Sanidad insinúa que puede dejar de financiar públicamente el aborto libre
MARIOLA LOURIDO
La secretaria general de Sanidad Pilar Farjas no descarta que el aborto salga de la cartera básica de servicios cuando no responda a indicaciones médicas o necesidades de salud. Esto significa que dejará de ser una prestación pública el aborto libre, por decisión propia de la mujer, hasta las catorce semanas de gestación como permite la actual ley de plazos. Una ley que el gobierno de Rajoy va a reformar.
CADENA SER. «No va a salir (de la cartera de servicios sanitarios) ninguna de las prestaciones que por criterio médico y de salud se requiera en el Sistema Nacional de Salud». «La cartera de servicios se debe actualizar por criterios de calidad y eficiencia y el compromiso es garantizar todas aquellas necesidades en las que haya una indicación médica o necesidad de salud«. De esta forma respondió la secretaria general de Sanidad Pilar Farjas a los periodistas cuando le preguntaron esta mañana si el aborto saldrá de la cartera básica de servicios sanitarios.
Pilar Farjas no descarta por lo tanto que deje de ser una prestación pública y gratuita el aborto libre, el aborto que se realiza hasta las catorce semanas de gestación por decisión propia de la mujer y sin ninguna indicación del médico. Según las palabras de la número dos del Ministerio de Sanidad, solo se mantendrán dentro del Sistema Nacional de Salud, las interrupciones del embarazo en las que haya peligro para la salud de la madre o anomalías fetales.La secretaria general de Sanidad insiste en que la Red Española de Evaluación actualizará la cartera de servicios y añade que esta actualización responderá a criterios de calidad y eficiencia.
La semana pasada la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, Acai, ya alertó de esta posibilidad tras una reunión que mantuvo con la directora general de la Cartera de Servicios. Según Acai, Sagrario Pérez dijo que el aborto no era un «asunto prioritario» para el gobierno y que se revisaría la cartera de servicios sin descartar su salida como prestación pública.
La actual ley de plazos aprobada por el gobierno de Zapatero reconoce el aborto como un derecho de la mujer que puede interrumpir voluntariamente su embarazo hasta las catorce semanas sin dar ningún tipo de explicación, ni acogerse a supuestos, ni decidir tutelada por los profesionales sanitarios.
La reforma de la norma que prepara el gobierno de Mariano Rajoy eliminará el aborto como un derecho de las mujeres. Hasta el otoño no presentará ni tramitará la modificación legislativa pero el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón ya adelantó que se volverá a la ley de supuestos de 1985 y que se tomarán medidas para «garantizar el derecho de maternidad«.
Los colectivos antiabortistas reivindican desde hace tiempo que el aborto deje de ser financiado públicamente y ahora le piden al gobierno que aproveche la reforma de la ley de plazos para eliminar esta prestación de la cartera básica de servicios.
