01 feb 2012

Acai considera que la reforma propuesta por el Titular de Justicia supone no solo tutelar de nuevo la decisión de las mujeres de 16 y 17 años, sino convertir en “menores” de edad a todas las mujeres españolas.

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Las omisiones de la Ministra evidencian que no considera el aborto como una práctica sanitaria y que por tanto no es competencia de su Ministerio.
Preguntada por los grupos de la oposición, la Titular de Sanidad ha desviado la responsabilidad de la reforma hacia el Ministerio de Justicia y ha aclarado que su ministerio tan solo abordará planes de apoyo a la mujer embarazada, dedicando especial atención a las menores en esta situación.

Madrid, 1 de febrero de 2012.
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la IVE (ACAI) considera que  la reforma propuesta por el Titular de Justicia supone no solo tutelar de nuevo la decisión de las mujeres de 16 y 17 años, sino convertir en “menores” de edad a todas las mujeres españolas.

Regresar a una ley de supuestos  implica no solo ningunear la decisión de la mujer sobre su gestación; sino también volver a instaurar la inseguridad jurídica para mujeres y profesionales. Inseguridad que abre de nuevo la puerta al aborto clandestino que pone en peligro la salud y la vida de las más de 100.000 mujeres que abortan ahora por derecho propio en España.

ACAI aventura que la legislación de supuestos propuesta por el Titular de Justicia será aún más regresiva que la normativa de 1985,  excluyendo  a nuestro país de la  legislación europea más progresista y propiciando una legislación que no refleja la realidad del aborto provocado, ni mucho menos la realidad de las mujeres españolas que enfrentan un embarazo no deseado. Lo que sin duda acerca a los populares a los grupos más radicalmente contrarios al aborto.

Tal y como establece la OMS en sus informes, cualquier restricción legal en el acceso al aborto pone en riesgo la vida de las mujeres, ya que está demostrado que una mujer que desea interrumpir su gestación lo hará en cualquier circunstancia, tanto si la legalidad vigente ampara su situación específica, como sino la alcanza.
Asimismo, los/as profesionales de los centros acreditados se preguntan qué hará el Gobierno con el resto de los aspectos reflejados en la Ley de SSR e IVE: ¿qué hará el Ejecutivo con la educación sexual prevista en la ley?, ¿avanzará en la universalización de los métodos anticonceptivos?, ¿suprimirá la libre dispensación de la píldora de emergencia?, ¿facilitará o bloqueará la formación de aquellos/as profesionales que quieran conocer la práctica sanitaria de aborto provocado?

ACAI pide al Titular de Justicia que abandone la medida ambigüedad en relación a la normativa de aborto, pero también en relación al resto de aspectos contemplados en la ley de SSR e IVE.
Por último, ACAI quiere volver a recordar que  las mujeres de 16 y 17 años que no pueden comunicar su decisión al tutor legal representan tan solo un 0’41% de las mujeres que abortan, sin embargo este colectivo de menores representan a un grupo altamente vulnerable. Mujeres que provienen de familias desestructuradas, en riesgo social, que sufren maltrato en el seno familiar o abusos, siendo en algunos casos el propio embarazo consecuencia de ese abuso. O bien menores inmigrantes que están solas en el país y que no pueden contactar con sus familias. Eliminar por tanto, la salida legal que actualmente ofrece la ley a esas mujeres es abocarlas a un posible aborto ilegal, donde evidentemente su salud se verá perjudicada.

Nota: Ampliación declaraciones. Santiago Barambio: 670246982. Francisca García: 618263414. Presidente y Vicepresidenta de ACAI.

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