La Audiencia de Madrid recrimina al juez que investigó el caso Isadora

Publico – PATRICIA RAFAEL – Madrid – 15/07/2009 08:00

La causa contra la clínica madrileña fue un detonante para elaborar la nueva Ley del Aborto

El conocido como caso Isadora uno de los detonantes para que el Gobierno elaborase una nueva Ley del Aborto vuelve al principio tras más de dos años y medio de investigación: la Audiencia Provincial de Madrid obliga al juez José Sierra, instructor en el juzgado 47 de la causa contra la clínica madrileña por supuestas irregularidades en la gestión de residuos, a remitir su investigación al Juzgado de Instrucción número 6. Este tribunal ya rechazó en 2007 iniciar la investigación por carecer de fundamento.

En un auto conocido ayer, la sección cuarta acusa a la Guardia Civil que se personó en los domicilios de las mujeres que habían abortado en la clínica de no respetar las resoluciones judiciales. Según se detalla en el escrito, el 16 de febrero de 2007 el sargento jefe de Sección de patrullas del Seprona (el Servicio de Protección de la Naturaleza de Instituto armado) solicitó al juzgado de Instrucción número 6 de Madrid una orden para estudiar unos restos, intervenidos en Isadora, «por si pudieran tratarse de abortos ilegales». El juzgado denegó la autorización porque la petición «carecía de fundamento».

Un auto acusa a la Guardia Civil de no respetar las decisiones judiciales

Por «iniciativa propia»

«Ante la negativa del Juzgado de Instrucción de acceder a la solicitud policial, los agentes del Seprona continuaron actuando por su propia iniciativa (…), silenciando que existía un precedente anterior, y consiguiendo de esta forma que su examen recayese en nuevo juez, que esta vez sí autorizó el estudio de los restos», se concreta en el auto.

Para la Audiencia Provincial, la actuación de la Guardia Civil está «encaminada a menoscabar la competencia del Juzgado de Instrucción número 6 (…), cuya decisión no fue respetada ni acatada». Como este juzgado fue el primero en conocer el caso, la investigación volverá a él. Así, el auto estima el recurso de apelación presentado por una de las doctoras de la clínica. Al recurso se sumaron dos médicos más, la propia clínica y la Fiscalía.

El escrito rechaza la personación de un partido ultraderechista

El ministerio público también se sumó al recurso presentado contra el auto del juez Sierra, que permitió la personación como acusación particular del partido ultraderechista Alternativa Española. Ahora, la Audiencia Provincial, en un segundo auto, rechaza la personación y en un auto fechado el pasado 29 de junio critica al titular del juzgado 47 por no preservar la intimidad de las mujeres que abortaron en Isadora.

«Sin ser sospechosas de haber cometido delito alguno, [las mujeres] han visto cómo datos relevantes de su vida íntima han quedado expuestos al conocimiento ajeno«, se detalla en el escrito. Y continúa: «El juez de instrucción debía haber ponderado los intereses en juego, por un lado la protección del derecho a la intimidad (…); por otro, el interés en el ejercicio de la acción penal de un partido político, sin representación parlamentaria».

Empar Pineda, portavoz de Isadora, señaló ayer que la decisión judicial «coloca en su lugar a los que criticaron la profesionalidad de la clínica», y confía en que no se repitan más casos como este. Las acusaciones contra Isadora y las clínicas de Carlos Morín, en Barcelona, fueron usadas en 2008 por los grupos provida para iniciar una campaña contra el aborto.

