29 oct 2013

Embarazadas en la cárcel por si acaso se drogan

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Embarazadas en la cárcel por si acaso se drogan

EL PAIS. Por: Carolina García | 29 de octubre de 2013

Alicia Beltran, de 28 años, vive en Milwaukee (Wisconsin) y lloró desconsoladamente por miedo e impotencia cuando las autoridades federales llegaron a su casa el pasado 18 de julio y la detuvieron. Embarazada de 14 semanas, y después de pensar que había hecho lo correcto contándole a su médico que había sido adicta a los medicamentos, los agentes la internaron en un centro de desintoxicación para proteger el feto, una medida respaldada por la ley en este Estado.

Beltran tuvo la mala suerte de toparse con una trabajadora social y una médico escépticas que le acusaron de no cuidar a su feto por no querer someterse a un tratamiento de desintoxicación; todo ello a pesar de que en los primeros análisis de orina solo encontraron trazas de Suboxone, un medicamento que palía los síntomas de dependencia a los opiáceos, y que en los segundos efectuados, la mujer estaba limpia.

La trabajadora social le recomendó que volviera a tomar la Suboxone, a lo que ella alegó que no lo necesitaba porque ya no era adicta. Beltran, enfadada, le dio con la puerta en las narices gritando: “A lo mejor lo que tengo que hacer es abortar”. La médico, por su parte, alegó que la mujer “había admitido abiertamente su consumo y abuso”. “Mostró poco control de sí misma y rechazó el tratamiento que se le ofreció -reclutamiento total en un centro o prisión-. La vida del niño depende totalmente de las acciones judiciales que se tomen al respecto”, indicó la doctora. Cuarenta y ocho horas después de estos acontecimientos, varios agentes se personaron en su casa y se la llevaron a la cárcel del condado. Beltrán se enfrentaba a su primera audiencia ante el juez. “No sabía que los no nacidos tenían abogados”, explica Beltran en la historia relatada por The New York Times.

Tras ser detenida, la mujer compareció ante un juez que le indicó que necesitaba un letrado; ante su perplejidad, descubrió que su feto tenía un guardián y que debía luchar por su custodia, explica esta mujer, ya en casa y embarazada de seis meses, tras pasar 78 días en un centro de desintoxicación por orden judicial.

Beltran se ha quedado sin su trabajo a tiempo completo y sus esperanzas de encontrar uno a media jornada son casi nulas: “Salgo de cuentas el 15 de enero y estoy muy asustada de que vengan y se lleven a mi bebé. Se supone que estoy en la época más feliz de mi embarazo y yo solo puedo sentir terror”, ha declarado Beltran al mismo periódico.

La ley de Wisconsin, conocida como “mamá cocaína” y aprobada en 1998, otorga a los facultativos y autoridades el derecho a confinar a una futura madre si consume alcohol o drogas “de forma severa” y se niega a ir a un centro de tratamiento voluntariamente. El caso de Beltran se encuentra en este momento en los tribunales, donde se denuncia la inconstitucionalidad de la regulación; es la primera vez que se desafía la protección del feto sobre el derecho de la madre en EE UU.

Wisconsin, Minnesota, Oklahoma y Dakota del Sur son los Estados de los 50 que conforman la nación que cuentan con una normativa de estas características -poder internar a una mujer embarazada por abusar de sustancias y así proteger al feto-. “Esta regulación también es contraria a su libertad física, a su privacidad médica y a otros muchos derechos constitucionales”, según se explica en la denuncia. “La guerra encubierta entre los derechos de las mujeres embarazadas y los del feto debe acabar”, continúa el texto. Debido a que los datos de la seguridad social de Wisconsin son confidenciales, se desconoce cuántos casos se han dado desde su entrada en vigor en 1998, aunque el periódico asegura que “se sabe que ha habido varios el año pasado”.

Entre aquellos que defienden la regulación, su principal alegación es que la norma “es  un esfuerzo adecuado para proteger al recién nacido”. “Si la madre no es lo suficientemente inteligente como para no tomar drogas, tenemos que actuar. La ley está hecha para proteger a las madres y a los bebés”. Sobre este tipo de leyes se sostienen muchas de las regulaciones antiabortistas del país, que pretenden otorgar al no nacido todos los derechos. A parte de en estos cuatro Estados, en otros existen regulaciones acogidas al derecho civil; a la protección de menores o a las leyes criminales que fuerzan a las mujeres a ir a programas de tratamiento e, incluso, a castigarlas por su consumo.

Las asociaciones contrarias a este tipo de leyes aseguran que hay centenares de casos documentados de mujeres afectadas y que justo coinciden con aquellas que cuentan con menos recursos y  que pertenecen a minorías. Además, la Asociación de Médicos de EE UU  asegura que estas normas “sobrevaloran los efectos de las drogas en los no nacidos”.

Por desgracia, en EE UU existen casos más extremos que el de Beltran en Wisconsin. Por ejemplo, Alabama redactó una ley en 2006, denominada “Protección contra el peligro químico hacia los niños” que, supuestamente, les protege de las metanfetaminas. Gracias, o a pesar de ella,  se ha llegado enviar a más de 100 mujeres a la cárcel porque sus recién nacidos dieron positivo a esta sustancia. Son muchos los Estados que consideran esta ley inconstitucional, pero Alabama ha conseguido aplicarla desde el momento de la concepción.

Los expertos señalan que todas estas injusticias ocurren “porque estas leyes dan a las autoridades el poder y la legitimidad de poner al mismo nivel los derechos de una mujer embarazada y los de los óvulos fertilizados, los embriones y los fetos”. Un hecho que para muchos no tiene ningún sentido, pero que otros han hecho de ello una cruzada en pro de la vida; un debate emocional que, por lo menos en EE UU, parece no tener una fácil solución en un futuro cercano.

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