La ley del aborto española centrará el debate de especialistas de todo el mundo

Por Elena Duque

La transferencia de competencias entre las CCAA obstaculiza la aplicación de la ley española

Madrid, 20 oct (10). AmecoPress. Mañana da comienzo en Sevilla el IX Congreso de la Federación Internacional de Profesionales del Aborto y la Contracepción – FIAPAC, donde profesionales de todos los rincones del mundo pondrán en común sus experiencias y analizarán las recientes reformas legislativas en la materia en Portugal, Austria y sobretodo en España, con la nueva Ley de Interrupción del Embarazo, en pleno vigor desde julio de este año. Este congreso se extenderá hasta el domingo.

El objetivo de este encuentro es tener la oportunidad de compartir las experiencias y las inquietudes que surgen desde las diferentes disciplinas profesionales implicadas, no sólo en lo médico, sino en el acompañamiento e información a la paciente y en el desarrollo de políticas para la prevención de embarazos no deseados. A la cita acuden profesionales de todos los continentes, aunque la mayor representación viene de Francia, Bélgica, Suecia y Reino Unido.

Dentro de nuestras fronteras, la transferencia de competencias entre las Comunidades Autónomas ha conducido a que las prácticas sanitarias y asistenciales se desarrollen con grandes diferencias. Así, en Navarra y la Rioja sigue siendo imposible acceder a esta prestación, lo que obliga a las mujeres que desean interrumpir su embarazo a salir a otras comunidades, principalmente País Vasco.

Una curiosa paradoja se produce en Castilla y León. En esta comunidad existen clínicas acreditadas para realizar la interrupción del embarazo en el primer y segundo trimestre respectivamente, pero desde León, Salamanca, Segovia y Soria se está derivando a las mujeres a Madrid a clínicas con capacidad para realizar ambos tipos de intervenciones. Esta práctica, según ha informado Eva Rodríguez, vocal de ACAI y representante de España en la FIAPAC, en declaraciones a AmecoPress, carece de fundamento médico y obstaculiza el proceso a las mujeres, además de desaprovechar los recursos disponibles en la CCAA.

Desde ACAI reclaman más transparencia en los conciertos de las Comunidades Autónomas para evitar estas situaciones y demostrar que la derivación de las mujeres a una u otra clínica se produce en orden a las garantías y los servicios que ésta ofrece, y no a decisiones partidarias.

Precisamente se ha elegido Andalucía para acoger este congreso por ser, junto a Asturias, un ejemplo de buenas prácticas. En esta CCAA funcionan con éxito los mecanismos implicados, y cuentan ya con un nuevo protocolo de inspección para la acreditación de aquellas clínicas que pueden realizar también la intervención a partir de las 12 semanas, una separación lógica desde el punto de vista médico porque “los riesgos son diferentes”. En otras CCAA, a falta de esta autorización, según el tramo del embarazo se encargan necesariamente clínicas diferentes.

Retrasos de hasta cuatro semanas

La obstaculización de la aplicación de la ley parece alcanzar su máximo exponente en la Comunidad de Madrid, donde “sólo tres funcionarias se desviven, eso sí, por atender a las solicitantes”, lamenta otra fuente de ACAI. Con esta escasez de recursos humanos destinados, las esperas para una primera cita con los centros de interrupción del embarazo se están retrasando hasta 3 y 4 semanas, con todas las consecuencias médicas y psicológicas de un embarazo más avanzado. En la práctica esto conduce a que las mujeres opten por la vía privada.

Además, los hospitales que han de abonar esta prestación a las clínicas se retrasan el el pago de media seis meses los públicos y más de diez meses en el caso de los privados, lo que está generando una deuda en aumento que coloca a las clínicas en una situación económica de riesgo.

Por otra parte, en esta Comunidad, aunque no sólo, los sobres con la información obligatoria que se facilita a las mujeres antes de poder realizar la intervención sólo ofrecen alternativas al embarazo no deseado en la adopción y el acogimiento, pero no incluyen información sobre las clínicas de interrupción del embarazo disponibles ni sobre los riesgos de la intervención. Ésta es la tónica general en muchas otras regiones, donde las mujeres afirman que la información facilitada es farragosa e inútil, por lo que consideran que tener que retrasar una decisión ya previamente tomada está injustificado.

La doctora Rodríguez destaca también las circunstancias de Cataluña, donde se alega falta de solvencia para forzar a las mujeres a abonar la intervención en un principio, hasta que la administración se hace cargo del pago varios meses después como en el caso de Madrid. Además, no existen tarifas unificadas entre las clínicas acreditadas.

Desde ACAI se ha estimado que, excepto en Andalucía y en Asturias, donde el 90% de los abortos cuenta con financiación pública, en el resto de CCAA el 40% acaban realizándose con financiación privada, generalmente debido a los obstáculos encontrados a la hora de recibir la prestación.

Otra de las cuestiones contenidas en la Ley recién puesta en vigor es la garantía de la confidencialidad de las mujeres, una medida que queda en entredicho cuando se solicita el nombre y apellido de la mujer intervenida para abonarle este cargo en el caso de Cataluña. También se producen irregularidades en la Comunidad Valenciana y en la Rioja, donde se exigen los datos personales de las pacientes para derivarlas desde la Seguridad Social.

Menos abortos

En los apenas cuatro meses que lleva la ley en vigor las clínicas españolas han percibido una reducción en el número de abortos solicitados. “No tenemos ni idea de porqué”, confiesa Rodríguez, “pensábamos que se iba a estabilizar, pero en realidad ya desde 2009 se percibía una tendencia a la baja”.

A falta de datos concretos, una de las razones a las que apunta este descenso puede ser la menor presencia de población inmigrante, ya que en estudios previos “en algunas regiones con más presencia inmigrante hasta el 40 o el 50% de los abortos se realizaban entre mujeres extranjeras”, aventura Rodríguez, e insiste en la prudencia a la hora de sacar conclusiones mientras no existan estudios específicos.

Lo que sí se atreve a valorar Rodríguez es “el descenso en las interrupciones más tardías” como consecuencia de la nueva ley, ya que la información y las garantías disponibles ofrecen más seguridad y confianza a las mujeres.

“La ley ha venido a solucionar un problema que teníamos con las menores de 18 años”, ha manifestado la portavoz, y ha explicado que mientras lo habitual es que las menores vayan acompañadas de sus familiares, resuelve esta exigencia legal para casos de difícil o imposible cumplimiento, como son los de “familias desestructuradas”, donde las menores no cuentan con un padre, una madre o un tutor legal localizable, porque ya están emancipadas o porque viven con otros familiares que nunca han formalizado su situación. En cualquier caso, este tipo de situación “se nos ha dado como mucho cuatro veces en lo que lleva la ley”.