Tras conocerse el informe que los fiscales empezarán a debatir hoy en relación a la Ley de Aborto

ACAI considera que el Consejo Fiscal cumple con el mandato del Gobierno, avalando con su informe el anteproyecto.

El voto particular de los fiscales progresistas no conseguirá impedir el rodillo sobre los derechos de la mujer, ya que el informe viene a legitimar el principal objetivo de los populares que “desaparezca todo vestigio de aborto libre a petición de la mujer”, tal y como reconoce el texto de los fiscales.

Madrid, 2 de junio de 2014. Para la Asociación de Clínicas Acreditadas para la IVE, ACAI, el Consejo Fiscal ha sabido cumplir con las expectativas del Gobierno al avalar un informe que niega el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo por voluntad propia. El Gobierno ha conseguido de esta forma el respaldo de un órgano cuyos integrantes han de seguir las premisas de su Presidente, el Fiscal General del Estado, nombrado por el Ejecutivo.
En este sentido, y para revestir de legitimidad la “ideología conservadora” de su argumentario, los fiscales no dudan en faltar a la verdad argumentando que las leyes de supuestos son mayoritarias en el contexto europeo, cuando la realidad es bien distinta; ya que la mayor parte de los países de nuestro entorno tienen leyes de plazos similares a la española, como es el caso de Alemania, Francia, Holanda e Italia.

Asimismo, y en la línea marcada por el Ejecutivo, el informe del Consejo Fiscal ahonda en el estigma contra los/as profesionales que realizan las interrupciones del embarazo en nuestro país. El Consejo Fiscal solicita que los informes preceptivos sean realizados exclusivamente en instancias sanitarias públicas, sosteniendo una velada acusación de parcialidad y falta de rigor profesional contra un colectivo que ha facilitado el acceso a esta prestación sanitaria a miles de mujeres en nuestro país durante más de 30 años.
Para los/as profesionales de ACAI el objetivo del Gobierno emula la tendencia norteamericana, país en el que sistemáticamente se desacredita y estigmatiza al colectivo médico que realiza abortos. De este modo, las dificultades que sufren estos/as profesionales para realizar su trabajo, unido al estigma que se deja caer sobre ellos/as, hará que cada vez sean menos los/as médicos/as y personal sanitario dispuestos/as a realizar esta práctica sanitaria.
Por todo ello, ACAI pide a la sociedad civil y a las miles de mujeres que confían en estos/as profesionales, el apoyo y respaldo a su labor. Impedir el ejercicio de su profesión a este colectivo es impedir el acceso al aborto provocado a más de cien mil mujeres en España.

No debemos olvidar que la estrategia de los populares no solo pasa por aprobar una de las leyes más restrictivas del contexto europeo, una ley que poco o nada tiene que ver con la ley de 1985, sino que además se busca establecer un periplo médico, vital y administrativo que disuada a la mujer, un camino orientado a dilatar el proceso, a impedirlo. Atacar a los /as profesionales que realizan los abortos, impedirles ejercer su profesión, redunda en esta idea.

Pese a que el Ejecutivo busca el amparo de los órganos afines, el Consejo Fiscal se ha visto obligado ante la fuerte controversia social y política suscitada, a pedir al Gobierno que reflexione sobre el aborto por patología fetal, y a solicitar que el anteproyecto no obligue a las menores a someter su decisión a un proceso judicial. Todo ello, nos permite entrever que el aval de los fiscales es un respaldo forzado y dictado por el Ministerio de Justicia en contra de la legislación europea mayoritaria y en contra del aval internacional generalizado a las leyes de plazos.

Por último, ACAI quiere recordar a los fiscales la obligación de respaldar con sus reflexiones la realidad de los y las ciudadanos/as españoles/as. Por lo que piden al Consejo Fiscal que no sea cómplice de una legislación que impedirá a más de 100.000 mujeres abortar en nuestro país, abocándolas al éxodo abortivo o a la clandestinidad.