“Estuve más de año y medio imputado cuando todos nuestros abortos eran legales”

A través de los enlaces: http://www.youtube.com/watch?v=nU-Y85rjuSw y http://nosotrasdecidimos.org/las-intervenciones-de-las-jornadas-salud-sexual-y-reproductiva/; se puede acceder a la Conferencia del Doctor, Alberto Stolzemburg, a propósito de la legislación comparada de aborto en el marco de la Unión Europea.

La conferencia del representante de ACAI fue pronunciada en el marco de las Jornadas organizadas por la Plataforma: Decidir Nos hace Libres y los Socialistas Europeos, PSOE, el pasado 15 de febrero en el Ateneo de Madrid.

¿Qué pasa con la ley del aborto?

“Es el patriarcado hecho ley. Papá Estado tutelando tus entrañas”. Así explica Laura, madrileña de 28 años, con dos carreras y soltera, lo que para ella significaría dar un paso atrás en la ley del aborto. Interrumpió su embarazo en febrero de 2011: “No fue una decisión fácil, aunque existe la falacia de que abortar mola”.

Empar Pineda, portavoz de la clínica Isadora y, dice, defensora de los derechos de las mujeres desde que tiene memoria, se muestra intranquila ante la reforma del aborto en España que el Gobierno de Rajoy quiere poner en marcha. “Los anuncios de Gallardón [ministro de Justicia] dan a entender que la nueva ley irá más atrás de la del 85″, explica en referencia al texto que sustituirá a la Ley de Salud sexual y reproductiva de 2010 que, entre otras cosas, permite abortar libremente hasta las 14 semanas de gestación.

“¿Por qué ese miedo hacia el poder de la mujer?”, se pregunta el Diego Fernández Álvarez de la clínica Dator, otra de las siete donde se practican abortos en la capital. “Por los derechos de la mujer nunca se puede dejar de luchar, a la primera de cambio intentan suprimirlos”, añade. “¿Quién me va a obligar a mi a ser madre?”, insiste su compañera y portavoz del centro, Olga Sancho.

Pero la posible reforma de la ley del aborto en España inquieta por igual a unos y a otros. El director del conservador Foro de la Familia, Ignacio García Juliá, sostiene que el nuevo marco legal “se quedará corto”. Esta organización rechaza el aborto incluso en caso de malformación del feto por considerar que la interrupción del embarazo “es una monstruosidad”. Juliá aboga por un mayor apoyo estatal a las mujeres para “que no tengan que abortar” y asegura que, según los datos aportados al foro por la fundación antiabortista Red Madre, el 80% de las madres que dudan sobre su embarazo decide llevarlo adelante si reciben ayudas.

Este colectivo, que ofrece alternativas a la interrupción del embarazo y ayudas económicas, atendió en 2011 a 4.170 mujeres. Ese mismo año, en toda España abortaron 118.000 mujeres, según el Ministerio de Sanidad.

La Asociación de clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo (ACAI) ofrece datos totalmente opuestos. Este colectivo ha publicado una estadística con datos de 5.100 mujeres que abortaron en sus centros entre febrero y marzo de 2012. Según este estudio, sólo un 22% de las mujeres habría seguido con su embarazo si hubiera tenido una mejor situación económica.

NO HAY ACUERDO NI EN EL PP

Estadísticas aparte, los anuncios que Gallardón, ha estado haciendo durante los últimos meses han enfrentando no sólo a los colectivos que están a favor de mantener la ley actual y los que prohibirían el aborto, sino dentro de su propio partido.

La diputada Beatriz Escudero aseguró hace semanas en el Congreso que las mujeres que abortan son las que no tienen estudios (cuando en realidad sólo el 3% de las que interrumpen su embarazo carece de educación). El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, aunque advirtió que hablaba a título personalcomparó los abortos con ETA.

En medio de este revuelo, Soraya Saenz de Santamaría ejerció de pacificadora y el viernes pidió un “debate sereno” y dibujó las líneas fundamentales de la controvertida ley: “La jurisprudencia respecto a la ley del aborto inicial que estuvo vigente hasta la pasada legislatura” y “cumplir el compromiso de intervención de los padres en los abortos de menores de 16 y 18 años”.

La vicepresidenta no confirmó nada del tercer punto más comentado, prohibir el aborto en caso de malformación del feto, aunque reconoció que se lo estaban planteando. Sin embargo, el titular de Justicia ha vuelto a insistir en el tema y ha asegurado que se “va a adecuar” esta reforma al mandato de Naciones Unidas que “prohíbe que exista cualquier tipo de discriminación por razón de capacidad”.

Mientras tanto, presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha tratado de frenar la polémica y ha pedido esperar a la decisión final para opinar sobre esta reforma. “Cuando tomemos una decisión, la daremos a conocer y la explicaremos al conjunto de la opinión pública”, comentó el lunes.

