A día de hoy, y aunque la decisión aún no ha sido tomada por quien puede tomarla —el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy—, todas las señales y todas las fuentes del Ejecutivo consultadas apuntan a que Ruiz-Gallardón, si alguna vez tuvo intención de llevar esa segunda opción hasta el final, ha renunciado a hacerlo. La ley del aborto que prepara el ministro de Justicia y a la que él pondrá nombre en los libros de historia sería, así, la más restrictiva de la democracia.

«La última palabra no está dicha», insisten fuentes del ministerio. Pero el entorno de Gallardón, que hasta hace apenas tres semanas seguía defendiendo en privado la posibilidad de aprobar una ley que, aun volviendo al sistema de supuestos y endureciendo las condiciones, respetase en última instancia la decisión de la mujer —porque se reconocerían derechos al feto pero primarían los de la madre—, ya no lo hace.

Ese as en la manga que lo cambiaba todo, el de dejar en manos de la mujer la decisión final, no se menciona ya en las conversaciones. Mientras, el ministro ha retomado sus declaraciones públicas anunciando una ley muy dura. Y todo ese aparente cambio de rumbo ha coincidido, además, con la reunión de Rajoy con el Papa y las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, metiendo prisa al Gobierno con la ley del aborto. Fuentes de Justicia aseguran, sin embargo, que esos dos hechos no han influido en nada; también sostienen que la ley será fruto de una decisión «colegiada» y que el ministro nunca ha ido por libre ni ha llegado a defender «una opción por encima de la otra».

Si se confirma que la línea más dura se ha impuesto, la nueva ley del aborto supondrá una vuelta a 1985 o más atrás. Se tratará de un sistema acotado de supuestos (es decir, abortar es delito salvo en los supuestos que se fijan), como el de la ley que aprobó el Gobierno de Felipe González, pero con menos supuestos, ya que Gallardón ha adelantado que eliminaría el de malformación fetal. Además, hay un asunto clave que podría ser modificado: qué médico o médicos asumen la responsabilidad de autorizar el aborto.

Con la ley de 1985 —en los casos de riesgo para la madre o malformación fetal, que requerían la firma del médico— , ese papel lo ejercían generalmente los propios profesionales de la clínica en la que luego se realizaba el aborto: casi siempre el psiquiatra del centro, porque el daño psicológico era el supuesto alegado en la gran mayoría de los casos. También ocurre así con la ley actual, que declara el aborto como un derecho hasta la semana 14 (la mujer no tiene que alegar motivos en ese plazo) pero que después también requiere el informe médico para acreditar posibles daños a la madre o al feto: esa acreditación la firman, de nuevo, los profesionales de las clínicas (porque el 97% de las interrupciones del embarazo se realizan en centros privados). La reforma del PP podría traspasar esa potestad a médicos especialistas de la red pública, quitándoselo a las clínicas. Eso es, al menos, lo que propusieron los populares en sus enmiendas a la ley de plazos de 2010.

La Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), que agrupa a cerca de la mitad de las existentes, augura que esa fórmula estrecharía mucho las posibilidades de abortar. «Si se deja en manos de las comunidades autónomas la creación de comités médicos en los hospitales para autorizar todos los abortos, la elección de esos profesionales podría estar marcada por criterios políticos», señala Francisca García, vicepresidenta de ACAI, que hace hincapié en que la mayoría de las comunidades están gobernadas por el PP. La asociación no cree que la situación actual, en la que es un médico de la clínica, la mayoría de las veces, el que autoriza el aborto (aunque este es practicado por otro médico), peque de lo contrario: que los médicos sean más permisivos. «En las clínicas no solo se practican abortos, también se llevan embarazos y partos, centros de salud sexual y reproductiva… Nuestro interés no es que las mujeres aborten», argumentan desde ACAI.

En todo caso, esa puede ser una de las claves de la nueva ley: hasta qué punto quedará la mujer en manos de un médico u otro, porque el aborto como derecho en las primeras 14 semanas —que es cuando se produce más del 90% de los abortos, con esta ley y con la anterior—, se suprimirá y el médico volverá a jugar ese papel fundamental. La otra cuestión clave es la más que probable eliminación del supuesto de malformación fetal. Representa un porcentaje ínfimo de las interrupciones voluntarias del embarazo (un 3%, unos 3.500 abortos al año), pero suelen ser casos especialmente dolorosos para las mujeres. Gallardón considera que es necesario eliminar ese supuesto porque genera «discriminación».

«No entiendo que se desproteja al concebido, permitiendo el aborto, por el hecho de que tenga algún tipo de minusvalía o de malformación. Es éticamente inconcebible», dijo el pasado verano. Este periódico publicó entonces una encuesta según la cual el 80% de los ciudadanos (y el 65% de votantes del PP) eran contrarios a suprimir ese supuesto. En toda Europa, solo Malta e Irlanda prohíben el aborto por malformación fetal. Gallardón nunca ha llegado a aclarar a qué grado de «minusvalías» o «malformaciones» se refiere: si a todas o solo a algunas; ni quién y con qué criterio asumiría hacer esa distinción en cada caso.

España, con 118.359 abortos en el año 2011, tiene una tasa de 12,4 por cada 1.000 mujeres fértiles (similar o menor a la de países de su entorno). La ley de plazos que rige desde 2010 es equivalente a la de la mayoría de los países europeos. Según una encuesta de Metroscopia, en España sigue siendo la opción más apoyada (véase gráfico en esta página). El ministro Ruiz-Gallardón la sustituirá por otra que, previsiblemente, devolverá la cuestión, de una sola zancada, a los años ochenta.