El grupo municipal del PSOE de Gijón promoverá una declaración institucional para pedir al Gobierno de España que cese en su intención de reformar la actual Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo.

Así lo ha indicado en rueda de prensa la concejala socialista Begoña Fernández, quien ha señalado que su partido apoya al manifiesto «Decidir nos hace libres», un documento elaborado por la Plataforma Estatal en Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que aglutina a más de 140 organizaciones tanto sociales como de defensa de los derechos de las mujeres.

En el acto de presentación de la propuesta han estado presentes representantes de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, Tertulia Feminista les Comadres, Fórum de Política Feminista y de la Asociación de Mujeres Jóvenes, que son parte de las organizaciones adheridas a la plataforma en Asturias.

Fernández ha explicado que, aunque el Gobierno de España no ha adelantado el contenido concreto de la modificación legal que pretende hacer, prevé, a través de las declaraciones que ha hecho el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que la puesta en cuestión de la actual ley supondrá «la desaparición del derecho de las mujeres a decidir la interrupción voluntaria del embarazo en las 14 primeras semanas de gestación».

También supondrá, ha dicho, el «riesgo evidente de que el aborto vuelva a estar regulado en el marco del Código Penal, que lo considerará una conducta punible, con la excepción de determinados supuestos».

«Esta concepción es inadmisible en una democracia avanzada», ha alertado.

La concejala ha indicado que las tasas de aborto se han «estabilizado» en España desde el año 2007, con 11,4 abortos por cada 1.000 mujeres, frente a los 10,4 abortos en el Principado.

«El gobierno de España desoye la realidad social, ya que en el año 2010 de las 50.500 interrupciones voluntarias del embarazo que se realizaron acogiéndose a la ley actual, 44.400 se realizaron por decisión de las propias mujeres, sin argumentar otras situaciones. Estos casos quedarían sin cobertura legal en caso de modificación de la actual ley», ha asegurado.

Para terminar, ha puesto de manifiesto que «sólo el desarrollo de los derechos reproductivos y sexuales, incluidas la información y educación sexuales, y particularmente la garantía de un amplio acceso a los medios anticonceptivos, incluida la anticoncepción poscoital, es susceptible de generar la progresiva disminución de las actuales tasas de aborto».