30 abr 2012

Aragón suspende la prestación de Aborto Provocado

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MAS DE 800.000 EUROS DE DEUDA OBLIGAN A LAS CLÍNICAS DE ARAGÓN A SUSPENDER LA PRESTACIÓN PÚBLICA DE ABORTO

Tras un año y nueve meses de negociaciones con la Administración, el Servicio Aragonés de Salud no ha ofrecido una salida viable a los centros.

El Presupuesto de la Consejería de Sanidad Aragonesa no contempla partida presupuestaria alguna para sufragar la prestación sanitaria de Aborto Provocado en el ejercicio 2012.

Los problemas de impago a los centros han acompañado la entrada en vigor y el desarrollo de la Ley de SSR e IVE.  

 

Zaragoza, 30 de abril de 2012.  La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, ACAI, quiso informar el pasado miércoles, 25 de abril, a la Directora General de Cartera Básica de Servicios y Farmacia, Sagrario Pérez Castellanos, de la situación, entre otras, en la Comunidad Autónoma de Aragón. Sin embargo, la representante del Ministerio de Sanidad alegó que no “era el momento” de abordar la prestación sanitaria de Aborto, ya que, según sus palabras, estaba funcionando con normalidad.

 

Tras la aprobación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo y con el objetivo de atender la demanda de Aborto; los centros acreditados para la IVE han pasado a ser “de hecho” centros “públicos” a través de acuerdos o conciertos con las diversas administraciones. En estos momentos las deudas que diversos gobiernos autónomos tienen contraídas con las clínicas están asfixiando económicamente a los centros, abocándolos al cierre. Lo que supondría dejar sin el recurso de aborto a más de 100.000 mujeres en nuestro país. 

 

Esta situación se ha traducido en la Comunidad Aragonesa, en una deuda de más de 800.000 euros que a día de hoy la Consejería no solo no ha solventado, sino que tampoco ha presupuestado en sus partidas económicas para el ejercicio 2012. Los centros de Aragón han intentado, desde que se comenzó a aplicar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, que esta norma se aplicase con normalidad en el territorio. Manifestando de manera continuada su predisposición a encontrar una salida económica viable que no perjudique a las usuarias y que garantice a las mujeres su derecho a la prestación; sin que la Administración haya sido capaz en 1 año y 9 meses de articular un plan de pago que no perjudique a las más de 2000 mujeres que abortan anualmente en el territorio aragonés.

 

Por todo ello y con fecha de 15 de marzo, las clínicas Actur y Almozara, únicos centros que atienden la demanda de aborto en la comunidad desde hace 15 años, informaron a la Administración mediante documento formalizado en el Registro del Servicio Aragonés de Salud; de la suspensión parcial de los acuerdos contractuales con la Administración.

 

Vencido el plazo de 30 días para que la Administración resolviera, los centros retrasaron su decisión para procurar una salida negociada, y sobre todo para no perjudicar a las mujeres que confían en sus profesionales. Sin embargo, a día de hoy resulta insostenible para los centros mantener la gratuidad de la prestación, ya que se verían abocados a un cierre inevitable.

 

Así pues, y salvo que la Administración ofrezca una solución que los centros consideran posible y viable, las mujeres que interrumpan su gestación antes de la semana 14 por voluntad propia deberán abonar el precio de la prestación a partir del día 3 de mayo, toda vez que concluya el periodo preceptivo y obligatorio de reflexión que establece la Ley.

 

Los centros por su parte informarán a las mujeres de su derecho a la gratuidad de la prestación, facilitando a las mismas toda la documentación que pudieran precisar para reclamar el pago de la intervención a la Administración Aragonesa.

 

En un esfuerzo por atender las interrupciones más costosas y complejas para la mujer, los centros seguirán atendiendo con cargo al Servicio Aragonés de Salud, si esté lo acepta, todas las interrupciones que respondan al supuesto de patología fetal (art 15 de la LO 2/2010).

 

Es voluntad de la Asociación de Clínicas Acreditadas y de sus centros en Aragón, llegar a una solución negociada con la Administración de esta Comunidad Autónoma; con el objetivo de no agravar la difícil situación que atraviesan las mujeres que acuden a sus centros. En este sentido, ACAI recuerda a la Administración Aragonesa que la Ley obliga a todos y cada uno de los Gobiernos Autónomos a facilitar el servicio y a garantizar la calidad y la gratuidad de la prestación a todas las mujeres que lo soliciten dentro del territorio.

 

Nota: Para ampliar declaraciones pueden contactar con la Vocal de ACAI en Aragón, Mayte Andreu, en el teléfono: 607 28 02 53.

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