La justicia desautoriza a la Guardia Civil por la actuación contra Isadora

La Audiencia Provincial cree que los agentes buscaron un juzgado favorable a sus tesis – Dice que no se ha concretado qué abortos de la clínica fueron ilegales

MÓNICA CEBERIO BELAZA – Madrid – 15/07/2009

El País. Dos años y cinco meses después de que se iniciara el caso contra la clínica de abortos Isadora, la justicia ha dado un fuerte varapalo a las actuaciones de la Guardia Civil y del juez de instrucción José Sierra Fernández. La Audiencia Provincial de Madrid afirma que el magistrado Sierra no era competente para instruir el procedimiento; que ha imputado a tres medicos del centro por abortos ilegales «sin concretar qué intervenciones son las sospechosas, ni cuál es el motivo de ilicitud ni, en fin, la intervención que cada uno de los imputados ha tenido en la interrupción ilícita de los embarazos»; y que los agentes del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) desobedecieron la resolución del primer magistrado que recibió una denuncia sobre el tema y buscaron uno más favorable a sus tesis.

«Está en juego el acatamiento de decisiones judiciales»

Madrid dictó una propuesta de cierre que no fue notificada

«Lo que está en juego no es una mera cuestión de competencia entre órganos judiciales (…) sino el acatamiento y el respeto de las decisiones judiciales por las autoridades administrativas, la policía muy especialmente», señala el auto, firmado por los magistrados de la sección cuarta. El caso Isadora debe volver ahora al Juzgado de Instrucción numero 6 de Madrid -como pedía el abogado de una de las partes, el fallecido Rafel Burgos- el mismo que el 16 de febrero de 2007 se negó a abrir un procedimiento penal a pesar de la petición de los agentes de la Guardia Civil. El auto de la Audiencia Provincial no se puede recurrir.

El tribunal ha rechazado también que puedan participar en el proceso dos grupos antiabortistas: la organización Unidos por la Familia y el partido católico y ultraderechista Alternativa Española. El juez Sierra había admitido como acusación popular a este último, pero su decisión ha sido ahora revocada por la Audiencia. Los magistrados dicen que, por un lado, no cabe la acusacion popular en un procedimiento en el que ni siquiera están claros los hechos delictivos y, por otro, que hay que garantizar el derecho a la intimidad de las mujeres que han abortado, lo que «ha obviado» el juez Sierra.

«Las informaciones que se contienen en este proceso afectan de un modo particularmente intenso a la vida privada de un grupo numeroso de mujeres», señala la resolución, «quienes, sin ser sospechosas de haber cometido delito alguno han visto cómo datos relevantes de su vida íntima han quedado expuestos al conocimiento ajeno».

Todo comenzó a las 10.30 del 16 de febrero de 2007. Dos agentes del Seprona se presentaron en Isadora para «realizar una inspección», según consta en los atestados. Tras la visita a la clínica se consideró que se estaban gestionando mal los residuos y por eso inmovilizaron el contenedor que estaba a punto de ser recogido por una empresa especializada.

Los dos agentes fueron después a los juzgados de Plaza de Castilla. El caso cayó en manos del magistrado de guardia, el titular del número 6, Ramiro García de Dios Ferreiro. Las «irregularidades en la gestión de residuos» se habían convertido ya en indicios de «supuestos abortos ilegales» a pesar de que los agentes no habían visto el interior de los bidones. Pidieron al juez una «autorización para que el personal del Instituto Anatómico Forense» retirara los «supuestos restos humanos para su oportuno estudio».

El magistrado no lo autorizó: «Procede de plano y mediante la presente resolución de obligado cumplimiento, denegar la autorización solicitada (…), debiendo abstenerse el sargento firmante del escrito de elucubrar sobre abortos ilegales cuando no existe el más mínimo indicio racional de que se hubiesen producido, sin que quepa elevar las elucubraciones a la categoría de indicios». Los bidones con residuos sanitarios seguían inmovilizados en la calle. Los agentes no informaron a la clínica de la decisión judicial sino que mantuvieron la orden de no tocarlos. Querían llevar la investigación a la Consejería de Sanidad de Madrid.

Después de varias llamadas, el martes 20 de febrero les dijeron que el departamento se haría cargo «de los envases con residuos clínico-sanitarios». El jefe técnico de la Unidad de Sanidad Mortuoriay dos agentes se llevaron los ocho bidones a un tanatorio de Alcobendas y los abrieron. En los atestados no consta si los agentes informaron en algún momento a Sanidad de la negativa del juez de permitir su inspección.

