Menos abortos y más tempranos

MARÍA R. SAHUQUILLO – Madrid
El país.

El patrón de descenso en las intervenciones continúa en el primer año de la ley de plazos – Las mujeres adelantan a las primeras semanas el fin del embarazo

Menos abortos y cada vez más tempranos. La polémica ley de salud sexual y reproductiva cumple mañana un año, y uno de sus puntos básicos, el que permite abortar sin dar explicaciones hasta la semana 14 de gestación, ha calado en la sociedad. Las mujeres cada vez acuden antes a las clínicas. Muchas antes incluso de que se pueda realizar la intervención (a partir de la semana cinco). El balance del primer aniversario de la norma que consagra el derecho al aborto revela también que se mantiene la tendencia a la baja en el número de intervenciones, según las clínicas que las practican. Una percepción que comparte el Ministerio de Sanidad.

Las menores que alegan conflicto para abortar solas no son mayoría

La ley -que aún espera el dictamen del Tribunal Constitucional al recurso planteado por el PP- no ha logrado, sin embargo, atajar las desigualdades entre las comunidades autónomas. Las diferencias en la información que dan a las mujeres, los sistemas de concierto o la disponibilidad de acceso a la prestación financiada en la región de origen, muestran que sigue habiendo obstáculos.

Sí hay una pauta común que comparten casi todas las regiones: la tendencia a la baja en el número de abortos. En 2009, las interrupciones voluntarias del embarazo bajaron (un 3,7%) por primera vez desde que hay datos. Y el descenso ha seguido en 2010, según las cifras que manejan las clínicas privadas -que practican más del 90% de estas intervenciones-. “En Andalucía, por ejemplo, han descendido entre un 3% y un 5%, según la provincia”, apunta Francisca García, portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai), que agrupa a una treintena de centros.

Sanidad aún no tiene listo el informe sobre las intervenciones de 2010, pero las autonomías que ya disponen de datos ratifican ese descenso o, al menos, el estancamiento de esta práctica. En 2010, en la Comunidad Valenciana se realizaron unas 300 intervenciones menos que en 2009; y en Murcia (una de las regiones con mayor número de abortos) aumentaron un 1% tras una caída del 10%.

José Martínez Olmos, secretario general de Sanidad, no se aventura a hablar de porcentajes, pero sí afirma que el patrón de descenso se mantiene con la ley de plazos. “La venta sin receta de la píldora poscoital, los programas de prevención de embarazos y la llegada de nuevos anticonceptivos financiados está ayudando a reducir los embarazos indeseados”, analiza. García no comparte ese diagnóstico, y atribuye el descenso a la caída en la inmigración: los abortos de extranjeras han sido el 40% del total en los últimos años.

La radiografía de la aplicación de la nueva ley arroja otras realidades. Luisa Torres, trabajadora social de la Clínica Dator de Madrid, ha advertido que desde que la norma entró en vigor las mujeres toman la decisión antes. “Nunca han acudido tan pronto como ahora. Algunas llegan nada más confirmar que tienen un retraso”, asegura. El grueso de los abortos siempre se ha concentrado antes de la semana 12, pero ese tiempo ahora es menor, según Torres.

Ejemplo de ello es Marta G. Esta mujer de 36 años y embarazada de cinco semanas ha acudido a un centro privado de Madrid acompañada de una amiga. “Me he dado cuenta de que no puedo tener un hijo con mi pareja. Sería un gran error. Así que, para qué marear más la decisión”, explica.

Torres, que lleva más de 25 años atendiendo a mujeres, cree que estas acuden a las clínicas antes porque no hay conciencia de que más allá del plazo libre de las 14 semanas existe la opción de abortar bajo ciertos supuestos -como con la antigua ley-, entre los que se incluye el de riesgo para la salud mental de la madre (el más usado antes). “Las mujeres no lo saben, pero los profesionales tampoco les informan”, esgrime la trabajadora social.

