Madrid rectifica y permitirá abortar a las menores con la autorización de un progenitor

Sanidad ha enviado instrucciones al Servicio Madrileño de Salud para que no pida la autorización de ambos en casos como los de menores abandonados por uno de sus progenitores

La situación fue denunciada por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, que documentó varios casos incluso después de que la Comunidad se comprometiera a no hacerlo

DOCUMENTO: Instrucciones de la Consejería de Sanidad en las que especifica que no se pedirá la autorización de los dos progenitores

Marta Borraz

08/06/2016 – 18:25h

El Diario.es

Madrid incumple su compromiso y sigue pidiendo a las menores la autorización de ambos progenitores para abortar
ETIQUETAS: Aborto, Comunidad de Madrid, ACAI, Podemos

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha reconocido haber cometido un «inexplicable y lamentable error» al haber exigido a las chicas de 16 y 17 años la autorización de ambos progenitores para interrumpir voluntariamente su embarazo. Algo que venía sucediendo desde la reforma de la ley del aborto impulsada por el PP y que generaba situaciones difíciles e incluso imposibles. La Comunidad ha rectificado y ha enviado nuevas instrucciones al Servicio Madrileño de Salud para que a partir de ahora no sea necesaria la autorización de los dos.

El pasado 24 de mayo la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) tuvo conocimiento de que la Comunidad seguía haciéndolo a pesar de que la organización había mostrado esta situación en la Asamblea de Madrid. » Son hogares especialmente dañados a los que la Administracion está revictimizando», sostenía entonces José Antonio Bosch, abogado de la asociación.

La asociación puso sobre la mesa casos de menores que han sido abandonadas por alguno de sus progenitores, jóvenes que viven con sus madres víctimas de violencia machista cuyos agresores tienen órdenes de alejamiento, menores que residen con uno de ellos mientras el otro trabaja en el extranjero o chicas migrantes cuyo padre o madre siguen viviendo en su país de origen. A pesar de ello a todas se les pedía la autorización de ambos. Algo que no ocurría en ninguna otra comunidad.

Se regirá por lo que dicta el Código Civil

Las instrucciones que ha redactado la Consejería de Sanidad especifican que para abortar será necesario el consentimiento expreso de sus representantes legales. Pero «los conflictos que surjan» se resolverán de acuerdo al Código Civil, que en su artículo 156 establece excepciones al hecho de que la patria potestad la ejerzan ambos progenitores.

Especifica que puede ejercerla uno de ellos en «circunstancias o situaciones de urgente necesidad» y «por ausencia, incapacidad o imposibilidad de uno de los padres». Además, afirma que si los padres viven separados » la patria potestad se ejercerá por aquel con quien el hijo conviva». Esto es lo que incluye la Consejería de Sanidad en el documento que ha enviado al Servicio Madrileño de Salud y ha remitido un escrito a Podemos, que lleva denunciando esta situación durante dos meses, en el que pide disculpas. En él, «descarga de culpa y responsabilidad» a los profesionales sanitarios.

Clara Serra, diputada por Podemos en la Asamblea de Madrid y responsable del Área de Igualdad de la formación, asegura que están «muy satisfechos» porque «el Gobierno ha reconocido el error y va a empezar a cumplir la ley porque no lo estaba haciendo». Además, avisa de «seguiremos vigilantes» para que no se vuelva a producir ningún caso y este jueves presentarán en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley «para que esto sea aprobado en pleno».

A finales de mayo la formación presentó una PNL en este sentido, que fue rechazada por la Mesa de la Asamblea con el apoyo del PSOE, Ciudadanos y PP. Entonces los socialistas aseguraron que había un defecto de forma y se referían en concreto a un punto que en esta ocasión ha eliminado Podemos. En la nueva proposición piden, además de que se admita solo la autorización de un progenitor para abortar, que a las menores emancipadas no les pida y que la Administración diseñe instrucciones claras y de acceso público.