Encontraron nueve fetos y restos de liposucciones. Llamaron a la juez de guardia de Alcobendas, quien les dijo que la competencia era de Madrid. Así que volvieron a Plaza de Castilla, sin decir que habían estado allí cinco días antes. El entonces juzgado de guardia (número 31) autorizó el examen de los restos para determinar la edad gestacional y el asunto recayó después, por reparto, en el juzgado 47. El titular, José Sierra Fernández, abrió diligencias previas.

El día 23, la Comunidad de Madrid dictó una propuesta de cierre de la clínica que no fue notificada ni ejecutada. El Seprona siguió investigando. Los agentes identificaron a las mujeres cuyos nombres aparecían en los botes de formol y a otras pacientes de la clínica. Las llamaron como testigos y en algunos casos se presentaron en sus casas.

La Audiencia dice que los hechos «evidencian que, ante la negativa del juzgado de instrucción a acceder a la solicitud policial, los agentes del Seprona continuaron actuando por su propia iniciativa, interviniendo los restos cautelarmente, recabando la colaboración de las autoridades administrativas» y «silenciando» que había un antecedente judicial. El objetivo era conseguir un «nuevo magistrado que, esta vez sí, autorizó el estudio de los restos».

El tribunal afirma que si los agentes consideraron que había hechos nuevos después de abrir los bidones, debieron informar al primer juez en lugar de buscar uno distinto: «Se trata, en suma, de una actuación encaminada a menoscabar la competencia del Juzgado de Instrucción número 6 (…) cuya decisión no fue respetada ni acatada».

Historia de una persecución

– Diciembre de 2006. Ataque a la clínica Isadora, especializada en interrupciones de embarazos. Aparece pintada con la palabra «asesinos». Es el 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes. Poco después, la asociación La Vida Importa interpone una denuncia contra varias clínicas madrileñas.

– Febrero de 2007. Guardias civiles del Seprona acuden a la clínica para, supuestamente, comprobar la gestión de residuos orgánicos. Los agentes acuden al Juzgado de Guardia de Madrid y solicitan autorización para abrir los contenedores. El juzgado de Instrucción número 6 de Madrid lo deniega ante la falta de indicios de delito. Los agentes abren los contenedores con la consejería de Sanidad de Madrid. Aparecen cinco fetos y cuatro restos que, según la Guardia Civil, pueden tener más de 22 semanas, el límite para practicar abortos en ese centro. El Seprona busca otro juez. El titular del juzgado de Instrucción número 47, José Sierra Fernández, abre diligencias previas.

– Marzo de 2007. La consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid acusa a la clínica de incumplir la normativa de gestión de residuos orgánicos. El juez Sierra pide a la Guardia Civil que identifique a las pacientes cuyos nombres aparecían en las etiquetas de los botes de formol con los restos fetales y a los trabajadores de la clínica. Los agentes se presentan en sus domicilios. El Anatómico Forense dice que de nueve casos, siete están por debajo de las 22 semanas. En dos no se puede determinar la edad gestacional. La clínica pide que el caso vuelva al juzgado 6.

– Enero de 2008. Alrededor de 25 mujeres que abortaron en 2007 son llamadas a declarar, como testigos, ante la Guardia Civil.

– Marzo de 2008. En su cruzada contra Isadora, el juez Sierra imputa a tres médicos: el responsable del centro, un médico y la psiquiatra.

– Abril de 2008. El Ministerio del Interior abre una investigación sobre las actuaciones de los agentes del Seprona. Los agentes ocultaron a dos magistrados que el juez de guardia había cerrado el caso. Las clínicas de interrupción del embarazo piden una reforma de la Ley del Aborto para lograr mayor seguridad jurídica tanto para las mujeres como para los médicos. El Gobierno ha elaborado un anteproyecto que se presentará en el Parlamento en otoño.