“No sabemos qué es lo que hará el Gobierno, pero tiene una deuda muy grande con la Iglesia y con las organizaciones provida”, comenta Empar Pineda que coincide con los socialistas. “Parece que los obispos y el PP se han vuelto a poner de acuerdo para cercenar la libertad de las mujeres”, denunciaba Elena Valenciano.

LA LEY DE LA DISCORDIA

LEGISLACIONES SOBRE EL ABORTO EN ESPAÑA: ·El proyecto catalán. El 25 de diciembre de 1936 el Gobierno de Cataluña promulgó una ley para legalizar el aborto con el fin de terminar con las prácticas clandestinas. Fue derogada al final de la Guerra Civil.

·Un atentado contra el Régimen. Durante la dictadura franquista el aborto se consideraba un atentado contra la nación y tanto las aborteras (las que ayudaban a abortar en la clandestinidad) como las propias mujeres se enfrentaban a penas de hasta seis años de cárcel. Fueron los años de los viajes a Londres, el perejil y el hinojo, las infecciones y en muchos casos la muerte de las que trataban de parar su embarazo.

·Ley de 1985. La conocida como Ley de los supuestos. Fue aprobada por el Gobierno de Felipe González y permitía el aborto bajo tres supuestos: violación, riesgo para la salud de la mujer y malformaciones en el feto.

·Ley de Salud sexual y reproductiva de 2010. Vigente en la actualidad. Permite el aborto libre hasta las 14 semanas de gestación y hasta las 22 si el feto tiene malformaciones o la salud de la madre corre riesgos. Además, permite que las chicas de 16 y 17 años, interrumpan su embarazo sin un consentimiento paterno.

En 2010, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una de las leyes más progresistas de Europa sobre el aborto para sustituir la de 1985 que parecía no contentar a nadie.

Aunque, para los pro-vida, como explica el director de Foro de la Familia, el supuesto de riesgo para la mujer de la ley anterior “era un coladero”, los colectivos feministas se quejaban de que limitaba el derecho a elegir de la mujer. “Se trataba y se trata de tutelar, nos consideran menores de edad”, protesta la portavoz de Isadora, Empar Pineda.

El otro gran problema de la norma del 85 era que dejaba desprotegidos a los profesionales. Según Pineda “muchas veces los hombres denunciaban a sus exparejas por haber abortado aunque fuera años atrás. Ahí el problema recaía en la clínica y en el doctor”, en ese momento el médico tenía que defender que la interrupción se había realizado dentro de la legalidad.

EL FIN DE LOS SUPUESTOS

El Ejecutivo socialista terminó con los “supuestos” y otorgó a la mujer un mayor campo de acción para decidir sobre su maternidad. Además de las 14 semanas en las que las mujeres pueden interrumpir su embarazo sin dar ningún tipo de explicación ni pedir ningún certificado (policial, en caso de violación, o médico), las menores de 17 y 16 años también tienen la autonomía para hacerlo. “La ley de 2010 reconoce el derecho de las mujeres a decidir sobre su sexualidad, porque no se trata sólo de un documento que permite el aborto”, explica Olga Sancho.

Aunque eso no es todo. La interrupción del embarazo es un servicio recogido en la cartera de la Seguridad Social desde su despenalización en 1985. “Las mujeres podían y pueden solicitarlo gratis, lo que pasa es que ellos nos las mandan a nosotros y luego les pasamos los gastos”, comenta Empar Pineda.

“Hagan lo que hagan, simplemente dar vueltas a este tema supone un retroceso de 50 años en los avances en los derechos de la mujer”, recuerda el médico de Dator, Diego Fernández, quien enumera los problemas que supondrían en la sociedad una ley más limitada haciendo uso de las estadísticas de las Organización Mundial de la Salud que demuestran que leyes más restrictivas no reducen los abortos, sino que aumentan la mortalidad femenina. Cada año 22 millones de mujeres ponen fin a su embarazo de forma insegura en el mundo, de las cuales 47.000 mueren y más de 5 millones tienen secuelas de por vida.

Hay quien dice que volveremos a los viajes a Londres, como el que Pepa hizo en 1977 para abortar cuando en España era ilegal. “Iba acompañada por mis amigas, así que no fue dificil, lo dificil era pensar en que en ese momento un hijo me obligaría a dejar mis estudios y casarme”. Y las peor paradas serán las mujeres sin recursos, porque ellas no podrán salir del país y una cosa es segura para los tres profesionales de Dator e Isadora, “una mujer que quiere abortar lo hace como sea”.

