13 feb 2017

Aborto, ¿en la sanidad pública?

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Lunes, 13 de febrero de 2017

http://www.infolibre.es/noticias/opinion/2017/02/12/aborto_sanidad_publica_60837_1023.html

Aborto, ¿en la sanidad pública?

Francisca García

Publicada 13/02/2017 a las 06:00
Actualizada 12/02/2017 a las 16:50
Sin entrar a valorar la recurrente tendencia de “matar al mensajero”, en este caso a los y las profesionales que realizan abortos en nuestro país desde hace más de 30 años; me gustaría aportar algunas razones por las que la Prestación Sanitaria de Aborto no se realiza de manera generalizada en la Sanidad Pública, y por qué el instrumento a través del cual se está haciendo una incorporación progresiva al sistema público en algunas comunidades autónomas, no es otro que la expansión del método farmacológico en detrimento del instrumental. Cuando ambas técnicas son necesarias y su convivencia imprescindible para ofrecer un aborto de calidad y salvaguardar la intimidad de la mujer.
En primer lugar, tendríamos que advertir que una de las razones que históricamente se ha señalado como causa principal: la objeción de conciencia, no es sino una razón trampa ya que la reserva moral o ética es una circunstancia minoritaria que viene a esconder el verdadero motivo por el que los/as profesionales de la Sanidad Pública no han asumido el ejercicio de esta prestación y que no es otro que el estigma, la pérdida de prestigio profesional que pesa sobre los/as que realizan abortos.

Poco a poco en ese estigma “público” se han ido abriendo algunas fisuras de la mano del aborto farmacológico ¿por qué? Porque esta técnica, segura y válida, apenas supone implicación del médico/a en el proceso, sino que es la mujer, casi por sí misma, la que realiza su propio aborto, mientras que el/la profesional se limita a observar, supervisar, interviniendo tan solo si se producen complicaciones.

Y es que la falta de formación es otra de las razones de la no asimilación del recurso por parte de la Sanidad Pública. Hoy por hoy, el aborto provocado que nada tiene que ver con un aborto espontáneo, no está incluido como materia curricular en las carreras de Medicina, Enfermería…y tampoco se aprende durante la especialización. Lo que nos lleva a pensar, ¿está la Sanidad Pública preparada y sobre todo dispuesta a crear unidades específicas especializadas con profesionales motivados y formados en todas las técnicas de IVE? ¿Puede por otra parte el Sistema Público asegurar la confidencialidad, intimidad y acompañamiento durante el proceso a la mujer?

Los organismos sanitarios internacionales señalan la necesidad de que los/as profesionales que realizan los abortos conozcan todas las técnicas de IVE, no solo para que la mujer pueda elegir que método se adapta mejor a sus circunstancias sanitarias (no todos los casos se pueden resolver mediante la técnica farmacológica) y a su situación personal; sino para garantizar la seguridad de la intervención. Ofrecer, como solución, tan solo el método farmacológico resta seguridad al proceso y ningunea el derecho de la mujer a decidir de acuerdo con sus características médicas y sus circunstancias familiares, algo que ya sucede en países de nuestro entorno como Portugal y Francia, donde la mujer prácticamente no puede optar por el método instrumental. Una técnica que es elegida y preferida por más del 75% de las mujeres cuando se facilita información clara e imparcial sobre ambos métodos.

ACAI manifiesta su respeto ante el deseo de algunos colectivos médicos, políticos y sociales por asimilar en el ámbito de la Sanidad Pública la prestación sanitaria de Aborto Provocado. Dicho lo cual, nos gustaría decir que dicha asimilación no puede suponer en modo alguno una pérdida de seguridad, intimidad y confidencialidad para la mujer. Es decir, no puede ser un paso atrás. Por eso, a la hora de evaluar si la incorporación del aborto provocado a la cartera de servicios directos de la sanidad pública se está produciendo correctamente; no deberíamos centrarnos en el desarrollo o no de la técnica farmacológica que tanto beneficia en su expansión a la industria farmacéutica, si no en responder a preguntas tales como: ¿hay voluntad de crear unidades especializadas en aborto provocado? ¿se formarán a los profesionales en todas las técnicas de IVE? ¿se ofrecerá a las mujeres todos los métodos?, ¿decidirá la mujer de acuerdo a sus circunstancias personales y sanitarias la técnica?, ¿se preservará la intimidad de las mujeres? ¿se mantendrá el necesario acompañamiento? Si estas preguntas no han sido ni siquiera formuladas por las Administraciones Públicas en su proceso de asunción del aborto provocado ni están planteadas en las exigencias de los colectivos que piden esta asimilación, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que la mujer enfrentará de nuevo la IVE como un proceso estigmatizador, carente de intimidad y que, a diferencia de otras prestaciones sanitarias, ésta no reunirá los indicadores de calidad que las mujeres merecen.
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Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, ACAI.

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