30 abr 2013

El aborto y las contorsiones de Ruiz-Gallardón

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El aborto y las contorsiones de Ruiz-Gallardón

Por: Milagros Pérez Oliva | 30 de abril de 2013

Por mucha convicción que quiera ponerle, está claro que al ministro Alberto Ruiz-Gallardón le están obligando a tragarse un sapo enorme, verde y viscoso como no se han visto en mucho tiempo. El que durante años se ha preocupado de cuidar con esmero la  imagen de moderado y dialogante, incluso de progresista dentro de lo que cabe en el amplio espectro ideológico de la derecha que aglutina el PP, aparece ahora como artífice de la que puede ser la más retrógrada de las contrarreformas, la de la ley del aborto.

Este es un debate que la sociedad española había dado por superado y que ahora pretende reabrir una minoría radicalizada de la Iglesia católica, que tiene secuestrada desde hace tiempo a su cúpula eclesial y que ahora pretende que el Gobierno imponga a toda la sociedad sus muy particulares dogmas de fe. En este envite no solo se dirime un cambio en la legislación sobre el aborto. También se juega hasta dónde está dispuesto el partido que gobierna a dejarse secuestrar a su vez por esa cúpula intransigente. A nadie se le oculta que La Iglesia, con el cardenal Rouco Varela al frente, pretende convertir este pulso legislativo en una demostración de poderío. Si consigue imponer la reforma, demostrará haber recuperado una parte del poder que tuvo durante el franquismo, y que nunca ha dejado de añorar.

Este es el verdadero significado de una reforma que Gallardón trata de disfrazar bajo el manto del convencimiento. Un convencimiento sobrevenido, en todo caso, que hace inevitable pensar en cuántas renuncias y cuántas concesiones tendrá aún que hacer el ministro para poder seguir vivo en la carrera del poder. Solo eso explica la contorsión ideológica que le ha llevado a decir que es su actitud progresista la que le impulsa y a presentar la reforma como una mejora para las mujeres. Quiere cambiar la ley, ha dicho, para defender a la libertad de las mujeres frente a una violencia estructural que las obliga a abortar. Pero, ¿qué libertad? ¿qué violencia?

El ministro ha hablado como si todas las mujeres que abortan fueran al quirófano forzadas por oscuras fuerzas asesinas. Y como si la ley del aborto obligara a nadie a abortar. Resulta por lo menos chocante que alguien que dice defender la libertad de las mujeres frente a no se sabe qué coacciones ambientales, lo haga precisamente impidiéndoles tomar una decisión basada en su libre albedrío. En realidad, la única libertad que Gallardón parece dispuesto a conceder a las mujeres es la de ser madre, no la de dejar de serlo en caso de embarazo no deseado.

Lo poco que ha trascendido del proyecto de reforma resulta altamente alarmante. No solo pretende eliminar el modelo de plazos que permite abortar libremente hasta las 14 semanas de gestación, sino retroceder más allá de lo previsto en la restrictiva ley de supuestos de 1985. De consumarse la contrarreforma de Gallardón, España volvería a una situación más cercana a la del franquismo que a la del resto de Europa. Sería un retroceso hacia el oscurantismo indigno de un país que se pretende avanzado. No es casualidad que la inmensa mayoría de los países con los que España se compara en tantas otras cosas tienen en vigor diferentes modalidades de ley de plazos como la que ahora está vigente. El resultado es previsible: solo un reducido número de mujeres cuya casuística entre en los limitados supuestos autorizados, podría abortar de forma legal. El resto, seguiría abortando, por supuesto, pero fuera de país o de la ley. Como en el franquismo. Volvería a ocurrir lo que ya hemos visto antes: que las mujeres de mejor posición, con mayor cultura, información y recursos, incluidas muchas católicas, irían a abortar al extranjero, y el resto abortarían igualmente, pero en condiciones de grave riesgo sanitario y penal. ¿Se imagina el ministro de Justicia encarcelando a mujeres por haber abortado en pleno siglo XXI?