EDITORIAL

Nada de nada

Como el caso del Severo Ochoa, el de la clínica Isadora ha sido desmontado por la justicia

15/07/2009

El caso de la clínica Isadora de Madrid, a la que se acusó de practicar abortos ilegales, tiene todos los visos de ser un acabado ejemplo de prefabricación ideológica, como lo fue el de las supuestas sedaciones irregulares del hospital Severo Ochoa de Leganés, en el que se llegó a acusar al doctor Montes de 400 homicidios.

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La Audiencia Provincial de Madrid, en tres autos distintos fechados el 29 de junio, ha salido al paso de las numerosas irregularidades cometidas en el procedimiento abierto a esta clínica, autorizada para la interrupción voluntaria del embarazo, por la supuesta eliminación irregular de residuos orgánicos, transformado de inmediato en una búsqueda generalizada de abortos ilegales. Ninguno de los protagonistas del caso sale bien parado: ni el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que recibió la denuncia sobre la aparición de restos humanos supuestamente procedentes de abortos ilegales en la clínica Isadora; ni el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, que investigó la denuncia tras haberla archivado su colega del Juzgado número 6; ni el partido Alternativa Española y la asociación Unidos por la Vida, que pretendieron darle vuelo sin tener interés directo en ella.

Sobre los agentes del Seprona dice la Audiencia que, tras el archivo de la denuncia por el primer juez, siguieron trabajando por su cuenta, comprometiendo en su actuación por libre a las autoridades administrativas y ocultando que había recaído una resolución judicial sobre el caso. Al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid le quita el asunto, devolviéndolo al Juzgado número 6, que lo archivó originariamente. Pero antes, la Audiencia atribuye gravísimas irregularidades al titular del Juzgado número 47, como mantener imputadas a tres personas sin concretar los cargos, salvo una genérica referencia a la realización de abortos ilegales, y no garantizar como debiera la intimidad de un numeroso grupo de mujeres que, «sin ser sospechosas de haber cometido delito alguno, han visto cómo datos relevantes de su vida íntima han quedado expuestos al conocimiento ajeno, rompiendo la confidencialidad de sus historias clínicas».

La decisión de la Audiencia debería tener consecuencias. De carácter administrativo para los agentes del Seprona, que actuaron por su cuenta desobedeciendo al primer juez. También procesales, pues es difícil mantener que el carácter irregular de la instrucción no acarree la nulidad del procedimiento entero. Es de esperar que el Juzgado número 6 no vaya contra sus propios actos, y ordene el archivo de la causa. No deben prosperar los intentos de utilizar la justicia por motivos ideológicos: para intimidar a las mujeres que quieren abortar, en el caso de la clínica Isadora, y para neutralizar a los médicos que ponen sus conocimientos al servicio de una muerte sin sufrimiento de los enfermos terminales, en el caso del hospital Severo Ochoa.

Desautorizan la actuación del SEPRONA por supuestos abortos ilegales en la Clínica Isadora

-La Portavoz de la clínica, Empar Pineda, «satisfecha» porque «se ha hecho justicia» en el caso del SEPRONA y los supuestos abortos ilegales

MADRID, 15 (OTR/PRESS)
La Audiencia Provincial de Madrid ha desautorizado las actuaciones del SEPRONA contra la Clínica Isadora tras el hallazgo de unos restos humanos en el centro en 2007, al considerar que se desobedeció al primer juez al que se solicitó la apertura de una investigación –que no autorizó el estudio de esos restos–, y se buscó a otro magistrado que sí abrió diligencias. Tras conocer la decisión, la portavoz de la Clínica Isadora, Empar Pineda, representante también en Madrid de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), se mostró «satisfecha» por la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de desautorizar las actuaciones de la Guardia Civil y del juez José Sierra Fernández en el caso sobre supuestos abortos ilegales cometidos en este centro.

