18 mar 2008

Ofensiva contra el derecho al aborto

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Eva Rodríguez Armario

Estos días en que el derecho a tener o no tener hijos vuelve a ser cuestionado, asistimos incrédulos al despliegue de una ofensiva antielección que de nuevo enjuicia a los profesionales, pero que sobre todo conduce a las mujeres, una vez más, ante los juzgados. Esta ofensiva obliga a estas mujeres a recordar un fracaso de la sexualidad, a revivir una intervención que debería estar sujeta a la más absoluta intimidad, porque el recurso al aborto no es una decisión fácil, por mucho que algunos consideren esta opción arbitraria e irreflexiva. La virulencia con la que esta campaña se ha desatado en España nos ha llevado a pensar que la situación se circunscribía a nuestro país. Sin embargo, una mirada puesta en las informaciones que nos llegan de otros lugares nos conduce a creer que la estrategia es más global.

Como si se tratara de una estructura en red, los distintos grupos antiaborto, alentados no sólo por la iglesia Católica sino también por determinadas fuerzas políticas y sectores de la judicatura, están aprovechando la ambigüedad de algunos ordenamientos jurídicos para denunciar y alentar investigaciones contra los profesionales y contra las mujeres que se han sometido a esta intervención sanitaria.

Asimismo, desde distintas plataformas integradas por destacados religiosos, profesores y teólogos de varios países europeos se intenta arrancar de la comunidad internacional el reconocimiento del derecho a la vida desde la concepción. En este marco, los sectores laicos en Italia acusan a la Iglesia de practicar una descarada injerencia en los asuntos civiles, pues Benedicto XVI lanzó a principios de año una campaña para conseguir una moratoria mundial del aborto. Otra impactante iniciativa parte del mundo sanitario de la capital italiana: cuatro hospitales de Roma, que albergan otras tantas facultades de Medicina, han firmado un documento en el que piden terapias intensivas para los fetos que presenten signos de vida al término de un aborto legal, incluso aunque la madre se oponga.

Sorprendentemente, algunas fuerzas políticas que tradicionalmente han apoyado la libertad de elección en torno al recurso del aborto, encuentran ahora destacadas disidencias en sus filas. Tal es el caso de los laboristas en Reino Unido. Uno de los países pioneros en la despenalización del aborto ha vivido estos días el intento de un grupo de diputados católicos de forzar una votación en el Parlamento para modificar la ley del aborto. El hecho es noticia porque algunos de esos diputados pertenecían a las filas del laborismo inglés.

Mientras que los defensores de la libertad de elección asistimos incrédulos a esta contienda en Occidente por el menoscabo de uno de los derechos sexuales y reproductivos básicos de las mujeres, en otras partes del mundo ni siquiera se puede participar de la lucha por la consagración de este derecho, porque simplemente no se considera una posibilidad.

Mientras este pulso de fuerzas tiene lugar, en el mundo se realizan 42 millones de abortos, 20 de ellos en condiciones de riesgo, de los cuales, el 97% en países en desarrollo. Las complicaciones derivadas causan la muerte a unas 80.000 mujeres al año, mientras que otras cientos de miles sufren lesiones temporales o permanentes, sangrado, lesiones de órganos internos e infertilidad. Además, un tercio de las mujeres hospitalizadas por complicaciones derivadas de un aborto son jóvenes menores de 20 años.

Esto demuestra que hay una clara relación entre pobreza y aborto inseguro, pero también entre legislación restrictiva y aborto; porque la realidad se ha encargado de demostrar que ningún límite legal puede impedir que una mujer que se ve abocada a un aborto lo lleve a cabo.

Desde la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) nos gustaría que en esta contienda en la que nos vemos inmersos no perdiéramos la perspectiva de estos hechos. Cuando la comunidad internacional reconoce en la Conferencia Mundial sobre la Mujer (Pekín, 1995) que “los derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva…” se está reconociendo el derecho a decidir sobre la fecundidad. Y para poder ejercer ese derecho, hombres y mujeres recurren a métodos anticonceptivos, pero también al aborto, una opción que a veces es la única para muchas mujeres. No podemos, por tanto, desligar la salud sexual y reproductiva del recurso al aborto.

ACAI considera que los distintos agentes sociales, sanitarios y gubernamentales deberíamos ser capaces de asegurar interrupciones del embarazo seguras, que impidan la muerte de miles de mujeres cada año. En todos los casos, las mujeres deberían tener acceso a la información, a servicios de calidad y a orientación en materia de anticoncepción. Porque tal como se explicita en el Plan de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) “…las mujeres con embarazos no deseados deberían tener acceso rápido a información fiable… acceso a servicios de calidad para el tratamiento de las complicaciones causadas por el aborto…” al tiempo que “…todos los gobiernos son llamados a tratar el impacto del aborto inseguro”.

El aborto es un derecho de todas las mujeres, dentro y fuera de nuestras fronteras, y cualquier fisura en los derechos conquistados en los países desarrollados supone un retroceso en los demás. Queremos recordar a los promotores de las campañas antielección que la vida de cualquier mujer está por encima de cualquier lucha política e ideológica.

Eva Rodríguez Armario es presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI).

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