El que fue el punto más controvertido de la ley que ahora cumple un año, el que permite a las chicas de 16 y 17 años abortar sin consentimiento de sus padres, y que contempla la posibilidad de que no tengan ni siquiera que contárselo si alegan que hacerlo les puede generar un conflicto, se ha desarrollado con poco ruido.

Lejos de convertirse en el coladero que algunos -como las organizaciones Derecho a Vivir o el PP- auguraban, las menores que acuden solas no son mayoría. “Suponen entre el 10% y el 20%”, apunta la portavoz de Acai. Una cifra que Torres eleva hasta el 40%. Las chicas que alegan conflicto -españolas y extranjeras por igual, que esgrimen presiones familiares, desarraigo o creencias religiosas paternas- llegan con la decisión madura.

Laura tiene clarísimo que no puede decirlo en casa. Tiene 16 años y toda la vida por delante. Acaba de terminar 4 de la ESO, quiere hacer Bachillerato y después una carrera. “No puedo tener un bebé ahora”, argumenta. Sonríe con tristeza Cuenta que sus padres no la apoyarían. Sabe de lo que habla. Lo vivió hace dos años, cuando su hermana se quedó embarazada y lo contó en casa. “Ha tenido el niño, pero tampoco la han ayudado”, confiesa. Ella está embarazada de seis semanas. Solo su novio la ha acompañado en la decisión. Prefiere evitar presiones.

Una norma más restrictiva

La nueva ley del aborto fija que tras la semana 22 solo puede interrumpirse un embarazo si un comité de expertos descubre en el feto enfermedades incompatibles con la vida. Es una regulación más restrictiva que la fijada por la ley de 1985, que permitía a las mujeres interrumpir el embarazo sin plazo si existía riesgo para la vida de la madre, incluida su salud mental.

Hace un mes se conocía el caso de una niña de 12 de Alicante embarazada de más de 22 semanas, a quien el comité de expertos valenciano le había negado interrumpir su embarazo. El bebé, aseguraron, estaba perfectamente, y ya no podía acogerse al supuesto de riesgo para la salud mental de la madre. Su aborto quizá sí hubiera sido posible con la ley anterior.

Javier Martínez Salmeán, jefe de Ginecología del Hospital Severo Ochoa de Leganés, que participó en la elaboración de la ley de plazos, cree que los comités de expertos están funcionando bien. Gracias a este supuesto, además, los hospitales públicos han empezado a realizar algunos abortos. “Aunque todavía muy pocos, y ni mucho menos en todas las comunidades”, reconoce. Santiago Barambio, presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, considera que los criterios que aplican esos comités son “demasiado” restrictivos “Esto obliga a algunas mujeres a viajar a países como Francia para abortar en casos de malformaciones graves pero no incompatibles con la vida”, asegura.

Quitando esos escasos centros públicos, el aborto sigue siendo cosa de la sanidad privada; aunque lo pague la pública. Si antes las regiones costeaban el 30% de las intervenciones ahora pagan más del 60%. Algunas ya han pedido al Gobierno más fondos para cubrir ese “extra”.

Plazos y supuestos

Plazos. Hasta la semana 14 la mujer puede abortar sin dar explicaciones. La ley de plazos equipara la española con la legislación de otros países de Europa como Holanda o Francia.

Indicaciones. Un embarazo de más de 22 semanas solo puede interrumpirse si se alega grave enfermedad de la madre, riesgo para su vida o salud y posibles malformaciones del feto.

Más supuestos. Si los médicos detectan graves malformaciones del feto se podrá abortar sin límite de tiempo. En cada región, un comité de expertos analiza los casos.

Menores. Las chicas de 16 y 17 años pueden abortar libremente, aunque deben decírselo a sus padres. Estos tienen que acompañarla a la clínica. Si la menor alega que contarlo le puede generar un conflicto puede abortar sola.

 

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