La Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) ha celebrado la retirada del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada pero pide al Gobierno que sea «coherente» y retire también el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra la actual ley.

La presidenta de esta entidad, Francisca García, ha explicado a Europa Press que se trata de una «buena noticia» ya que el proyecto elaborado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, iba a propiciar que la mayoría de mujeres que quisieran abortar viajaran al extranjero o lo hicieran en la clandestinidad.

Y ahora, según ha defendido, más del 90 por ciento de los abortos se sigan realizando en España «bajo la decisión de la mujer» y «en condiciones sanitarias seguras».

Además, permitirá desarrollar los aspectos preventivos que incorpora la actual normativa que, a su juicio, ha permitido reducir los abortos en España desde su entrada en vigor.

De hecho, ha criticado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haya avanzado que se vaya a reformar la actual normativa para asegurar que las menores de 16 y 17 años necesitan del consentimiento paterno para interrumpir su embarazo, ya que seguirá propiciando que haya mujeres que recurran a estos canales no seguros.

«Lo consideramos lamentable y no ajustado a la realidad, porque solo un 13 por ciento de estas menores abortan sin el consentimiento de sus padres y en todos los casos estaba justificado, ya que son realidades muy duras», ha reconocido la presidenta de ACAI.

Además, García cree que el Gobierno debe «ser coherente con esta decisión» y retirar también el recurso de inconstitucionalidad contra la actual normativa para que estas clínicas puedan «seguir trabajando con tranquilidad y no pensando en que dentro de poco se puede poner de nuevo en marcha».

De hecho, lamenta que la retirada obedezca a «motivos políticos y electorales» y «en ningún momento se haya reflexionado sobre las mujeres o sobre la necesidad de la norma».

«La ley estaba pensada para ganar votos, y si hubieran querido buscar consenso la hubieran elaborado de otra manera, no con una ley tan escorada a los sectores de la derecha del PP«, ha avisado García, que además considera que Gallardón «ha quedado desautorizado» con esta decisión y debería dejar el Ministerio.