La sección cuarta de la Audiencia ha obligado al juez de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra Fernández, a devolver la causa penal sobre la clínica de abortos Isadora al Juzgado de Instrucción número 6 de la capital al ser el primero en conocer de los hechos objeto de esta instrucción penal. En un auto, la Sección Cuarta resuelve una cuestión de competencia promovida por la clínica y los médicos imputados en la que solicitaba la inhibición del juez Sierra a favor del Juzgado número 6. El magistrado que conoció en primer término la denuncia se negó el 16 de febrero de 2007 a autorizar el estudio de los restos humanos encontrados por el SEPRONA en la clínica durante una inspección al estimar que la petición carecía de fundamento.

Ante su negativa, según la Audiencia, la Guardia Civil desobedeció su decisión y «continuaron actuando por su propia iniciativa, interviniendo los restos cautelarmente y recabando la colaboración de las autoridades administrativas». Así, se cursó una nueva solicitud, consiguiendo que el examen de los restos recayese sobre otro juez, que sí autorizó el estudio. «Se trata, en suma, de una actuación encaminada a menoscabar la competencia del Juzgado de Instrucción nº 6 de Madrid que, a tenor de lo expuesto, fue el primero en conocer los hechos objeto de este proceso y cuya decisión no fue respetada ni acatada», recalca la Sala.

Los magistrados subrayan que «lo que está en juego no es una mera cuestión de competencia entre órganos judiciales, ambos con idéntica competencia funcional y territorial, sino el mantenimiento del principio de jurisdiccionalidad y, con ello, el acatamiento y el respeto de las decisiones judiciales por las autoridades administrativas».

CRÍTICAS A LA INVESTIGACIÓN
En otros dos autos, en los que se deniega participar en el proceso a las organizaciones Unidos por la Familia y Alternativa Española, la Audiencia madrileña se pronuncia sobre el estado del procedimiento judicial, criticando que no se hayan concretado los hechos objeto de la investigación. Sobre los médicos imputados, la Sección Cuarta recrimina al juez Sierra que no se haya determinado «qué intervenciones en concreto son las sospechosas ni cuál es el motivo de ilicitud ni, en fin, la intervención que cada uno de los imputados ha tenido en las interrupciones del embarazo».

La Audiencia aprovecha uno de los autos para censurar la posición adoptada por el juez respecto a las mujeres que acudieron a la clínica en el periodo investigado. Recalca que «las informaciones que se contienen en este proceso afectan de un modo particularmente intenso a la vida privada de un grupo numeroso de mujeres». Estas mujeres, apunta el auto, «sin ser sospechosas de haber cometido delito alguno, han visto como datos relevantes de su vida íntima han quedado expuestos al conocimiento ajeno, rompiéndose la confidencialidad de sus historias clínicas».

«Sin duda alguna, la investigación de un delito público, cuando existe una sospecha fundada, justifica tal invasión en la intimidad; sin embargo, la ingerencia en el núcleo esencial de este derecho fundamental ha debido ser objeto de una minuciosa ponderación que, en el presente caso, el instructor ha obviado», añade.

Para Pineda, con esta decisión la Audiencia «ha hecho justicia dos años y cinco meses después» con las actuaciones de la Guardia Civil y del juez Sierra en este caso donde, a su juicio, «actuaron como en la Inquisición: buscando una causa general sin haber un delito». «La decisión de la Audiencia descalifica la actuación de la Guardia Civil, que actuó por su cuenta y riesgo y cometió después fraude de ley, da la razón a la clínica y devuelve el asunto al juez del juzgado número 6 que fue el primero que vio el caso y que no encontró ningún motivo para abrir instrucción al centro», aseveró.

Según Pineda, la Clínica Isadora podría ahora emprender acciones legales contra los responsables de esta situación por la que, dice, «se ha puesto en cuestión la buena praxis de sus profesionales».