Las españolas quieren saber más sobre la píldora del día después

Beatriz G.Portalatín | Madrid

Actualizado martes 14/05/2013 05:04 horas

Extirpar el pecho para prevenir el cáncer

El Punto-G es el clítoris interno

EL PAIS. Por: Pere Estupinya | 11 de mayo de 2013

La búsqueda científica del punto-G tiene aspectos casi cómicos. En 2012 La revista Journal of Sexual Medicine publicó una revisión de 96 artículos peer-reviewed sobre el punto-G, la fisiología de los genitales femeninos, la eyaculación femenina y el orgasmo vaginal, y una de las conclusiones fue: “las encuestas demuestran que la mayoría de mujeres sí creen que el punto-G existe (…) pero medidas objetivas han fracasado en aportar evidencias fuertes y consistentes de la existencia de un lugar anatómico que pudiera estar relacionado con el punto-G. (…) Quizás el punto-G no se ha estado investigando correctamente”.

Es decir, que cuando más allá de conversaciones de bar o esa acientífica costumbre de referenciar siempre en función de experiencias personales, los investigadores realizan encuestas amplias y metodológicamente rigurosas, un porcentaje alto de mujeres dice tener un área en la parte frontal de la pared vaginal a unos 2-4 cm de la entrada que -cuando están excitadas y en diferente grado depende de la mujer- resulta más sensible que el resto de la vagina. Otra cosa es que los científicos se pongan de acuerdo en qué diantre es fisiológicamente el tan esquivo punto-G…

La búsqueda científica del Punto-G

El médico alemán Ernst Grafenberg fue el primero quien en los años 50 sugirió la existencia de “una área erótica de 1-2 cm en el interior de la vagina que inducía orgasmos por estimulación mecánica directa”. Sus hipótesis pasaron desapercibidas hasta 1982 cuando tras varios estudios la sexóloga Beverly Whipple publicó con su colaborador John Perry el best seller “El punto-G y otros descubrimientos sobre la sexualidad humana”.

Desde entonces la ciencia occidental (en la India ya hacía siglos que hablaban de zonas más sensibles en el interior de los genitales femeninos) empezó a buscar qué podía haber en esa parte frontal de la vagina que ofreciera un placer más intenso.

Primero hicieron análisis anatómicos para ver si encontraban alguna especie de órgano o estructura interna específica que pudiera ser el punto-G. Pero no descubrieron nada.

Luego con estudios histológicos analizaron si esa área de la pared vaginal tenía más concentración de terminaciones nerviosas que pudieran ser responsables de la mayor sensibilidad. Tampoco.

Posteriormente algunos autores sugirieron que las glándulas de Skene (glándulas situadas cerca de la uretra de origen común con la próstata masculina e involucradas en la eyaculación femenina), podrían ser contactadas presionando desde el interior de la vagina y ser las causantes del placer. Pero estudios fisiológicos lo descartaron entre otras cosas por no tener suficientes receptores sensitivos.

Tal fue el fracaso el la búsqueda anatómica del punto-G, que algunos científicos empezaron a declarar que el punto-G era “un mito de la ginecología moderna” (Hines TM, 2001).

Entrevistada para el libro “S=EX²“, Beverly Whipple reconoce que “quizás el problema haya sido el nombre de punto, que nos hace pensar en una especie de botón mágico cuyo contacto directo genera más placer. Nosotros nunca dijimos que fuera una unidad anatómica independiente, sino simplemente un área de la pared vaginal con más sensibilidad que el resto. Y eso es incontestable, por mucho que los investigadores no sepan identificarla.”

La ciencia iba un poco perdida, hasta que en 2009 la francesa Odile Buisson publicó una hipótesis realmente interesante: el punto-G no era más que una zona de la vagina desde donde contactar indirectamente con el clítoris interno.

El clítoris de la mujer es mucho más grande y parecido al pene de lo que pensamos (ambos vienen de la misma estructura embrionaria, sólo que el pene crece y sale hacia fuera y el clítoris se desarrolla por dentro). La parte externa que vemos del clítoris es sólo su glande -equivalente al glande masculino-, y por dentro tiene un cuerpo mayor con cuerpos cavernosos y esponjosos que como el pene también se hinchan durante la excitación sexual. Mediante detallados sonogramas, Odile Buisson demostró que cuando el clítoris está erecto sus partes internas quedan muy cerca de la vagina, y sugirió que esto podría ser la explicación a la mayor sensibilidad.

Otros estudios con imágenes de ultrasonidos encontraron diferencias en el grosor del espacio uretrovaginal entre mujeres que tenían orgasmos por contacto en el punto-G y las que no. Uniendo todos estos datos, Buisson concluyó que el punto-G sería la zona de la vagina desde donde ejerciendo presión –y favorecido por un espacio uretrovaginal estrecho- se podrían alcanzar la parte interna del clítoris.

Los orgasmos exclusivamente vaginales son menos frecuentes, pero sí existen

La hipótesis de Buisson es la más aceptada hasta la fecha, y algunos la han interpretado asegurando que en realidad todos los orgasmos femeninos son clitorianos, ya sea por estimulación externa directa o interna a través del punto-G. No es del todo acertado.

