La reforma del aborto dejará desprotegidas a 500 menores al año

La reforma del aborto dejará desprotegidas a 500 menores al año

Solo el 13% de las chicas de16 y 17 años que abortan no informan a sus familias

La obligación de contar con permiso paterno inducirá a intervenciones clandestinas

ÀNGELS GALLARDO / BARCELONA

Miércoles, 14 de enero del 2015

AP / DANIEL OCHOA

Manifestantes por el derecho a abortar, en Madrid, en el 2013.

Si una adolescente de 16 o 17 años rehúsa explicar a sus padres que intenta interrumpir el embarazo que ha iniciado sin pretenderlo, es porque tiene un conflicto muy grave con sus familiares. Un 87% de las jóvenes en esas circunstancias -unas 4.000 cada año en España– se apoyan en sus padres, pero el otro 13%, no más de 500 anualmente, no lo hacen porque temen una respuesta violenta, por discrepancias ideológicas o religiosas con sus familiares, o porque son objeto de abusos sexuales en su propio domicilio.

Un artículo de la ley de salud sexual y reproductiva del 2010 eximió a esas jóvenes de informar a la familia y depositó dicha comunicación en la tutoría de un profesional sanitario, casi siempre el ginecólogo o la matrona que las atiende. Esto es lo que ahora se dispone a suprimir el Gobierno, según anunció ayer el ministro de Justicia, Rafael Catalá, legislando que esas menores estén obligadas a delegar en sus padres las decisiones sobre su maternidad.

La pretensión del titular de Justicia, último residuo del enterrado proyecto de ley que defendió su predecesor, Alberto Ruiz-Galladón, ha devuelto la estupefación a los profesionales del sector, que alertan de la complicada situación en que se encuentra la adolescente que aborta sin informar de ello a sus padres.

«Es un retroceso muy grave, que dejará desprotegido al colectivo más vulnerable entre todas las mujeres que abortan en España», afirmó ayer Silvia Aldavert, coordinadora de la Associació de Planificació Familiar de Catalunya, que agrupa a 110 profesionales. «Esas chicas no informarán a sus familiares, que en más de una ocasión son los causantes del embarazo -añadió-. Se trata de adolecentes en situación límite, con circunstancias personales muy graves, que han tomado la decisión de abortar. Si la ley no se lo permite, lo harán clandestinamente, poniéndose en peligro».

Un estudio sobre embarazos de adolescentes españolas, realizado el pasado noviembre por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo (ACAI), que agrupa a 22 centros, alertó de ese mismo riesgo. «Reimplantar el requisito del consentimiento paternal para interrumpir una gestación no protegerá a la menor, como ya se demostró en el pasado -dijo el informe-. La adolescente en desamparo familiar no acudirá a sus padres, y tampoco irá al juzgado. Si está sola, recurrirá a la clandestinidad».

El requisito legal que impulsará Justicia obligará a incluir una excepción en la ley de autonomía del paciente, aprobada bajo el Gobierno de José María Aznar, que depositó en los ciudadanos de más de 16 años la potestad de decidir sobre todo lo relativo a su salud, salvo el cambio de sexo quirúrgico. «Una adolescente podrá autorizar que se le practique un trasplante o que le amputen una pierna, pero no interrumpir su embarazo -destacó Aldavert-. Este nuevo cambio legal solo responde a una ideología moralista e hipócrita que vulnera el derecho de las mujeres». El artículo 46 del Código Civil español prevé, en efecto, que una «mayor de 16 años y menor de 18» puede contraer matrimonio y ser madre. «Resulta difícilmente sostenible que una menor pueda decidir si tiene un hijo, pero no si no lo quiere tener», indicó el informe de Acai.

La modificación legal anunciada ayer no tiene una justificación social, apuntó Cristina Martínez, presidenta de la Federación de Asociaciones de Matronas de España, que agrupa a 7.000 comadronas. «No conocemos quejas de familiares que pidan esta regulación, ni existen conflictos con la ley en vigor -afirmó Martínez-. Es evidente que la futura normativa será un problema para el 13% de las adolescentes que interrumpen un embarazo al margen de sus familiares. Intentaremos ayudarlas». Las matronas, explicó Martínez, se proponen ejercer de intermediarias en estos casos. «Hablaremos con los padres o los citaremos en la consulta, acompañaremos a las chicas en el momento en que informen de su embarazo, ya que muchas temen una reacción de violencia física -describió la comadrona-. Las tranquilizaremos y las ayudaremos, sin saltarnos la ley».

El conflicto surgirá, advirtió, cuando los familiares discrepen de la decisión de la adolescente de no proseguir con su embarazo. «Es de suponer que si se hace una ley así es para depositar en los padres la última palabra sobre el tema, lo que chocará con la ley de autonomía del paciente», consideró Martínez. Como ya ocurrió con el proyecto de ley Gallardón sobre el aborto, este anuncio legal fue recibido por los profesionales como una medida innecesaria. «No hay problema y no hay quejas familiares. No era necesario»

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