Una de las razones por las que se reformó la ley de 1985 es la inseguridad jurídica que entrañaba. Aquella normativa era resultado de un compromiso entre los sectores progresistas y los conservadores, fuertemente condicionados por la Iglesia católica. Durante el largo periodo que estuvo en vigor, la mayor parte de las interrupciones de embarazo se realizaron bajo el supuesto de peligro para la salud psíquica de la madre, pero la forma en que estaba articulada la ley dejaba a las mujeres y a los profesionales que intervenían en el aborto al albur de que un compañero despechado o un ultra intransigente pudiera presentar denuncia por aborto ilegal. El proyecto parece que pretende incluso eliminar esta causa. En cualquier caso, volver al modelo de supuestos significa volver a tratar a la mujer como menor de edad y supeditar su decisión a la tutela y autorización de terceros, en este caso un médico que ni siquiera podrá elegir.
Si además de estas restricciones, se elimina como supuesto para abortar la malformación del feto, el retroceso no solo afectará a las mujeres sino a ese nasciturus que tanto se quiere proteger. ¿De qué van a servir en España los avances médicos que permiten un diagnóstico muy temprano de anomalías genéticas graves? Bajo la pretensión de proteger a las personas con minusvalía, se pretende impedir que una embarazada y su familia puedan decidir no seguir adelante con la gestación de un embrión aquejado de graves deficiencias. En el momento del diagnóstico, el embrión solo es un conjunto de células, pero de seguir adelante el embarazo, se convertirá en una vida truncada. Impedir el aborto en estos casos supone condenar a la familia y al embrión a desarrollar una vida sabiendo que será fuente de sufrimiento, en ocasiones insoportable, tanto para el que nace como para sus progenitores. ¿Qué concepto de caridad cristiana tiene la Iglesia en este caso? ¿Dónde está su piedad?  ¿Se ofrecerán los obispos para mantener, cuidar y aliviar el sufrimiento de esas personas aquejadas de graves deficiencias? ¿O será la familia y el propio nasciturus los que tendrán que arrostrar con las consecuencias de un dogma ajeno?

Si alguien, por razones morales tan respetables como las contrarias considera que ha de continuar el embarazo tras un diagnóstico de malformación fetal, puede hacerlo y asumir las consecuencias. Nadie le obligará a abortar. Pero la Iglesia no puede pretender, ni el Gobierno permitir, que la imposición de unas creencias muy particulares obligue y haga sufrir a quienes no las comparten. Impedir el aborto en caso de malformación fetal tiene poco que ver con la protección de las personas que ya tienen minusvalías, muchas de los cuales lo son por  accidente o por enfermedad sobrevenida.  Ellos sí que merecen y requieren toda la protección de la sociedad, una protección que, por cierto, no parece importar a quienes recortan sin misericordia los fondos de la ley de dependencia.

Por lo que ha trascendido, la revisión que proyecta el PP obedece a la imposición dogmática de una minoría que no solo supone un castigo para las mujeres, sino también para el nasciturus aquejado de graves deficiencias. Pero semejante involución es contraria al signo de los tiempos. Cuando se aprobó la ley de 1985 habían pasado solo diez años desde la muerte del dictador. La transición obligó a consensos que dieron a la cúpula de la Iglesia un poder de interlocución mayor del que le hubiera correspondido en una democracia con separación estricta entre Iglesia y Estado. Pero ahora han pasado ya casi cuarenta años. La sociedad es mucho más libre y la Iglesia mucho menos representativa del sentir general. Hará mal el PP en minusvalorar la capacidad de reacción de esta sociedad ahora acoquinada por la crisis. La batalla del aborto puede convertirse en la madre de todas las batallas pendientes. Y la Iglesia, aunque no se lo parezca, se juega también mucho más que una ley. Puede que tras el intento, la sociedad quiera ponerla definitivamente en su sitio.

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