Cierto que la mayoría de orgasmos “vaginales” durante la penetración lo son por contacto indirecto con el clítoris interno, pero hay varias evidencias de que el orgasmo exclusivamente vaginal sí existe.

La primera sería que muchas mujeres definen ambos tipos de orgasmos como muy diferentes. El clitoriano sería más localizado y el vaginal más “corporal”. Esto no invalida necesariamente la hipótesis anterior, puesto que las terminaciones nerviosas que llegan al glande y cuerpo de penes y clítoris son diferentes. A los glandes sólo llega el nervio pudendo mientras que al cuerpo lo hace también el pélvico, y eso podría explicar las diferentes sensaciones.

Sin embargo estudios recientes introduciendo sensores térmicos en las vaginas han observado mayor sensibilidad de la pared anterior que la posterior sin necesidad de realizar presión alguna, y también recientemente el italiano Emmanuelle Jannini ha sugerido la existencia de una zona más gruesa y con más terminaciones nerviosas en la pared vaginal anterior, que en lugar de punto-G él prefiere llamar complejo clito-uretro-vaginal (CUV). Además por otra parte sabemos que algunas mujeres tienen orgasmos “no genitales” por estimulación de pechos u otras áreas del cuerpo, sin que el clítoris esté involucrado.

Pero quizás los datos más concluyentes son los de Barry Komisaruk con escáneres de resonancia magnética funcional, mostrando que se activan dos zonas diferentes de la corteza sensorial del cerebro cuando una mujer estimula su clítoris o el interior de la vagina. Esto indica que hay diferentes nervios recibiendo la señal del clítoris y de la vagina, y que en algunas mujeres la estimulación sólo de estos últimos puede conducir al orgasmo.

De hecho Barry Komisaruk ha investigado con mujeres con lesión medular sin sensibilidad en clítoris ni entrada de la vagina, debido a que la lesión es por encima de la salida del nervio pudendo y pélvico, pero que sí tienen sensibilidad en áreas vaginales más internas y en el fondo del cuello del útero. Allí llegan el nervio hipogástrico (que sale de la columna vertebral a una altura superior) y el nervio vago (que no pasa por la médula espinal y transmite información al cerebro de órganos internos como riñones, hígado, estómago, pulmón o útero). Según ha publicado Komisaruk algunas de estas mujeres discapacitadas sin sensibilidad clitorial han alcanzado orgasmos estimulando zonas más profundas de la vagina, siendo la evidencia más fuerte hacia la distinción entre ambos tipos de orgasmos.

Cierto que en realidad muchos de los orgasmos “vaginales” en realidad son “clitorianos internos”, pero varios estudios indican (además de las experiencias de millones de mujeres) que los exclusivamente vaginales también pueden existir.

Contacto: pere@mit.edu / Twitter: @Perestupinya / Facebook Group

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Los ultras agitan el aborto eugenésico

Un grupo de organizaciones conservadoras lucha desde hace años contra el supuesto de malformación en la UE. Su discurso radical solo ha cuajado en España

María R. Sahuquillo Madrid 12 MAY 2013 – 22:56 CET111

EL PAIS.

La propuesta de eliminar la opción de interrumpir un embarazo si se diagnostica una anomalía fetal no es nueva. Un puñado de organizaciones ultraconservadoras lleva años haciendo campaña en Europa para que se prohíba lo que denominan “aborto eugenésico”. Lobbies como Alliance Defending Freedom y asociaciones como European Centre for Law and Justice (ECLJ) o Christian Concern hace tiempo que reformularon su discurso radicalmente en contra de esta intervención para añadirle una puntilla más específica: asimilar el aborto por malformación con la selección de la especie. Idea en la que se apoyan para argumentar que esta intervención discrimina a los discapacitados, y que les ha acercado a algunos de sus colectivos, que nada han tenido que ver tradicionalmente con la oposición al aborto.

Su doctrina, que no es más que un primer acercamiento a la prohibición de esta intervención médica en todos los casos, ha cuajado entre el sector más conservador del PP, que ha asumido su discurso. De momento, España es el único país de la UE en el que han logrado poner su pica. A pesar de la fuerte división interna, el Gobierno de Mariano Rajoy estudia suprimir el supuesto de anomalía fetal —ahora posible sin plazo si el caso es extremadamente grave— en la nueva (y más restrictiva) ley que prepara. Una idea que ha cristalizado en el discurso del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y que satisface también a otros miembros del partido.

