El Gobierno modificará la ley del aborto
Madrid, 25 ene. 12. Amecopress. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer una reforma de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo de acuerdo “al derecho a la vida según la doctrina ya definida por el Tribunal Constitucional”. Las primeras reacciones no se han hecho esperar.
En su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Gallardón dijo que la ley actual fue aprobada «sin consenso y con la opinión desfavorable de los órganos consultivos» y precisó el Gobierno la modificará para exigir el consentimiento paterno en los casos de las menores de edad que quieran abortar.
La Asociación de Centros Acreditados (ACAI) ha manifestado su “preocupación” por las declaraciones del Titular de Justicia, a quien pide que “abandone las ambigüedades y las sugerencias y clarifique cómo y sobre que aspectos van a basar su reforma de la Ley de SSR e IVE, porque la seguridad y los derechos de más de 100.000 mujeres en nuestro país no pueden ser objeto de especulación”.
ACAI teme que la anunciada reforma pueda significar volver a la ley de supuestos de 1985 o a una ley aún más restrictiva, lo que significaría “volver a tutelar el derecho de la mujer a decidir sobre su gestación”, un “claro retroceso” en relación a los derechos básicos de las mujeres, que distanciaría a España del resto de las legislaciones europeas que sí reconocen la libre voluntad de las mujeres para decidir.
Tal y como viene denunciando la OMS en sus últimas investigaciones, cualquier retroceso de la legislación en materia de aborto expone a las mujeres a un mayor número de abortos inseguros y clandestinos, arriesgando con ello su salud y su propia vida, ya que las mujeres que desean abortar lo van a hacer en cualquier circunstancia, con cobertura legal o sin ella.
Menores de edad
En relación a las mujeres de 16 y 17 años, ACAI vuelve a manifestar que casi el 90 por ciento (87 por ciento) de las menores que acuden a sus centros lo hacen no solo con el conocimiento de sus padres, sino con su apoyo y acompañamiento. Sin embargo, existe un 13 por ciento de esas menores que no pueden obtener la autorización de sus tutores legales; ya que son menores que provienen de familias desestructuradas, en riesgo social, que sufren maltrato en el seno familiar o abusos, siendo en algunos casos el propio embarazo consecuencia de ese abuso. O bien menores inmigrantes que están solas en el país y que no pueden contactar con sus familias.
“Eliminar la salida legal que actualmente ofrece la ley a esas mujeres es abocarlas a un posible aborto ilegal, donde evidentemente su salud se verá perjudicada”, asegura la organización de clínicas acreditadas y advierte que este colectivo de menores representa tan solo un 0’41 por ciento del total de abortos, pero que sin duda alguna representa a un colectivo “altamente vulnerable” y que es tarea de las personas que trabajan con su realidad, pero sobre todo de personas que legislan “no obviar legalmente sus circunstancias”.
La ley vigente desde julio de 2010 no exige el consentimiento paterno, pero sí que los progenitores y progenitoras sean informadas de que sus hijas de entre 16 y 17 años van a interrumpir su embarazo, siempre que éstas no aleguen peligro de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o una situación de desarraigo o desamparo.
Por su parte, Sergio Gutiérrez, secretario general de Juventudes Socialistas de España considera que reformar la ley del Aborto “es un retroceso” y que “lo que el PP quiere es que las mujeres de nuestro país renuncien a sus derechos y vuelvan treinta años atrás”. JSE afirma que “obligar a las jóvenes a tener el consentimiento paterno no sólo limita su derecho a elegir libremente sino que, en determinados casos, supone un problema añadido a la difícil situación por la que ya pasa quien tiene un embarazo no deseado”.
