccione la decisión de una mujer, o impida el libre ejercicio de la actividad médica de un/a profesional atenta contra la libertad de estas personas. Una libertad que además viene amparada por la legislación vigente. Por tanto, se convive mal con grupos que intentan imponer su moral y su ideología por encima de cualquier otro pensamiento. Sobre todo porque sus acciones no se limitan a ser intervenciones informativas, sino que son acciones coactivas, intimidatorias que en muchos casos derivan en violencia verbal e incluso física. De hecho, en mi propio centro estos grupos llegaron a poner dos bombas incendiarias que afortunadamente no causaron daños personales, pero cuyas consecuencias podrían haber sido muy graves.

dP.- Una de las estrategias habituales de estos grupos en contra del aborto es el de mostrar lo que –según ellos- sería el bebé que se pretende abortar, mostrando una figurita de plástico con piel y completamente formado, algo que chocaría con las fases conocidas de la evolución de un feto ¿hasta qué punto muestran una imagen real del feto con esas figuritas?

SB.- Todas las imágenes, materiales… que estos grupos utilizan en su lucha contra la interrupción voluntaria del embarazo, nada tienen que ver con la realidad. Resulta de una obviedad meridiana que todos estos instrumentos carecen del mínimo rigor médico y científico, pero es natural que así sea, porque si fueran acordes con la evolución de una gestación o con el resultado de un aborto; no conseguirían el impacto distorsionado que buscan en su “público” potencial.

dP.- Restringir el acceso de las mujeres que quieren abortar a las clínicas legales como las vuestras ¿frena a las mujeres a abortar o terminan abortando en clínicas ilegales, con el riesgo que ello conlleva tanto para las mujeres como para el feto?

SB.- Hoy por hoy, no existen restricciones para que una mujer aborte en nuestro país. Sin embargo, si el anteproyecto de Gallardón progresa en los términos que se han anunciado, más del 60% de las mujeres tendrían problemas para abortar, ya que según estudios de ACAI, el 62% de las mujeres que abortan lo hacen independientemente de sus circunstancias económicas, laborales o afectivas; y es más, lo seguirán haciendo tanto si su situación está o no contemplada en la ley, por lo que efectivamente recurrirán o a un aborto clandestino poniendo en riesgo su salud o su vida, o iniciarán una suerte de éxodo abortivo que creíamos superado en nuestro país.

El Ejecutivo debería recordar que la OMS advierte de manera constante y sistemática que una legislación restrictiva en materia de aborto no reduce los abortos, por el contrario aboca a las mujeres a someterse a abortos inseguros que ponen en riesgo su vida, porque una mujer que quiere abortar lo hará, tanto si la ampara como si no la ampara la ley.

dP.- Otro de los motivos que alegan quienes están en contra de la interrupción voluntaria del embarazo es el de asegurar que las mujeres que van a abortar lo hacen sin estar bien informadas de las posibilidades y lo que conlleva ¿Es así o están perfectamente informadas?

SB.- La legislación actual obliga a informar a las mujeres que desean interrumpir su embarazo, pero incluso al margen de la norma; todos los centros acreditados han informado siempre a la mujer de sus derechos, han abordado con ella su situación, han disuadido de interrumpir su embarazo a las que no estaban seguras de su decisión, o se sometían al aborto coaccionadas y han acompañado psicológicamente a las mujeres antes, durante y tras la intervención, si estas mujeres lo han necesitado y así lo han requerido.

dP.- ¿Notaron una diferencia en el número de abortos practicados antes y después de la implantación de la actual Ley de salud reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo?

SB.- Las leyes no aumentan o disminuyen los abortos, los visibilizan. Las fluctuaciones que se han producido en el número de abortos en nuestro país son completamente habituales. Fluctuaciones que se ven afectadas por el número de mujeres en edad reproductiva, los flujos migratorios de las mujeres inmigrantes, las circunstancias económicas que afectan tanto a los partos como a la tasa de aborto…Dicho esto, solo las políticas que promueven la educación sexual, la contracepción universal y la atención particularizada a los colectivos de inmigrantes, jóvenes…son capaces de disminuir el número de embarazos no deseados.

Y el ejemplo lo tenemos en Holanda, un país que con la ley más permisiva en materia de aborto provocado (permite la interrupción hasta la viabilidad fetal, fijada en la semana 24 de gestación) tiene una de las tasas de aborto más bajas de la Unión Europea, y ello es debido a sus políticas en materia de educación sexual y su acceso generalizado a los métodos anticonceptivos.

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