De hecho, algunos tienen estrechos lazos con estas entidades contrarias a los derechos sexuales y reproductivos. Como el exministro Jaime Mayor Oreja, ahora eurodiputado, que se ha apoyado en ellas para sacar adelante la iniciativa popular europea contra el aborto que promueve, con la que trata de vaciar de fondos públicos cualquier programa y proyecto que haga referencia a esta intervención (incluso aquellos que tratan de salud sexual). Otros vínculos son más sutiles. En 2012, varias asociaciones europeas —la mayoría antiabortistas, pero también algunas en defensa de las personas con síndrome de Down— encabezadas por el ECLJ, lanzaron la campaña Stop eugenics now (Paren la eugenesia ya). Dos meses después, un grupo de europarlamentarios firmaba una moción casi idéntica en el Consejo de Europa. Entre los españoles (todos del PP) estaban Ángel Pintado o Carmen Quintanilla, presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso. Hace un mes, el consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, clausuró unas jornadas organizadas por Derecho a Vivir dedicadas a rebatir el aborto por malformación.

A pesar de estos gestos, estas entidades, de ideario próximo al Vaticano, afirman que no tienen vinculación política. “Defendemos la vida con argumentos científicos. Somos independientes”, apunta Gádor Joya, portavoz de Derecho a Vivir. De hecho, en España han sido muy beligerantes con el ala menos conservadora del PP. Recriminan que en los ocho años de Gobierno de José María Aznar no se tocase la regulación del aborto, y critican el retraso del Ejecutivo de Rajoy para endurecer la ley de plazos.

Su alegato sobre los derechos de los discapacitados toca a otros sectores

A pesar de que llevan años avivando el debate —han colaborado en iniciativas para vetar la educación sexual en Reino Unido y Suecia o la financiación pública del aborto en Suiza— son poco numerosos. Derecho a Vivir, fundada en 2008 específicamente para combatir el anuncio de la ley del aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tiene unos 5.000 socios; y Alliance Defending Freedom, con un carácter más especializado en influir en el ámbito judicial, cuenta con 132 afiliados y 40 trabajadores, según el registro de transparencia de la UE (donde se inscriben los lobbies). Dispone, eso sí, de un presupuesto abultado: más de 27 millones de euros. Fruto, explica Roger Kiska, consejero legal, de donaciones privadas; una parte importante procedentes de su organización madre en Estados Unidos, American Center for Law and Justice. La misma de la que depende el ECJL.

Es el modelo común. Todas precisan que se nutren de fondos privados. Con ellos organizan campañas, seminarios, actuaciones en Internet… Fórmulas de influencia básicas —también reuniones con eurodiputados y Gobiernos— a las que han añadido otras, más nuevas, como la de judicializar su causa en las instancias internacionales para obtener sentencias que apoyen su argumento. En esto se centra Alliance Defending Freedom y su equipo de 40 abogados. “Además, colaboramos con más de 2.100 juristas de todo el mundo. Y trabajando junto a cientos de abogados cristianos y organizaciones afines de toda Europa, hemos iniciado batallas legales clave en la Corte Europea de Derechos Humanos, la UE, la ONU y los Parlamentos y cortes nacionales”, explica Kiska.

Ahora están en vilo por el próximo pronunciamiento del Tribunal de Estrasburgo sobre el caso de una mujer letona que tuvo una hija con síndrome de Down y que denunció que se le negaron las pruebas de diagnóstico prenatal, unos test a los que se oponen y que también consideran eugenesia. “Estos análisis podrían ayudar a los padres a prepararse para recibir a un hijo con necesidades especiales, pero se están empleando como una fórmula de selección para acabar y abortar a los bebés menos perfectos, incluso aquellos afectados por algo tratable como un pié zambo o labio leporino. Eso es un uso cruel e incluso abusivo de estos análisis”, opina Andrea Minichiello Williams, director de Christian Concern. Esta y otras organizaciones afines se movilizaron hace unos meses contra un test de una empresa alemana que permite detectar ciertas anomalías genéticas a través de la sangre, de manera más sencilla que la tradicional amniocentesis.

Sin embargo, a pesar de que, como ese, sus temas de oposición son variados —investigación con embriones, cuidados paliativos— es el espinoso debate sobre el aborto por anomalías fetales lo que más frutos les está reportando. Porque con la asociación de esta práctica con la discriminación por discapacidad han tocado la tecla de personas y entidades que nunca habían hablado de derechos sexuales y reproductivos. “El aborto por malformación se basa en criterios eugenésicos: todo aquel al que se le diagnostique una enfermedad o malformación física puede ser eliminado sobre la base de este supuesto. Eso es discriminación y es algo fácilmente defendible incluso por personas que pueden estar a favor del aborto, como el Cermi”, dice Joya.

Son contrarios también a las pruebas de diagnóstico prenatal

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), efectivamente, exige que se suprima el supuesto de aborto por malformación. “Hablar de anomalía fetal es hablar de discapacidad y eso, por supuesto, es discriminación. Es exactamente igual que si se permitiese un aborto porque el feto es una niña”, opina Pilar Villarino, directora ejecutiva del Cermi. De hecho, fue un informe de esta institución para el Comité en Defensa de las Personas con Discapacidad de la ONU lo que suscitó que este recomendase a España revisar “el plazo” en el que permite esta intervención “por razones exclusivamente de discapacidad”. Recomendación –sobre el plazo y en el marco de una Convención que no hace referencia ninguna al aborto– que ahora enarbola Gallardón como base para cambiar la ley. Sin embargo, el Cermi, que insiste en que no tiene una postura institucional sobre el aborto ni vinculación alguna con los grupos que lo combaten. De hecho, defiende una ley exclusivamente de plazos, en la que la mujer pueda abortar sin alegar razones. Como la actual, hasta las 14 semanas de gestación.

