Psoe de Asturias presenta declaración institucional en defensa del derecho al aborto

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Gijón ha presentado una propuesta de Declaración Institucional, para su aprobación en el próximo pleno del mes de Julio, dirigida a pedir al Gobierno de España que ponga fin a su intención de modificar la vigente Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. 

Hacemos esta propuesta, en apoyo a las iniciativas de las PLATAFORMAS ESTATAL Y AUTONÓMICA DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, que integra a 140 asociaciones de toda España. En el acto de presentación de la propuesta a los medios de comunicación han estado presentes, además de la Concejala Socialista Begoña Fernández, representantes de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, Tertulia Feminista les Comadres, Forum de Política Feminista, y de la Asociación de Mujeres Jóvenes, que son parte de las asociaciones adheridas a la plataforma en Asturias.

Aunque el Gobierno de España no ha adelantado el contenido concreto de la modificación legal que pretende hacer, sabemos, a través de las declaraciones que ha hecho el Ministro de Justicia que la puesta en cuestión de la actual Ley supondrá:

1º.- La desaparición del derecho de las mujeres a decidir la interrupción voluntaria del embarazo en las 14 primeras semanas de gestación.

2º.- El riesgo evidente de que el aborto vuelva a esta regulado en el marco del Código  Penal, que lo considerará una conducta punible, con la excepción de determinados “supuestos”. Esta concepción es inadmisible en una democracia avanzada.

Por ello, queremos señalar que:

La posición del Gobierno de España nos aleja del marco normativo de la UE, en el que países como Alemania, Austria, Grecia y Holanda, tienen leyes como la española, en las que en un determinado plazo se permite la decisión de las mujeres en relación con la continuidad o no de su embarazo. Reino Unido y Finlandia, permiten la decisión de las mujeres al enmarcarla en supuestos de amplia aplicación, como el “riesgo económico y social”. En Portugal, el acceso del gobierno conservador al poder no ha supuesto la puesta en marcha de planes para limitar el ejercicio del derecho al aborto por parte de las mujeres. En Lituania y Letonia, donde gobiernos conservadores intentaron recortar este derecho, se opuso el parlamento. Nada justifica, por tanto, la posición del Gobierno Español.

Las IVES se han estabilizado en España desde el año 2007, en una tasa de 11,4 abortos por cada 1.000 mujeres. En Asturias la tasa es de 10,4 abortos por cada 1.000 mujeres.  El gobierno de España desoye la realidad social, ya que en el año 2010 de las 50.500 interrupciones voluntarias del embarazo que se realizaron acogiéndose a la ley actual,  44.400 se realizaron por decisión de las propias mujeres, sin argumentar otras situaciones. Estos casos quedarían sin cobertura legal en caso de modificación de la actual ley.

Con esta decisión el Gobierno de mariano Rajoy desoye las recomendaciones de los organismos internacionales en esta materia. El consejo de Europa ha recomendado a todos los países miembros de la UE, el reconocimiento de estos derechos. Naciones Unidas ha recomendado a España la plena aplicación de la Ley orgánica de salud sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La Organización Mundial de la Salud ha defendido también una posición favorable al desarrollo de este derecho indicando que los países con normas más restrictivas, no impiden, por ello, la práctica de abortos. Sólo en Irlanda, 6.000 mujeres acuden todos los años al Reino Unido para realizar una Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Finalmente queremos señalar nuestro rechazo tajante a la disyuntiva entre protección social de la maternidad y aborto.  No sólo porque este extremo no parece  darse en la mayor parte de las interrupciones voluntarias del embarazo, sino porque el PP carece, en estos momentos, de autoridad moral para hablar de protección de la maternidad, en un marco en el que están contribuyendo al deterioro de los derechos laborales, y la reducción de los servicios públicos básicos, entre ellos la extensión de las escuelas infantiles de cero a tres años. En un marco  desprotección progresiva y general no es posible asegurar la protección social de la maternidad.

Sólo el desarrollo de los derechos reproductivos y sexuales, incluidas la información u educación sexuales, y particularmente la garantía de un amplio acceso a los medios anticonceptivos, incluida la anticoncepción poscoital, es susceptible de generar la progresiva disminución de las actuales tasas de aborto.