La IVE en España está disminuyendo y se realiza en las primeras semanas de gestación

Consolidando la tendencia de años anteriores y al igual que ocurre con el descenso de los nacimientos, la bajada en el número de abortos, responde a movimientos migratorios, envejecimiento de la población, descenso de mujeres en edad reproductiva, la lenta, pero paulatina mejora en los hábitos contraceptivos y al uso de la anticoncepción de emergencia

Con ocasión de la difusión pública del Informe Anual de Aborto Provocado (1.057 interrupciones menos) y transcurridos más de siete años desde la implantación de la actual Ley de SSR e IVE; ACAI valora que:

LA IVE EN ESPAÑA ESTÁ DISMINUYENDO Y SE REALIZA EN LAS PRIMERAS SEMANAS DE GESTACIÓN.

ES SEGURA, ACCESIBLE Y GRATUITA.

El Aborto Provocado no está vinculado a mujeres sin formación o sin empleo.

Consolidando la tendencia de años anteriores y al igual que ocurre con el descenso de los nacimientos, la bajada en el número de abortos, responde a movimientos migratorios, envejecimiento de la población, descenso de mujeres en edad reproductiva, la lenta, pero paulatina mejora en los hábitos contraceptivos y al uso de la anticoncepción de emergencia.

Madrid, 29 de diciembre de 2017.

• Bajo el amparo de la actual normativa y a través de la cobertura de los centros de IVE, el aborto provocado en España es una prestación sanitaria segura y gratuita.
  

• La morbimortalidad en nuestro país es prácticamente nula y la gratuidad está garantizada a través de un sistema de concertación entre los centros acreditados para la IVE y las administraciones sanitarias de las distintas autonomías. Este sistema de derivación permite que el recurso de aborto NO tenga coste alguno para la mujer.

• Los centros de IVE son centros concertados, acreditados por las autoridades sanitarias y sujetos al control público. La IVE NO es una intervención privada. La interrupción voluntaria del embarazo es una prestación sanitaria incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y financiada públicamente.

• La accesibilidad para todas aquellas mujeres que quieren interrumpir su embarazo durante las primeras catorce semanas (más del 90% del total) está garantizada y su acceso es libre. En el caso de los abortos de más de 14 semanas de gestación (patologías fetales en su mayoría), se registran algunas dificultades de acceso al no existir centros especializados en todas las autonomías.

• Frente a la legítima aspiración de algunas fuerzas políticas y asociaciones feministas que piden que la IVE se realice “directamente” en centros públicos, sin derivaciones; tenemos que preguntarnos si: ¿hay voluntad política para que así sea?, ¿están formados los/as profesionales de la sanidad pública para realizar abortos?, ¿se les formará en todas las técnicas?, ¿se va a seguir garantizando el acompañamiento y la intimidad de las mujeres?, ¿podrá seguir eligiendo la mujer el método de la intervención: farmacológico o instrumental?, ¿se van a destinar recursos económicos a tales fines?

• La objeción de conciencia de los/as profesionales en nuestro país no responde, mayoritariamente, a valores morales, sino a razones de prestigio profesional. Realizar abortos es una práctica estigmatizada y, por tanto, la reflexión general es que como médico/a no me va a sumar, sino a restar proyección profesional y, en consecuencia, evito su práctica.

• El método farmacológico, siendo éste un método seguro si se realiza con supervisión y acompañamiento, se está convirtiendo en un inesperado aliado de la objeción de conciencia, ya que la técnica farmacológica podría suponer una implicación mínima del personal médico y sanitario en el proceso de aborto, dado que es la mujer la que con esta técnica “prácticamente realiza por sí sola su interrupción”. Lo cual permite a los/as profesionales que no quieren realizar abortos quedarse al margen, limitándose a suministrar las dosis correspondientes de mifepristona y misoprostol. De ahí que la generalización del método farmacológico encuentre aliados/as entre el personal médico contrario al aborto, o entre aquellos/as que no quieren cruzar su carrera profesional con la práctica sanitaria de aborto.

• Con la intención de que el aborto provocado se realice directamente en los centros públicos, pero con una implicación mínima de sus profesionales, estamos asistiendo a la expansión paulatina del método farmacológico en detrimento del instrumental. De generalizarse esta tendencia impulsada por la industria farmacéutica, se perdería una técnica segura, la instrumental, elegida hoy por el 80% de las usuarias. Por otra parte, se estaría desoyendo una de las principales recomendaciones de la OMS y otros organismos internacionales, quienes advierten de la necesidad de que los/as profesiones que realicen abortos se formen en todas las técnicas de IVE para garantizar la seguridad de la intervención, atender las diferentes situaciones médicas y personales de las mujeres, así como, las posibles complicaciones del método farmacológico, incluido su fracaso.

• Para los/as profesionales de ACAI, imponer, limitar, generalizar uno de los dos métodos sobre el otro, no son si no mecanismos que merman el empoderamiento de la mujer; irrespetuosos con su legítima libertad de elección. La mujer debe decidir no solo si interrumpe o no su embarazo, sino el método con el que desea hacerlo de acuerdo a su situación médica y personal.

• La Asociación de Clínicas Acreditadas para la IVE pide que se impulsen políticas preventivas en materia de educación sexual y se garantice un acceso real a la contracepción (todo ello previsto en la norma) ya que son esas medidas las que evitarían los embarazos no deseados.

• ACAI pide la revocación de la Ley 11/2015 de 21 de septiembre a partir de la cual las menores de 16 y 17 años tienen que contar con la autorización de uno de sus tutores legales para acceder a la IVE. Entre 300 y 400 menores (según cálculos de ACAI) habrían pasado a una situación de inseguridad jurídica y física ante la imposibilidad manifiesta de no poder contar con la autorización de sus tutores legales.