Pero el argumento sobre la discriminación es controvertido. Marta Pozo, profesora de Derecho de la Universidad de Salamanca, indica que, en principio, no hay ningún argumento jurídico expreso con el que sostener que el aborto por anomalía fetal discrimina a los discapacitados. En cambio, si se suprimiese de la ley “se quebrarían los derechos de la madre imponiéndole una conducta que excede los límites de lo razonable. Eso quebraría la doctrina del Constitucional que indica que los derechos de esta y el bien jurídico vida del nasciturus deben ser ponderados”, indica Pozo.

“Los antiabortistas saben que no hay interés público en prohibir el aborto, así que buscan formas de restringirlo. Se centran en las anomalías fetales porque eso les acerca a algunos grupos que trabajan por los derechos de los discapacitados”, dice Jane Fischer, directora de Antenatal Results and Choice, una ONG que informa sobre todas las opciones disponibles a los padres que, como ella en su día, reciben un diagnóstico prenatal complicado. “Además, saben que el argumento sobre la discriminación incomoda a algunos que están a favor del derecho a decidir sobre la maternidad. Pero las familias toman su decisión con lo que sienten y con lo que el diagnóstico y el pronóstico significan para la vida del niño y para sus vidas como padres. Con eso no están devaluando la vida de las personas que viven con discapacidad”, añade.

De fondo están las familias, apunta Neil Datta, secretario del Foro Parlamentario Europeo de Población y Desarrollo (EPF). “Estos grupos están atacando el caso más complicado empleando argumentos emocionales y retorcidos, alejados de la realidad de las mujeres y las familias que pasan por esa situación”, dice. Los verdaderos afectados. Para ellos, reconoce Fischer, el acalorado debate actual que, en cierta manera, criminaliza a quienes optan por interrumpir el embarazo, no es fácil.

Intervención por razones médicas

La ley permite el aborto desde la semana 14ª —tiempo en el que no es necesario dar ninguna razón— hasta la 22ª si existe riesgo para la madre o si dos médicos diagnostican una anomalía fetal grave. Tras ese plazo solo se permite si un comité clínico, designado por las autoridades, considera esa anomalía extremadamente grave e incurable o incompatible con la vida.

- Pocos casos. Solo el 3% de los abortos que se realizan en España son por anomalía fetal. En 2011 fueron 3.200, 356 de ellos por encima de la semana 22ª, según los datos de Sanidad.

- Tipos. Un estudio sobre patologías fetales elaborado por la clínica El Bosque, de Madrid, que analiza los casos atendidos allí, muestra que estas anomalías suelen ser del sistema esquelético, craneofaciales y del sistema nervioso, polimalformaciones, crosomopatías, malformaciones cardiopulmonares severas, anomalías renales y malformaciones digestivas.

- El perfil. La mayoría de las intervenciones por el supuesto de anomalía fetal se registran en mujeres de 30 a 39 años. No llegan a la mitad las que tienen un hijo previo, según los datos de El Bosque.

- Diagnóstico. En 2012, los comités clínicos rechazaron la intervención en casos que no se consideran incompatibles con la vida ni extremadamente graves o incurables como osteocondrodisplasia, síndrome de Down o labio leporino

El PP equiparó en 2010 el aborto por malformación con el exterminio nazi

Los populares ya pidieron entonces la supresión del supuesto de anomalía fetal

El PP expuso su plan en el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Zapatero

Alegaba que el Estado ya tiene medios para atender a los dependientes graves

Vera Gutiérrez Calvo Madrid 10 MAY 2013 – 00:21 CET155

Uno de los aspectos más controvertidos de la nueva ley del aborto que prepara el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, es la supresión del supuesto de malformación fetal, que existe desde hace casi 30 años. Una supresión que él ha defendido en público varias veces —aunque aún no ha concretado si eliminará por completo el supuesto legal o lo limitará considerablemente— y que en los últimos días, tras meses de revuelo mediático, ha generado cierto debate interno en el PP. Esa postura de Gallardón, sin embargo, no es ni nueva ni marginal en el partido de Mariano Rajoy.

Los populares ya sostuvieron en 2010 que la malformación fetal no debía ser un motivo para permitir a una mujer abortar. Lo pusieron por escrito —en el recurso de inconstitucionalidad que presentaron contra la ley del aborto aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero— y con términos durísimos: equiparando el aborto de un feto con graves anomalías a las leyes de exterminio y esterilización nazis, o asimilándolo a la discriminación por motivos de raza.

