18 abr 2013

La restricción del aborto desata un conflicto interno en el Ejecutivo

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La restricción del aborto desata un conflicto interno en el Ejecutivo

El Gobierno estudia varias opciones, unas más laxas que otras, pero todas son una marcha atrás. El entorno de Rajoy asume que el cambio legal no gustará ni a los más conservadores ni a la izquierda

PATRICIA MARTÍN GEMMA ROBLES 18/04/2013

 EL PERIÓDICO.

Para disgusto de la conferencia episcopal y los sectores ultras, el Gobierno guarda bajo siete llaves una de sus promesas estrella: la reforma de la ley del aborto. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, afirma que el proyecto verá la luz “muy pronto”, pero lo cierto es que la aprobación del anteproyecto ya se ha retrasado tres veces y nadie en el Ejecutivo es capaz de aventurar cuándo y qué saldrá del cajón de Gallardón, dado que el texto no está cerrado y aún quedan puntos fundamentales por definir. El aborto es un asunto espinoso, que colocó en un brete a Felipe González y a José Luis Rodríguez Zapatero, los únicos presidentes que se atrevieron a abrir este melón, y Mariano Rajoy va por el camino de provocar un terremoto incluso mayor. Un asunto con tantas derivadas éticas y médicas provoca controversia no solo en el seno del PP, sino también dentro del reducido Consejo de Ministros.

Gallardón –designado por Rajoy para pilotar el cambio legal a fin de darle un cariz jurídico y no sanitario– ha concluido ya el periodo de consultas y tiene sobre la mesa borradores con diversas opciones, basados en legislación comparada y la experiencia de otros países. Todos ellos restringen la actual ley de plazos, que permite el aborto libre hasta la semana 14, pero unos son considerablemente más duros que otros.

LA SALUD DE LA MADRE Con el pretexto de proteger al no nacido como exige el fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre la ley del 85, el Gobierno de Rajoy pretende que no se pueda abortar salvo que se dé una serie de circunstancias. El supuesto que genera menos controversia es el aborto después de una violación. Sin embargo, las posibilidades de interrumpir un embarazo por motivos de salud psíquica o física de la madre o por malformaciones fetales generan más dudas. Justicia ya ha dejado claro que el supuesto de riesgo para la madre no se convertirá en un coladero, como sucedía con la norma de los años 80.

En este tema, las posiciones en el Ejecutivo oscilan entre las que defienden que bajo este argumento no se pueda abortar a las que son más laxas, pero exigen que haya una prescripción médica. El debate también está en si bastará con la certificación de un solo médico (como sucedió hasta que entró en vigor, en el 2010, la norma actual) o se requerirá la firma de varios, lo que dificultará la intervención a aquellas mujeres que decidiesen someterse a la misma con un avanzado estado de gestación.

En cuanto al supuesto de malformaciones fetales, Gallardón sostiene que es incompatible con el convenio ratificado por España que impide discriminar a los discapacitados. Pero a partir de ahí las opciones van desde los ministros partidarios de que solo se pueda interrumpir un embarazo ante enfermedades que provocarán la muerte del bebé después de nacer, hasta los que opinan que se debería permitir las intervenciones en el caso de que las madres aleguen que les crea un conflicto personal dar a luz a un niño con una enfermedad grave. En este último caso, tendrían que ponerlo por escrito (y quizá certificarlo un psicólogo) para evitar la desprotección legal del no nacido. También se baraja la posibilidad de que se permita la intervención solo ante una lista de malformaciones que prevea la ley.

En cualquier caso, el Ejecutivo pretende ofrecer a la madre información orientada a que prosiga con su embarazo. Para reforzar esta opción, el PP planeó unir la reforma legal a un plan de apoyo a las familias (que incluía desgravaciones fiscales para las numerosas, entre otras cosas, y cuya puesta en marcha depende de la economía). Asimismo, se impedirá abortar a las menores sin consentimiento paterno y se creará un registro de médicos objetores.

ÚLTIMA PALABRA Rajoy tendrá la última palabra acerca del grado de dureza que se imprime al texto. El sector moderado del Ejecutivo pide que se espere a que el TC se pronuncie sobre la ley actual y si es inconstitucional, cubrirse de razones para reformarla. Asimismo, Justicia no quiere que su presentación coincida con algún escándalo que afecte al Gobierno o al PP, para que no se le acuse de querer tapar la polémica. En todo caso, La Moncloa asume que el texto legal desatará encendidas críticas a derecha e izquierda

 

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