La Policía Local colaborará en la protección de la «actividad legal» de las clínicas de abortos

La Policía Local colaborará en la protección de la «actividad legal» de las clínicas de abortos

Sentados, y de izqda. a dcha., Carmen Martín, María Gámez, Toni Morillas y Alberto Stolzenburg. / A.P.B.
  • Los grupos municipales de la oposición, el vocal de estos centros acreditados y Marea Violeta exigen «el cese del acoso a las mujeres»

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Insisten en que a pesar de que es una actividad regulada por ley siempre han estado en el ojo del huracán. Pero también que esta tendencia «creciente de acoso a las mujeres» que acuden a interrumpir el embarazo en las clínicas concertadas con el SAS se ha acrecentado desde el mes de julio. La situación ha llegado a extremos «preocupantes», según denuncian los portavoces del colectivo, en clínicas como Ginecenter, cuyo director Alberto Stolzenburg ya ha interpuesto tres denuncias ante el juzgado de guardia tras varios encontronazos con los grupos provida. A ellas se suma la de una mujer «a la que increparon y llamaron asesina» la semana pasada, quizás la gota que colma el vaso para Stolzenburg, que ayer tomó la palabra como vocal de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) y en compañía de los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Málaga, encabezados por María Gámez (PSOE) y Toñi Morillas (IU). «Queremos que se garanticen las medidas de seguridad en las clínicas concertadas, en las que trabajamos dentro de la ley», reclamó Stolzenburg.

A esta petición se ha sumado también el colectivo Marea Violeta, y con esa intención se reunieron el martes con el portavoz popular en el Ayuntamiento, Mario Cortés, y el jefe de la Policía Local, quienes han garantizado que en la medida «de sus posibilidades y competencias» colaborarán en la protección «de esta actividad que es legal». Así lo confirmó ayer a este periódico el propio Cortés, quien valoró el conflicto como «un problema de orden público, no de tipo ideológico» y recordó además que la Policía Local actuará «en la medida de sus competencias». «Que son limitadas», añadía el portavoz popular en relación al hecho de que «mientras no incumplan ordenanzas municipales es un asunto de seguridad y de orden público, y por lo tanto corresponde a la Policía Nacional». Por eso, desde la institución municipal tratarán de garantizar el «buen funcionamiento de una actividad que es legal de la misma manera que lo haríamos con cualquier otro negocio». En concreto, la Policía Local tratará de evitar que se desplieguen pancartas a las puertas de estos centros e incluso pedirían la documentación en caso de que fuera necesario.

Con respecto a la Policía Nacional, el colectivo Marea Violeta confirmó que también ha enviado un escrito a la subdelegación del Gobierno –que asume las competencias en Policía Nacional– para que «se garantice el derecho lícito de las mujeres a decidir». «La ley de plazos sigue vigente, guste o no», protestó visiblemente indignada la portavoz de este movimiento Carmen Martín, quien no obstante celebró la jornada de ayer como un día agridulce ya que a la denuncia que formularon en el Ayuntamiento se unió la resaca de la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y la retirada del anteproyecto de la Ley del Aborto.

Mociones en el pleno

A la celebración espontánea en la sala de prensa se unieron tanto Morillas como Gámez, que se refirieron al cese del ministro como un «del triunfo de los derechos de la mujer» y añadieron además que hoy presentarán en el pleno municipal sendas mociones en este sentido: la de los socialistas en relación «con la situación de violencia de género en Málaga», mientras que IU insistirá en mostrar su «apoyo y solidaridad a las mujeres que han sido objeto de coacción y acoso en las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo».

Por su parte, Stolzenburg recordó que la retirada del anteproyecto de Ley del Aborto «no implica también la anulación del recurso que interpuso el PP ante el Tribunal Constitucional», por eso reclamó un «gesto de coherencia» al Ejecutivo y que mantenga la legislación del año 2010 en los mismos términos que los actuales, incluyendo también la posibilidad de que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin necesidad de pedirle permiso a sus padres. «Una joven de 16 años es autónoma y, por lo tanto, tiene capacidad de decidir por sí misma», zanjó Stolzenburg.

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