“Esos casos de aborto eugenésico”, decía el recurso sobre el supuesto de anomalía fetal en la versión de 2010, “no pueden dejar de recordarnos teorías eugenésicas —de infausto recuerdo cuando fueron objeto de aplicación en la historia— que defendieron las tesis de ‘vidas que no merecen la vida’ (lebensunwertes Leben) o ‘vidas que son una carga’ (Ballastexistenzen)”. Esos términos —que el PP recogía en alemán— los utilizó la Alemania nazi para justificar el exterminio o esterilización de un sector de la población.

El recurso, elaborado por el entonces responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, fue firmado por 50 diputados populares; entre ellos, la hoy vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el portavoz parlamentario, Alfonso Alonso, la ministra de Sanidad, Ana Mato, y el propio Rajoy.

El texto se centraba en atacar la principal novedad de la ley de Zapatero: la idea de que el aborto es un derecho de la mujer en las primeras 14 semanas de embarazo, y no un delito despenalizado en ciertos supuestos, que era lo que estableció la ley de 1985. Los populares pedían volver a ese sistema de supuestos de 1985; pero, al analizarlos, proponían ya eliminar uno de ellos: el que desde hace tres décadas permite abortar —en distintos plazos— por malformación, anomalía, discapacidad o enfermedad gravísima del feto.

“Esas discriminaciones en el derecho a nacer [entre fetos sanos y enfermos] no pueden admitirse en un Estado en el que todo ser humano —por grande que sea su discapacidad o grave su enfermedad— tiene derecho a no ser discriminado”, proseguía el PP, citando varios convenios internacionales contra la discriminación. Y abogaba abiertamente por la supresión del supuesto: “No parece que resulte conforme [con la sentencia del Constitucional de 1985] mantener un supuesto de despenalización del aborto que claramente distingue entre vidas más o menos valiosas y del que, además, se ha hecho una aplicación eugenésica en el peor sentido de la palabra (por ejemplo, ya no nace el 90% de los niños con síndrome de Down que nacía hace unos años)”.

El supuesto de malformación fetal fue avalado por el Tribunal Constitucional en 1985 y el PP no lo eliminó en ocho años de Gobierno; en el recurso de 2010 los populares explicaban por qué, en su opinión, ya no había motivo de mantenerlo: la sentencia del Constitucional —interpretaba el PP— respaldó el supuesto porque el Estado, en los años ochenta, no podía asegurar que los niños nacidos con graves problemas de salud fueran “adecuadamente atendidos”; pero hoy en día, argumentaban los populares, hay muchos más recursos, e incluso una Ley de Dependencia, y por tanto ya no hay cabida para el supuesto de aborto por malformación.

En ese punto, el recurso del PP llegaba a afirmar que aceptar una “discriminación negativa fundada en la discapacidad” del feto sería “igual de inadmisible que aceptarla por razones de sexo o raza”. Y lanzaba estas preguntas: “¿Qué diríamos de una ley que permitiera a una mujer interrumpir su embarazo porque el hijo que va a tener es de una raza distinta a la que esperaba? ¿Por qué, sin embargo, el legislador acepta que poner fin a una vida humana porque puede tener anomalías graves o se ha detectado ya en ella una enfermedad incurable y muy grave es perfectamente admisible? […] ¿Es realmente sostenible que, a fecha de hoy, en el Estado social en el que nos encontramos, a una mujer gestante no le es exigible tener a un hijo enfermo cuando el Estado cuenta ya con medios suficientes para asistir a ambos?”.

Cuando el PP presentó este recurso ante el Constitucional no hubo voces críticas en la cúpula del partido. Esta semana, sin embargo, algunos dirigentes —por ejemplo, Alfonso Alonso— han sugerido que debe abrirse un “debate” sobre la conveniencia de eliminar el supuesto de malformación fetal en la futura ley. Según una encuesta publicada por EL PAÍS hace nueve meses, tras anunciar Gallardón sus intenciones, el 81% de los ciudadanos estaba en contra de eliminar ese supuesto, incluidos el 65% de votantes del PP y el 64% de los católicos practicantes

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http://www.huffingtonpost.es/2013/05/08/mujeres-aborto-sin-estudios-datos_n_3239328.html?utm_hp_ref=spain

http://www.acaive.com/condiciones-que-motivan-el-aborto-provocado/noticias/

Argumento abortado

HUFFINGTON POST.

Pablo Machuca Hazte fan

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Los datos contradicen a Beatriz Escudero: De las mujeres que abortan, sólo un 3% no tiene estudios

Publicado: 08/05/2013 21:49 CEST  |  Actualizado: 08/05/2013 22:54 CEST

Nada más lejos de la realidad que lo que dijo Beatriz Escudero, diputada del PP, en el debate sobre la reforma de la ley del aborto en el Congreso de los Diputados: “¿Saben ustedes que en España las mujeres que se ven abocadas al aborto son las que menos formación tienen?”.

Lo dicen las voces expertas, como Santiago Barambio, presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo (ACAI), quien rechaza de plano la afirmación realizada por Escudero. “La ignorancia es muy atrevida”, asegura a El Huffington Post. “Lo que más me sorprende de esta declaración es que dice ampararse en las estadísticas. Esto sucede cuando no te basas en los datos de la gente experta”, se queja Barambio, cuya asociación ha realizado varios estudios sobre los motivos de la interrupción voluntaria del embarazo.

En su último trabajo, de 2012, consultadas 5.100 mujeres, apenas el 3% de las que abortaron no tenían estudios, frente al 65% que abortan con estudios entre la Secundaria y el Bachillerato o equivalentes. En sus conclusiones, el estudio asegura que “el aborto provocado no está vinculado a mujeres sin formación o sin empleo”.

OTRA AFIRMACIÓN FALSA

Esto último también choca con otra de las afirmaciones polémicas de Escudero, quien aseguró, sin aportar dato alguno, que “abortan más las asalariadas y las que trabajan por cuenta ajena que las paradas”. “Eso es una contradicción”, asegura, “perpleja”, Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas. “Precisamente, tienen más recursos a la hora de enfrentarse con un embarazo que una mujer autónoma, que no tiene ingresos regulares y tiene una mayor incertidumbre”, añade.

Besteiro tampoco comprende las palabras de Escudero sobre el nivel de formación. “No tiene absolutamente nada que ver. Eso es desconocer la realidad que hay detrás del aborto, desconocer los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, que existen independientemente de la formación y la ideología. Desconozco de dónde habrá sacado esos datos. No se ha acercado a ninguna clínica, si lo hubiera hecho sabría que no tiene nada que ver”.

Para la presidenta de Mujeres Progresistas la decisión de abortar “no tiene por qué depender de su cultura o su cualificación”. “Hay profesionales con mucha formación que, por lo que sea, no desean tener hijos y es una decisión libremente adoptada. Otras mujeres con poca cualificación, sin embargo, sí que deciden tener familia numerosa y no abortar”, explica.

Lo refrenda otro estudio de ACAI, esta vez de 2010, en el que el número de mujeres sin estudios que abortaron suponía el 4,5%. “Si la diputada llama ‘sin estudios’ a la gente que está en primero de carrera universitaria…”, añade Barambio. En este trabajo se presentaba una ‘foto-robot’ de la mujer que aborta: de 25 años y con recursos propios. “No sirve para nada”, admite el presidente de ACAI, “porque los colectivos vulnerables son inmigrantes, mayores de 40 años, adolescentes y mujeres que viven en áreas con pocos recursos y bajo nivel de instrucción”. “Ahí sí que tendría razón esta señora, pero no son la mayoría, sino más bien la minoría, porque afortunadamente en España la gente va al colegio”.

EDUCACIÓN SEXUAL

“Lo que siempre vendrá bien, y se recoge en la ley actual, es que se efectuara una política de educación sobre los métodos anticonceptivos existentes”, indica Ángela Alemany, abogada y expresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.

Lo mismo piensa Barambio, quien cree que el aborto “es una de las soluciones” y aboga por una educación sexual y sobre anticonceptivos que disminuya las interrupciones voluntarias. “El aborto no es lo que se debería medir para saber lo que sucede”, asegura el máximo dirigente de ACAI, “lo que es preocupante es la cifra de embarazos no deseados, el aborto es uno de los indicadores”.

CRÍTICAS A LA REFORMA DE LA LEY

Barambio pide legislar “sobre la realidad” y critica duramente la reforma de la ley del aborto que plantea el Gobierno. “Tendrán que ser madres porque le gusta mucho al señor Gallardón [ministro de Justicia], lo que piensen ellas da igual. Sólo la mujer sabe si puede enfrentarse a la situación que le representa la maternidad con un hijo que la va a necesitar el resto de su vida”, asegura.

Igual de crítica se muestra Alemany. “Lo que van a hacer es retirar la actual ley, la van a derogar. Lo que no se puede decir es lo que ha dicho Gallardón, es intolerable que diga que, en caso de que no estemos conformes con la ley, se lo digamos a los diputados para que la reformen, porque se crea inseguridad jurídica que no es de recibo para la ciudadanía”.

Besteiro, por su parte, cree que supondrá un retroceso de décadas respecto a la ley actual. “Será volver al franquismo. El aborto dejará de ser un derecho para ser un delito penado y sometido a un procedimiento criminal. Las mujeres que tengan dinero, se irán al extranjero. Las que no lo tengan, abortarán en España en condiciones inseguras y poniendo en peligro su salud. Volveremos a las cifras anteriores a 1985, cuando morían más de 400 mujeres al año por abortos”, explica.